Una mujer denunció que su hija de 8 años esta siendo “revictimizada” en el marco de un proceso de revinculación con su padre, en una causa se que tramita en el Juzgado de Familia Dos de Posadas, a cargo del magistrado Roberto Andersson Frank.

“Estoy siendo la voz de mi hija, que está siendo sometida a audiencias y peritajes por el Cuerpo Médico Forense a pedido del juez”, expresó Elisa Kneeteman en diálogo con La Voz de Misiones y detalló que, en lo que va del año, la niña fue citada en tres oportunidades por el equipo interdisciplinario, donde manifestó que “no quiere ver a su papá”.

La mamá indicó que la situación se remonta a cuando la niña tenía 5 años. “Después de tener una relación súper linda y de amar a su papá, empezó a tener ataques de pánico, a no querer ir, no querer quedarse con él en su casa”, narró y agregó que, desde entonces, la menor sostiene la negativa a mantener contacto con su progenitor.

Kneeteman explicó a LVM que, ante ese cambio de conducta de la niña, intentó iniciar un tratamiento psicológico, pero el padre “se negó y yo quería saber qué había pasado”.

Debido a ello, la mujer solicitó autorización del juzgado interviniente para iniciar terapia, lo que fue aprobado por el magistrado Andersson Frank. Sin embargo, en diciembre de 2025 ese acompañamiento se interrumpió porque “el juez me puso una cautelar y se cortó ese soporte psicológico”, expuso.

Además, la denunciante sostuvo que no mantiene contacto con el padre de su hija porque “tiene una orden de restricción de acercamiento hacía mi por violencia, en dos ocasiones tuvo restricción, no tengo contacto con él, para nada”.

En relación al régimen que tenían con el progenitor, previo a la situación que atraviesa la menor, la mamá señaló que incluía encuentros semanales y fines de semana alternados. “Eso lo propuse yo, el padre lo cumplía a duras penas, también eso está en la Justicia, el padre tampoco demostraba mucho interés cuando podía verla a su hija, pero mi hija lo amaba, la idea es que tenga una relación súper linda“, cuestionó.

Sobre las intervenciones judiciales, la madre detalló que la niña fue convocada en varias oportunidades. “Cada vez que la llaman del cuerpo médico forense ella entra en una situación de llanto y que no quiere ir más“, afirmó. Y agregó: “Ella les ha dicho que no quiere ir más, que no quiere verlo al padre”.

Según su relato, las citaciones continúan. “La van a seguir llamando todos los meses hasta que ella diga que lo quiere ver”, lamentó la madre.

Kneeteman también describió el impacto que, según su percepción, generan estas instancias judiciales en la niña. “Ha ido en dos meses a tres audiencias, con 8 añitos, de media hora cada una, donde está con tres profesionales de la salud, adultas, lo que significa para una nena entrar solita, porque entra sola, no hay madre ahí, y por ende la han escuchado, ella habla, y la vuelven a llamar, y vuelve hablar, y la vuelven a llamar, entonces mi miedo está en que le están corrompiendo la psiquis, yo temo por su salud psíquica”, enfatizó.

“Como mamá realmente temo, porque todo lo que es psíquico no se ve, no es una mancha, es a larga data, y yo necesito parar con esto ya”, clamó la madre en entrevista con este medio.

Margarita Beltrametti, la abogada de la denunciante, reclamó parcialidad del magistrado interviniente.

Parcialidad

Por su parte, la abogada de la denunciante, Margarita Beltrametti, indicó que existen antecedentes en otros expedientes . “Ella manifestó hace más de dos años atrás que no quería verlo al padre, fue la única vez que le hicieron comparecer ante un juez de violencia que la escuchó”, explicó la letrada a LVM.

La abogada comentó que se solicitó la intervención directa del magistrado Andersson Frank. “Se ha solicitado, incluso, que el juez directamente la escuche”, expuso, y cuestionó que se haya dispuesto un abordaje interdisciplinario para la revinculación.

Asimismo, Beltrametti señaló que pidieron acceso a registros de las entrevistas realizadas a la menor: “Solicitamos acceso a las grabaciones, a las entrevistas que hicieron estas profesionales y el juez nos dijo que, por secreto del expediente no correspondía, eso es una barbaridad, porque nosotros somos partes, los expedientes son secretos y reservados para otras personas”.

En esa línea, la abogada remarcó que “la realidad acá es que al día de hoy a esta pequeña el juez no la ha escuchado“.

También cuestionó el desarrollo del proceso. “Hay una parcialidad absoluta del juez en una causa donde es un proceso voluntario iniciado por un progenitor, el juez resuelve presentaciones que hace el padre en 24, 48 horas”, sostuvo, y agregó que las actuaciones de su parte “demoran un poco más”.

Otro punto que marcó la representante de Kneeteman fue la notificación directa del juez “a través de cédulas para las audiencias que tienen la niña, cuando eso es un deber y obligación de parte del juzgado. Acá no hay en riesgo ni en peligro un menor para que el juez tome oficialidad”.

En ese sentido, concluyó: “Eso demuestra la parcialidad con la que está actuando en favor del progenitor, sin escuchar a la niña”.

Elisa Kneeteman acudió a este medio para solicitar que el magistrado Roberto Andersson Frank haga lugar al pedido de su hija de 8 años de no querer vincularse con su papá y que se respeten los derechos del niño, que “están por encima de los de los adultos”, en tanto marcó que la “parcialidad” del magistrado hacia la parte del progenitor estaría relacionada con que es “abogado, amigo del juez y funcionario público”.

“Están escuchando a su papá, protegiendo a un adulto, en vez de proteger a un niño, y yo como mamá ya no sé cómo pedirle al juez. Veo a mi nena, veo como se atrasa, veo en el pánico que ella entra y ya no sé qué más hacer, yo le pido al juez que me vea, que vea a la nenita, que vea a mi que le estoy pidiendo que quite a los adultos del medio, acá no hay una mamá que impide, hay una nenita que no quiere, el tema es saber por qué“, cerró la denunciante.

 

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Mariela Alejandra Da Silva (41) es madre de cuatro menores de edad. Años atrás sufrió una obstrucción medular que afectó sus hombros y columna vertebral, por lo que cuenta con certificado de discapacidad. Hace cuatro años reside en una vivienda precaria sin energía eléctrica ni agua potable, por lo que solicita ayuda para poder vivir en mejores condiciones en la localidad de Bernardo de Irigoyen. 

El reclamo se remonta hace cuatro años atrás, cuando en abril del año 2022 se mudó junto a sus hijas a una precaria vivienda ubicada en el barrio San Cayetano. “Vivo con mis hijas en una vivienda precaria que además de no tener servicios se llena de bichos, víboras y arañas peligrosas”, con estas palabras Da Silva describió la vivienda a la que accedió con autorización del Iprodha, ante la imposibilidad de alquilar otro lugar.  

En ese momento, decidió instalarse en la vivienda que se encontraba deshabitada hace un largo tiempo y en malas condiciones habitacionales: “Decidí limpiar, tramité la autorización para poder estar ahí y después me dijeron que el lugar no era de Iprodha, sino de una empresa de Posadas. Un día llegó la policía cumpliendo su labor, pidiendo que nos fuéramos y respondí que si no era por orden de desalojo no me iba a ir y le pedí al intendente un terreno -que por derecho me corresponde- por tener discapacidad y menores a cargo”, aseguró en diálogo con La Voz de Misiones.

“Pese a tener discapacidad igual trabajo porque me arriesgo, aunque hay días que no aguanto e igual sigo porque tengo cuatro menores estudiantes a cargo, de las cuales tengo muy buenas referencias para dar porque son muy estudiosas y educadas”, afirmó.

Sobre el reclamo, recordó: En varias oportunidades fui a pedir si me podían conectar luz provisoria y me dijeron que no, que lo que yo tenía que hacer era mudarme de ese lugar porque en cualquier momento se iba a poner fea la cosa”.

Tras cuatro años sin energía eléctrica ni agua potable, Mariela continúa a la luz de las velas y compra agua para el consumo personal o acude a la solidaridad de los vecinos. “En varias ocasiones durante tres años fui a hablar con el municipio para ver si podían darme al menos un panel solar o que me den luz provisoria y me dicen que no, que el lugar es privado, que ellos no pueden dar, que tampoco tienen terreno ni nada porque no hay plata en Irigoyen”.

Y concluyó: “Yo no estoy pidiendo mucho, el otro año empieza la política. Siempre dije que ellos no deberían estar solo para la campaña buscando ganar la confianza de la gente para tener más votos. Los políticos tienen que estar los cuatro años para que la gente de bajos recursos, humilde y trabajadora, pueda tener una vida digna”.

Una vida marcada por abusos, desarraigo y desigualdad

Mariela nació en Montecarlo y luego se crió en Posadas, donde a sus 2 años de edad sus padres la abandonaron junto a sus hermanos y terminó residiendo en un hogar en el que sufrió maltratos, abandonos y hasta una violación. Durante su adolescencia buscó a parte de su familia y la encontró en Bernardo de Irigoyen donde comenzó a estudiar y trabajar.

Con el correr de los años, optó por mudarse a Rosario de la Frontera, una localidad de la provincia de Salta, donde realizó trabajos rurales de temporada y luego reconstruyó parte de su vida tras escapar de una red de trata de personas que casi la ubica en un burdel de la región sudeste de Córdoba.

En ese pueblo se puso en pareja con un peón oriundo de Santiago del Estero y formó una familia, pero luego el hombre, que la sometía con episodios de violencia de género, desapareció.

Allí reinició su vida como bombera y fue la comisión de Bomberos de Rosario de la Frontera que decidió hacerse cargo de los costos para su regreso a Misiones en el año 2022, a modo de reconocimiento por su labor en esa división y, gracias a ello, pudo volver a Irigoyen, donde hasta el día de hoy continúa a la espera de una vivienda digna.

Ex bombera que huyó de la trata y volvió a Irigoyen pide que no la desalojen

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Junto a su abogada, Liliana Padilla, una vecina de Puerto Rico, expuso públicamente el drama de vive hace más de dos años cuando, luego de denunciar a su ex pareja por violencia de género, perdió la guarda compartida que tenían de su hijo y ahora reclama que el niño convive con su agresor.

Liliana fricciona los dedos y repite el comportamiento involuntario de mover las piernas. Tiene 39 años y carga con la pena más dura que una madre puede soportar: la de no ver a su hijo menor desde hace tres meses.

Su abogado, la letrada Noelia Duran, explicó que la causa de familia expone hoy un entramado judicial que dejó a una madre sin contacto con su hijo, sin vivienda y denunciando graves irregularidades en el proceso.

“No soy un expediente, soy una mamá”, afirmó Liliana, con lágrimas en los ojos durante una entrevista con La Voz de Misiones.

De la denuncia al cambio de tenencia

El conflicto se remonta a septiembre de 2023, cuando Padilla denunció a su entonces pareja Rubén Aníbal Ávalos por violencia de género. En ese momento, se dictó una orden de alejamiento y el hombre abandonó el hogar familiar.

Sin embargo, tras el divorcio la situación dio un giro. El padre inició acciones judiciales y logró que la Justicia le otorgara el cuidado personal unilateral del niño, además del uso de la vivienda, considerada como “centro de vida”.

“Me encuentro en situación de calle desde que se le fue otorgada la casa a mi ex pareja. Perdí el cuidado de mi niño y agotamos todas las vías que podíamos para que me escuchen”, expresó Liliana.

La causa se tramita en el Juzgado de Familia y Violencia Familiar Uno de Puerto Rico, a cargo de la jueza Norma Lyliana Matoffi, quien fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento por presunto mal desempeño.

Según la defensa de Padilla, en el expediente interviene como representante legal de Ávalos -el ex esposo de Padilla-, Hilario Raúl Christen, un abogado vinculado al entorno político local, lo cual no garantiza imparcialidad del proceso.

Liliana comentó a LVM que cuando fue a pedir ayuda a Acción Social para que se continúe con el seguimiento del expediente le preguntaron quién era el defensor de su ex esposo y al dar el nombre la respuesta fue tajante: “Contra ese abogado no vas a poder porque hay mucho favoritismo y aunque tengas el abogado que tengas no vas a lograr demostrar ni comprobar nada”. 

La versión judicial y la disputa por la casa

Durante el proceso, el menor habría declarado que su madre ejercía violencia, lo que fue determinante para el fallo. Padilla rechaza esa versión y sostiene que fue el niño -en ese entonces de 9 años- fue manipulado.

“Todo lo que dijeron ahí fue falso… son mentiras que usaron para sacárselo”, afirmó.

“Es más, hay informes del cuerpo médico que comprueba que él está alineado, que está manipulado, le están generando un daño psicológico”, explicó la abogada.

Uno de los puntos más cuestionados por la defensa es la situación de la vivienda. Según explican, la casa construida por la pareja pasó a ser considerada “alquilada” en el expediente, lo que habilitó su adjudicación al padre.

La letrada Duran sostiene que esto forma parte de una maniobra más amplia: “Estamos ante una instrumentalización del menor. Esto excede un conflicto patrimonial: estamos hablando del interés superior del niño”.

Duran también afirmó que en el entramado fraudulento por la casa se llevó adelante “con la complicidad de distintos actores como el empleador de Rubén Avalos”.

El relato de una madre

Desde entonces, la vida de Padilla se volvió inestable. Sin vivienda fija, va de un lugar a otro. “Vivo el día a día… donde puedo. En la casa de una amiga, en la casa de mi abogada, en el auto. Estoy a la deriva”, describió.

A pesar de no tener contacto con el niño, asegura que continúa cumpliendo con sus obligaciones: “Le estoy pasando alimento, pero no tengo comunicación con él de ninguna manera”.

La distancia con su hijo, dice, es lo más doloroso: “Vamos casi tres meses sin verlo, lo extraño. Hacíamos todo juntos, la tarea, salir, el fútbol, todo”.

Y agregó, con angustia: “Me duele la manera en que actuaron. Pueden quedarse con la casa, con todo lo que quieran, pero por qué utilizaron a un niño, a mi hijo y lo más triste, fue su papá”.

Pedido de Jury

El caso no quedó solo en el fuero de familia. La defensa avanzó con una denuncia penal por presunta maniobra fraudulenta y amplió la acusación a terceros.

Además, presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra la jueza interviniente por presunto mal desempeño.

En ese punto, la abogada fue contundente: “Existen vínculos. Aportamos más de 40 fotografías donde se ve la relación entre personas del entorno del padre con la jueza y la secretaria. Hay una amistad muy estrecha”.

Y agregó: “Una de las secretarias es la doctora Cañete. Ella es esposa de Francisco Nahuel Petuaud, que es socio de Hilario Raúl Christen. Asimismo el doctor es abogado de la Policía y de la Municipalidad y Christen es hermano de la esposa del intendente de Puerto Rico. Es el cuñado del intendente”.

También cuestionó el desarrollo del proceso y cómo se resolvió una de las instancias clave. “Se dictó una resolución ‘a puro derecho’, sin ningún tipo de contradicción y sin garantizar el derecho de defensa de esta señora”, aseveró Duran. 

Tras la confirmación del fallo en Cámara, la defensa presentó un recurso de inaplicabilidad de ley ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que ahora analiza el expediente.

En paralelo, denuncian demoras en la investigación penal y hablan de una posible situación de violencia institucional. “Cuando hay menores, el Estado tiene que actuar con debida diligencia reforzada. Acá eso no pasó”, sostuvo la letrada.

Mientras la causa sigue su curso, la situación personal de Liliana continúa siendo crítica. Sin ingresos estables, con miedo y en condiciones precarias, sostiene que lo único que la mantiene en pie es la esperanza de recuperar a su hijo.

“Estoy destruida. Lo único que quiero es volver a abrazarlo”, cerró. 

 

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