Un joven de 19 años utilizó sus redes sociales para reclamar que su padrastro, a quien denunció por reiterados hechos de abuso sexual, continúa en libertad a pesar de una resolución de la Cámara de Apelaciones que dispuso que el juez que resolvió la excarcelación del implicado revea la medida.

El denunciante es Emiliano Sosa, quien publicó un video en su cuenta de Instagram en el que reclamó por la falta de avances en la causa contra quien fuera su padrastro, a quien identificó como Jorge Romero. Según relata, la denuncia fue realizada hace más de un año por su madre, pero el proceso judicial continúa sin resoluciones.

En el reel, grabado en un plano corto que va de los hombros a la cabeza, Emiliano expuso con un tono pausado la situación que atraviesa y cuestiona el accionar de la Justicia. Los hechos denunciados ocurrieron antes de que el joven realizara su cambio de identidad de género.

La denuncia fue radicada el 1 de abril de 2024, según contó la madre del joven a La Voz de Misiones, luego de encontrar conversaciones entre su hijo y el acusado. En esos chats, incorporados a la causa, Emiliano le reprochaba a Romero situaciones vividas durante los seis años de relación que mantuvo con su madre.

En diálogo con LVM, Emiliano relató que los abusos que denunció comenzaron cuando era menor de edad y que, a los 11 años, el acusado “le propuso iniciar una relación”.

Incluso, señaló que, como consecuencia de esos ultrajes, quedó embarazada y sufrió un aborto espontáneo. 

La causa, caratulada como “abuso sexual con acceso carnal”, se tramita en el Juzgado de Instrucción Tres, a cargo del magistrado Fernando Verón. 

De acuerdo a la reconstrucción realizada, Romero, de profesión docente, fue detenido tras la denuncia, pero recuperó la libertad apenas semanas después a partir de un excarcelación bajo caución real por 3 millones de pesos. 

En esa misma resolución el juez Verón le impuso medidas restrictivas, como la prohibición de contacto y de acercamiento a la víctima y su entorno familiar.

Sin embargo, según denunció Emiliano, esas medidas no siempre se cumplieron dado que el denunciado trabajaba en el Instituto San Basilio Magno donde un hermano suyo asistía en el momento de la denuncia.

“Desde el colegio nos decían que le pedían que no se acerque a mi hermano, pero él no hacía caso”, afirmó.

La excarcelación otorgada al denunciado luego fue apelada por la fiscal Adriana Herbociana, tras lo cual intervino la Cámara de Apelaciones, que con el voto de los magistrados José Alberto López y Marisa Ruth Dilaccio, decidió anular la medida y ordenó que el juez Verón emita una nueva resolución que contemple perspectiva de género, derechos del Niño y en el marco del riesgo procesal.

Emiliano ahora, en su video, reclama que a pesar de dicho dictamen su agresor continúa libre, sin nuevas disposición del juez Verón.  

“De esto hace más de un año y hoy está todo parado. No hay información de nada y él sigue libre”, expresó.

Ante lo que considera una “inacción judicial”, el joven decidió hacer público el caso. “Me dejaron solo, solo con mi agresor”, manifestó. Y concluyó con un reclamo directo: “Exijo que el juez cumpla con la orden de la Cámara. Dejen de encubrir al imputado, dejen de encubrir a Jorge”.

 

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Silvina García, coordinadora de la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (Caac) de Red Puentes Federal de Misiones, alertó sobre el crecimiento sostenido de personas en situación de calle en Posadas.

La coordinadora del dispositivo de acompañamiento social aseguró que la problemática se profundiza con el paso de los meses y que ya no afecta solamente a personas solas, sino también a grupos  familiares. “Vemos sumamente alarmante la situación de las personas que están en situación de calle”, señaló.

Según García, el fenómeno no solo se incrementa, sino que cambia en su composición social. “Cada vez son más las personas solas e incluso grupos familiares que quedan en la calle ante la imposibilidad de sostener un alquiler, ya sea por falta de empleo o por el aumento de las rentas”. 

Si bien, en el ultimo tiempo no hubo una estimación oficial del porcentaje de incremento, los datos que manejaban desde este espacio, hacia fines de 2024, el relevamiento nacional de personas en situación de calle (ReNaCalle) arrojó una cifra significativa para la capital misionera. 

“El relevamiento nacional en la ciudad de Posadas dejó un saldo de 123 personas en estas condiciones, luego solo se registraron mediciones provinciales”, puntualizó. 

Sin embargo, García aclaró que esa cifra no refleja la realidad en la actual. “Ese número no quedó congelado, se mantuvo en constante crecimiento, sobre todo en los últimos meses del año, cuando la situación económica se volvió todavía más compleja”.

Economía popular sin ingresos

Durante el relevamiento realizado en 2024, muchas de las personas registradas tenían algún tipo de ingreso dentro de la economía popular como vendedores ambulantes, cuidacoches, cartoneros o en otros oficios. No obstante, en la actualidad esto sería todavía más grave. “Hoy por cada persona del ámbito formal que queda sin trabajo, cinco personas de la economía popular se quedan sin ingreso, por lo que la situación de indigencia es todavía más profunda”.

A esto se suma el escaso presupuesto de los espacios comunitarios y de asistencia alimentaria. “Hay menos lugares donde pueden ir por un plato de comida, porque muchos estos comedores están con recorte por parte del gobierno nacional o directamente cerraron”, explicó García. 

Refugio nocturno Municipal

A comienzos de 2025, la provincia y la Municipalidad de Posadas inauguraron un refugio nocturno para personas en situación de calle. A pesar de ello, la coordinadora del dispositivo social cuestionó el funcionamiento del espacio. “Fue una respuesta al crecimiento de esta población, pero alejado de las zonas de mayor congregación de las personas en situación de calle”.

Además, indicó que el horario de ingreso limita su utilización. “Hay que hacer fila desde las 18 horas, cuando muchas de las personas todavía están trabajando para ganarse el dinero del día”.

Por ese motivo, asegura García que gran parte de la población no accede al espacio de nocturnidad” y remarca “la situación de calle no es solo falta de techo. Tenemos que hablar de acceso a derechos, cada vez son más restringidos”.

En ese sentido, menciona las dificultades para acceder a servicios básicos. “Estamos hablando de tramitar un documentos de identidad, asistencia de salud, a tratamientos para enfermedades crónicas o problemáticas de consumo, y también al acceso a la salud mental”.

Además, García sostuvo que faltan políticas integrales.  “No está siendo una prioridad del gobierno provincial ni del gobierno nacional, y mucho menos del Estado municipal, dar una respuesta efectiva a esta problemática”.

Familias enteras en la calle

“Ya no estamos hablando de personas solas, como pasaba antes, muchas veces vinculadas a problemáticas de consumo o salud mental”, apuntó García como otro cambio importante que observa es el perfil de las personas afectadas.

“En la actualidad, la situación alcanza a grupos familiares completos. Se quedan en la calle porque no pueden costear un alquiler, ya sea por falta de empleo o por los elevados precios de los alquileres”, indicó.

También alertó “cada vez es mayor el consumo de sustancias y de sustancias más nocivas, lo que hace que haya también mujeres y niños cada vez más chicos en situación de consumo”.

La crisis también se ve en los barrios  

La coordinadora explicó que la crisis económica también se refleja en nuevas prácticas de supervivencia. “Vemos a mucha gente revolver los contenedores y esa práctica se está extendiendo a otros anillos de urbanización de la ciudad, incluso en barrios populares”, describió.

“Antes las personas de esos barrios se trasladaban al centro o a barrios con mayor nivel económico para ver qué se podía rescatar. Hoy ya se ve gente buscando entre los contenedores en Lapachito, Néstor Kirchner o Sol de Misiones”.

Y agregó: “Ver a gente está buscando en la basura en los mismos barrios populares, habla del nivel de crisis e indigencia que tenemos hoy”. 

Menos ayuda y menos comida 

Desde el dispositivo también remarcaron que se redujeron las redes informales de asistencia que antes ayudaban a mitigar la situación. “Antes las personas pedían en bares y, cuando cerraban, algunos entregaban viandas con la comida que les quedaba. Hoy no hay sobrantes, y tampoco hay tantas asociaciones civiles o iglesias que salgan a entregar viandas”, señaló.

“Cada vez son menos los lugares de ayuda y de contención para las personas que están en situación de calle, y eso agrava todavía más el escenario social”, añadió.

Por ultimo recordó la dirección de Puentes Federal Misiones donde pueden acercarse para acceder a los servicios de primera necesidad para aquellas personas que se encuentren en situación de calle y compartió las líneas de teléfonos a donde los vecinos pueden comunicarse si quieren ayudar a quienes estén en esta condición.  

Teléfono: +54 9 351 229-9718

Dirección: Chacra 128, Calle 125 y 68 Bº San Gerardo

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Mediante dos allanamientos simultáneos ejecutados anoche en un barrio de Itaembé Guazú en Posadas, la Policía desbarató una red de usura y detuvo a tres sospechosos, al tiempo que decomisó 350 tarjetas de débito y tres camionetas, entre otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo a la información difundida, la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con los agentes de la Brigada de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, quienes mediante labores encubiertas siguieron el rastro de una banda dedicada a realizar prácticas de usura y retención indebida de documentación en perjuicio de familias vulnerables.

De esta manera, con los datos reunidos con las tareas de campo, anoche solicitaron órdenes de allanamiento y con el aval de la Justicia irrumpieron en dos inmuebles ubicados en el barrio 508 Viviendas.

Allí concretaron la detención de tres sospechosos identificados como Andrés A. R. (43), Andrés B. (39) y Susana M. (43), quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.

En los procedimientos además se incautaron elementos comprometedores para la banda, como ser 350 tarjetas de débito con sus respectivas contraseñas de cajero y 25 documentos nacionales de identidad que habrían sido retenidos para garantizar el cobro de préstamos con intereses exorbitantes. También se hallaron cuadernos, anotaciones y registros contables que forman parte del circuito financiero informal investigado.

No fue lo único. Los efectivos recuperaron una gran cantidad de electrodomésticos y bienes de uso cotidiano presuntamente entregados por las víctimas como forma de pago ante la imposibilidad de afrontar los intereses impuestos por los prestamistas.

Según precisaron, todos los elementos serán inventariados y puestos a disposición del Juzgado para avanzar con la identificación de damnificados y la restitución correspondiente.

Como parte del operativo también fueron secuestrados cuatro vehículos vinculados a la maniobra, entre ellos una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota SW4 y un Fiat Fiorino, todos utilizados por la organización en la actividad investigada.

Las pesquisas continúan bajo supervisión judicial para determinar si existen otros domicilios involucrados, nuevas víctimas y eventuales integrantes del circuito usurero, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.

Los allanamientos fueron realizados en el barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.

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