En la sesión ordinaria de este jueves en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas, el concejal Fernando Zarza presentó un proyecto de ordenanza para convocar a una audiencia pública con el objetivo de abordar la situación actual del suministro de agua potable en la ciudad.

Durante su exposición en el recinto, el edil del partido Por la Vida y los Valores (PVV) fundamentó la iniciativa al señalar que se trata de una problemática vigente y cuestionada por los usuarios, y consideró que el contexto amerita generar un espacio institucional de debate.

“Me parece que haciendo uso de lo que establece la Carta Orgánica de Posadas, el llamado a audiencia pública para tratar este tema, la empresa debe dar la cara ante los vecinos. Es una oportunidad para que los vecinos pregunten y cuestionen todas estas problemáticas que están sucediendo”, argumentó Zarza ante sus pares.

El concejal también apuntó contra los costos del servicio y la falta de información clara sobre la facturación. “La empresa tiene que explicar cuál es el cuadro tarifario, los precios siderales del metro cúbico del agua en la ciudad”, sostuvo.

Para graficar la situación, Zarza utilizó una boleta de Corrientes para comparar los valores del servicio de agua potable con la capital misionera.

“Una ciudad con las mismas características que Posadas, teniendo un río a escasos metros, teniendo en cuenta que estamos sobre una de las cuencas y los recursos más grandes de agua dulce del mundo, el precio por metro cúbico en la ciudad de Corrientes cuesta 723 pesos”, expuso el edil posadeño.

Y apuntó: “En Posadas, haciendo un cálculo, porque en realidad no sabemos, sería bueno que la empresa lo explique en algún momento, dividiendo una tarifa plana de 15 metros cúbicos, con un precio de 43.524 en bruto, nos da 2.900 pesos por metro cúbico, o sea que estamos hablando de un 400% más que la ciudad de Corrientes”.

Asimismo, Zarza remarcó la importancia de habilitar canales de participación ciudadana: “El proyecto tiene como objetivo generar un espacio institucional de diálogo abierto y participativo frente a una problemática que afecta de manera directa la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Posadas”.

En ese sentido, agregó: “La audiencia pública permite transparentar la información, promover el control ciudadano y avanzar en soluciones concretas mediante el compromiso conjunto de autoridades, prestadores y la comunidad en su conjunto. Es por eso que resulta necesario promover mecanismos de participación ciudadana que permitan a los usuarios expresar sus inquietudes, aportes y propuestas en relación al servicio”.

Cabe mencionar que recientemente la Justicia hizo lugar a la medida cautelar impulsada contra Samsa por unos 15 vecinos del barrio Itaembé Guazú, y ordenó a la empresa habilitar el pago mínimo para los usuarios, así como abstenerse de efectuar cortes en el suministro de agua. La presentación contó con el patrocinio del abogado Horacio Enrique Koncke y las gestiones del concejal Fernando Zarza.

El proyecto

El proyecto de ordenanza impulsado por el concejal establece, en su artículo 1°, la convocatoria a una audiencia pública para tratar la situación actual del servicio de agua potable en Posadas.

Entre sus objetivos, detalla que la instancia permitirá recibir informes de la empresa Samsa, escuchar a vecinos y organizaciones sociales, y recopilar propuestas para mejorar la prestación.

Además, incluye como ejes de discusión los ítems de facturación, los beneficios de instalar válvulas detectoras de aire, la extensión de la red de agua y el tratamiento de aguas servidas en la ciudad.

La iniciativa también prevé la participación de representantes del Poder Ejecutivo, del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac), la Defensoría del Pueblo, organizaciones vecinales y el público en general.

Por último, se establece que la fecha, hora y lugar de la audiencia serán definidos por la autoridad de aplicación, garantizando su difusión y accesibilidad, y que habrá un registro previo de participantes abierto hasta 48 horas antes de su realización.

La Justicia suspende cortes de agua y autoriza el cobro de pagos mínimos

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La concejal del Falcon verde de Montecarlo, Patricia Buckmayer, de La Libertad Avanza (LLA) Misiones, estrenó en la tierra colorada la sigla instalada por el presidente Javier Milei en la guerra declarada por la Casa Rosada al periodismo argentino.

“NOLSAP”, que en la jerga libertaria significa “No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas”, posteó Buckmayer en un comentario que hizo en Instagram del informe de Caíco Periodismo, sobre el inmueble que la diputada y vicepresidenta de LLA Misiones, Samantha Stekler, alquila al gobierno provincial.

“NOLSALP. Cómo están operando chamigooooo!!! Sigan así muchachos que con sobrecito abultado cualquiera labura. Mas de dos décadas que no laburaban tanto che!!!”, lanzó Buckmayer.

Acto seguido, se cruzó con el periodista Sergio Alvez, responsable del sitio de noticias, que le recriminó por su apología del terrorismo de Estado, que hizo en julio del año pasado, en un posteo en su cuenta de Facebook sobre un ficticio nuevo Ford Falcon verde generado con IA “con un baúl mejorado apto para acarrear zurditos llorando”, que le valió el repudio generalizado en Montecarlo, un sumario en el CGE y varias denuncias en la Justicia Federal de Posadas.

“Apareció la dama del Falcon verde. ¿Seguís defendiendo torturadores y ladrones de bebés, vos?”, le espetó Alvez y la mandó a la escuela: “Andá a estudiar, así aprendés a respetar la memoria del pueblo argentino, sinvergüenza”, disparó el periodista.

“@Ser.Alvez LA MEMORIA COMPLETA REINA!!!”, cargó Buckmayer, y en un comentario siguiente volvió con la sigla favorita del presidente: “@Ser.Alvez NOLSALP”.

El periodista volvió a responderle y escribió: “@patriciabuckmayer a los genocidas tenés que odiar, negacionista infame”.

Alquileres

El enojo de la docente y concejal de LLA de Montecarlo vino a cuento de una publicación de Caíco Periodismo, donde revela que la diputada Stekler alquila al gobierno de Misiones el inmueble donde funciona el Programa de Asistencia Solidaria (PAS), sobre la calle Rivadavia, en Posadas.

“La diputada Bárbara Samantha Stekler es vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA) en Misiones y dice que viene a pasar la ‘motosierra’, pero junto con su pareja, Martín Ayala, le facturan alquileres al Estado Provincial”, cuenta la publicación.

“En sus propiedades, funcionan el Programa de Asistencia Solidaria (PAS) dependiente de Vicegobernación y la Dirección de Seguridad Acuática, del Ministerio de Gobierno”, apunta y señala: “Facturan con el Estado pero predican lo contrario”.

“DOBLE MORAL Y SILENCIO LIBERTARIO”, subtitula el informe y comenta: “Le preguntamos a la diputada sobre estos contratos y pese a que pregona la transparencia, no nos dio ninguna respuesta”. “Por su parte, el abogado (Ayala) nos respondió que ‘no recuerda’ quién figura como Locador/a en los contratos de sus alquileres”.

“PEDIMOS INFORMACIÓN PÚBLICA”, vuelve a subtitular el sitio y señala: “Este miércoles 8 de abril, desde Caíco presentamos pedidos de información a la Vicegobernación y al Ministerio de Gobierno. Queremos ver los contratos, los montos y los expedientes que no aparecen en los boletines oficiales”.

 

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Tras 11 horas de sesión, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma de la Ley de Glaciares, que le otorga a los gobernadores atribuciones para definir cuáles son las zonas periglaciares y dónde permitir explotaciones mineras.

La nueva normativa obtuvo tres abstenciones, 111 votos negativos y 137 a favor, incluyendo los de todos los diputados misioneros: Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); Emmanuel Bianchetti, del PRO; y los legisladores del Frente Renovador Neo, Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa.

Uno de los aspectos centrales de la ley sancionada por el Congreso de la Nación es que se modifican los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial.

Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.

La ley

La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y dispuso la creación del Inventario Nacional de Glaciares, con la responsabilidad de identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares.

Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, y el inventario identifica glaciares en unos 8400 kilómetros.

Una de las críticas al inventario de los gobernadores es que está desactualizado, mientras que sus defensores dicen que atravesó muchos problemas económicos por falta de financiamiento.

Otro punto clave es que se busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.

Con los votos de Hartfield, Gruber y Bianchetti, Diputados blindó a Adorni

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