En el largo listado de personas que fueron beneficiarias de un crédito hipotecario otorgado por la Banco Nación desde la asunción del presidente Javier Milei aparece una persona vinculada a Misiones: el juez federal Miguel Ángel Guerrero.

Si bien no es misionero, Guerrero es titular del Juzgado Federal de Eldorado, cargo al que llegó en 2015 para una administrar una dependencia que maneja causas de alto impacto y que hasta hace poco también tenía jurisdicción sobre la Triple Frontera, que luego fue absorbida por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú.

El magistrado aparece en el listado desarrollado por el programador y periodista Andrés Snitcofsky, confeccionado en base a datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y de esa información se desprende que Guerrero obtuvo un crédito hipotecario del Banco Nación por un monto de 199.214.000 de pesos.

Según esos mismos datos, el otorgamiento se dio en enero de 2025, un mes antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmara una sanción en su contra por faltas disciplinarias como maltrato laboral hacia trabajadores de la dependencia que dirige en Eldorado.

La sanción consistió en una quita del 30% de sus haberes por única vez.

Los datos respecto al juez Guerrero volcados en el listado Cuánto Deben.

Créditos bajo la lupa

Los créditos del Banco Nación quedaron bajo la lupa la semana pasada, a partir de la difusión del listado confeccionado por Snitcofsky, donde se observa que la mayoría de los beneficiarios se tratan de funcionarios del gobierno nacional o legisladores que integran La Libertad Avanza (LLA).

Los montos otorgados son variados, pero van desde los $510 millones, como el caso de Juan Pedro Inchauspe, director del BCRA, hasta los $113 millones que recibió Juan Pablo Carreira, más conocido como Juan Doe, un tuitero mileista que ahora es responsable de estrategia de comunicación digital en el ámbito del Estado.

Tras conocerse toda esta situación, el diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo y al Banco Nación para que expliquen las condiciones de otorgamiento, posibles conflictos de interés y si hubo irregularidades.

La sospecha principal es que se hayan otorgado en condiciones preferenciales o con facilidades irregulares como, por ejemplo, excepciones a las normas de riesgo crediticio, límites más altos para “personas políticamente expuestas” o aprobaciones pese a dictámenes técnicos desfavorables, en un contexto de restricción crediticia general para la mayoría de los argentinos.

Sancionaron al juez federal de Eldorado por acoso y maltrato laboral

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El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, salió al cruce de las publicaciones de medios nacionales que presentan la decisión de la Casa Rosada de auxiliar financieramente a 12 provincias, entre las que se encuentra Misiones, como un resarcimiento por el apoyo a las iniciativas legislativas del gobierno en el Congreso.

Safrán descargó la posición del Ejecutivo Provincial en una publicación en su cuenta de X, titulada “Defensa de los recursos misioneros en un contexto económico complejo”, donde señala que la provincia acepta los fondos anunciados por la Casa Rosada a cuenta de las deudas que Nación tiene con Misiones.

“A propósito de lo que ha salido publicado en algunos medios nacionales acerca del adelanto financiero que recibiremos algunas provincias, me permito explicar”, escribe el ministro de Hugo Passalacqua.

“Ante la caída de la coparticipación y la recaudación provincial —que representan una pérdida de $40.000 millones mensuales debido a la fuerte disminución de la actividad económica en el país— #Misiones ha tomado una decisión estratégica”, contextualiza Safrán.

“Aceptamos un adelanto financiero del Estado Nacional equivalente a un cuarto de lo que nos ofrecieron, pero con una premisa clara: estos fondos son, en realidad, un pago a cuenta de las deudas históricas que la Nación mantiene con nuestra provincia”, apunta.

“¿Qué nos debe Nación?”, pregunta Safrán y puntualiza: “Compromisos de Consenso Fiscal”, “Financiamiento de ANSES para la caja previsional”, y “Regalías de energía y programas de obras nacionales”.

“Este adelanto -sostiene- se cancelará en el corto plazo dentro de este año, funcionando como un puente financiero mientras seguimos gestionando y exigiendo que se destraben los fondos que legítimamente les corresponden a todos los misioneros”.

Una ganga

Además de la tierra colorada, el anticipo financiero incluye a las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Se trata de un total de $400.000 millones, distribuidos de acuerdo a la situación financiera de cada provincia y sujeto al porcentaje de coparticipación que recibe cada.

En rigor, equivale a una suerte de “préstamo”, ya que desde el equipo que trabajó en el decreto – el jefe de Gabinete Manuel Adorni, los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Diego Santilli, y el mismo presidente Javier Milei-,  se argumenta que la medida evita que las provincias “salgan al mercado para afrontar sus desafíos y corran el riesgo de endeudarse con intereses del 30% y 45% aproximadamente”, según publica el portal LPO.

“El Ejecutivo le ofrece esta posibilidad a las provincias cobrándole un 15% de interés, muy por abajo de lo que significaría endeudarse en el mercado”, señala la noticia.

Defensa de los recursos misioneros en un contexto económico complejo

A propósito de lo que ha salido publicado en algunos medios nacionales acerca del adelanto financiero que recibiremos algunas provincias, me permito explicar:

Ante la caída de la coparticipación y la… pic.twitter.com/q0YJFuTTVy

— Adolfo Safrán (@adolfosafran) April 2, 2026

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El gobernador Hugo Passalacqua recibió este miércoles a productores yerbateros que avanzan en una estrategia judicial clave: una presentación en el fuero federal para declarar la inconstitucionalidad de las modificaciones que afectaron al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). La provincia anticipó su acompañamiento institucional, en una jugada con peso político y jurídico en el actual escenario nacional.

El eje de la medida no es menor. Según confirmó el abogado que lleva adelante la causa, Federico Paldosky, serán los propios productores -a través de asociaciones- quienes impulsarán la acción judicial, mientras que el Estado provincial evalúa sumarse como respaldo. “Los actores de las acciones judiciales son los productores a través de organizaciones. Nosotros al gobierno de la provincia le hemos pedido el apoyo institucional”, explicó.

En ese marco, una de las figuras posibles es la de “amicus curiae”, que permitiría a la provincia intervenir aportando argumentos técnicos y jurídicos sin ser parte directa del litigio. “Hay distintas formas de participar apoyando la acción y también haciendo una tarea pedagógica sobre la situación”, señaló.

Antecedente provincial

El propio Passalacqua, el 29 de diciembre de 2023, instruyó a la Fiscalía de Estado a presentar ante el Juzgado Federal de Posadas una medida cautelar en defensa de las funciones históricas del Inym, que se vieron afectadas tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023. Ese antecedente marca la línea de acción que hoy la provincia vuelve a profundizar, ahora acompañando directamente la estrategia impulsada por los productores.

Una estrategia judicial en dos frentes

La presentación incluirá una acción principal y una medida cautelar. “Es una acción y un incidente, una medida cautelar”, detalló Paldosky, quien confirmó que la presentación se concretará en el fuero federal por tratarse de una impugnación contra decisiones del Poder Ejecutivo nacional.

“Es competencia federal ya que lo que se impugna es un acto del Poder Ejecutivo nacional”, precisó.

En ese sentido, aclaró un punto clave del debate público: la diferencia entre el DNU y su reglamentación. “El DNU cambia de facto la ley original del Inym sin pasar por el Congreso. Y otra cosa es el decreto reglamentario, que es una facultad del Poder Ejecutivo”, explicó.

El corazón de la demanda: inconstitucionalidad

La estrategia judicial tomará la forma de una acción declarativa de inconstitucionalidad. “Recogemos el guante que planteó la Justicia y presentamos una acción declarativa de inconstitucionalidad”, afirmó el abogado.

La presentación no será menor en términos técnicos: contará con 128 páginas de desarrollo jurídico, a las que se suma una cautelar de más de 60 páginas, además de un amplio cuerpo probatorio. “Hay muchísimas pruebas: informes, pericias, documentación institucional, el plan estratégico yerbatero”, indicó.

Tres ejes para cuestionar el DNU 70/23

El planteo se apoya en tres grandes bloques:

Falta de motivación: “El DNU, en lo que respecta al capítulo yerbatero, no tiene fundamentos concretos”.
Desviación de poder: “Se utilizó una facultad constitucional para beneficiar intereses particulares y no el interés general”.
Cambio en la naturaleza del INYM: “El DNU transforma al instituto en un apéndice de la gran industria”.

Según explicó el letrado, esto ya tiene efectos concretos: “Hoy ni siquiera es posible fijar precios de referencia, y eso se fundamenta en el DNU y su reglamentación”.

Alcance y respaldo

La presentación se enfocará exclusivamente en el capítulo yerbatero del decreto. “No tenemos legitimación para cuestionar todo el DNU, solo los artículos vinculados a la actividad yerbatera”, aclaró.

Del encuentro también participaron el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; Gustavo Hein, presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (Fedecoop) e integrante de la conducción de Coninagro.  Además, la medida contará con el acompañamiento de organizaciones del sector productivo a nivel nacional, como la Confederación General de la Producción (CGP) de la República Argentina, la misma que su presidente, Gastón Borsini, en una reunión días atrás, le entregó al gobernador bonaerense Axel Kicillof un documento sobre la situación del sector yerbatero a partir de la desregulación .

En este escenario, la judicialización del conflicto -ahora con el acompañamiento de la provincia- se posiciona como una estrategia central para restituir herramientas regulatorias que garanticen condiciones más equitativas en una de las principales economías regionales del país.

En un contexto nacional donde la intervención del Estado es fuertemente cuestionada, el reclamo yerbatero trasciende lo sectorial y escala al plano institucional. La disputa por el precio de la hoja verde y por el rol del Estado en la regulación de la actividad ingresa así de lleno en el terreno judicial, marcando un punto de inflexión en el conflicto.

• Foto de portada gentileza Economis

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