Provinciales
Se conformó la Mesa Yerbatera y elevarán pedidos al Gobierno nacional
Integrantes de los diferentes eslabones de la cadena productiva yerbatera y autoridades del gobierno provincial se reunieron ayer por la tarde con el objetivo de buscar soluciones conjuntas, entre las que resaltan la búsqueda de nuevos mercados internacionales y el respaldo financiero a los productores.
Participaron asociaciones de productores, representantes de cooperativas, secaderos, tareferos y empresarios, y conformaron lo que denominaron Mesa Yerbatera Permanente (MYP), a fin de intentar resolver el conflicto generado por molineros y trabajadores de la materia prima ante la desregulación del sector provocada por las políticas de libre mercado.
El encuentro se concretó en la sede del Ministerio del Agro y la Producción, sobre avenida Centenario, donde analizaron de manera conjunta los mecanismos existentes para reducir la brecha entre los $270 que ofrecen los empresarios y los $450 que piden los productores.
La estrepitosa caída surgió tras la puesta en vigencia del DNU 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei, que desreguló casi por completo la actividad al perder, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), la potestad para fijar el precio mínimo de la hoja verde.
El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, encabezó la mesa de diálogo y remarcó la postura del Gobierno provincial: “Sabemos que la crisis es seria y estamos comprometidos en encontrar respuestas que protejan a nuestros productores y al sector yerbatero en su conjunto”.
Previo al encuentro, el gobernador Hugo Passalacqua brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a la idea de “diversificación productiva” que fuera planteada por funcionarios de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a integrantes del Inym como respuesta a la crisis que afrontan los pequeños y medianos productores.
“Eso a mí me produce un profundo dolor”, expresó el mandatario provincial, al tiempo que abogó a la exportación como forma de paliar la problemática bajo el contexto político-económico actual.
Avances y desafíos en la negociación
Uno de los puntos clave de la reunión fue el debate sobre la situación del Inym, organismo que ha quedado debilitado tras la decisión del Gobierno Nacional de no designar nuevas autoridades y de avanzar con más medidas desregulatorias, como la eliminación del límite de plantaciones a cinco hectáreas y la liberación de trabas a la importación de yerba canchada.
Desde el Gobierno provincial, plantearon la necesidad de que el sector productivo tenga mayor representación dentro del instituto. En esa línea, se acordó elevar una solicitud formal al Gobierno nacional para la designación de autoridades. También, para fortalecer la participación de los pequeños productores y lograr que las decisiones del Instituto contemplen a todos los sectores. Además, se solicitó la modificación del Código Alimentario Argentino para que baje el contenido de palos del 35 al 25% y las hojas en la yerba compuesta del 40% al 10%, una medida orientada a incrementar la demanda de materia prima.
Por otra parte, realizaron una convocatoria a una nueva reunión de la Mesa para el próximo lunes 17 de marzo para cuando convocaron a todos los representantes del sector, incluido el industrial, “para encontrar soluciones que beneficien de manera integral al conjunto de los actores de esta cadena productiva”, por lo que firmaron un acta dirigida puntualmente a la Cámara de Molineros instando a un espacio de diálogo.
Finalmente, el Gobierno provincial impulsará la convocatoria de los legisladores nacionales por Misiones a una reunión en Buenos Aires en abril, con el objetivo de exponer la urgencia de medidas de apoyo a nivel nacional y la posibilidad de presentar un proyecto que garantice condiciones justas para la producción de la yerba mate en el actual contexto de desregulación.
“El Gobierno de Misiones reafirmó su compromiso con el sector, asegurando que las gestiones continuarán en el ámbito nacional. La búsqueda de nuevos mercados internacionales y el respaldo financiero a los productores son algunas de las acciones inmediatas que se reforzarán en los próximos meses, con la intención de mitigar los efectos de la crisis y garantizar la estabilidad del sector yerbatero en la provincia”, afirmaron a través de un comunicado emitido por la cartera agraria.
La industria yerbatera es una de las más importantes de la provincia, además de la maderera, tealera y tabacalera. Actualmente cuenta con alrededor de 13 mil productores, ocho molinos y alrededor de 20 mil familias que dependen de la actividad en los diferentes eslabones de la cadena productiva.
La conformación de la Mesa Yerbatera surge tras los incesantes reclamos protagonizados por productores, que aún se sostienen con el paro de cosecha desde el 2 de diciembre pasado, además de asambleas, acampes y cortes de ruta en diferentes puntos de la provincia, siendo Andresito, San Pedro, San José, Oberá, San Vicente, Aristóbulo del Valle, Apóstoles y Campo Grande los puntos más calientes.
Passalacqua: “Nos duele que los pequeños productores no tengan al Inym”
Provinciales
La Mesa No a las Represas cuestionó la “promoción” de Corpus en la Unam
El movimiento social y ambiental de Misiones, que se opone a la construcción de grandes represas hidroeléctricas en la región, se expresó luego de que se presentara el proyecto hidroeléctrico Corpus Pindo-í durante las XVI Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión y Vinculación (JIDeTEV 2026), en la Facultad de Ingeniería de Oberá.
El evento fue concretado en el marco de las actividades por los 52 años de la Unam, el pasado 25 de agosto, junto a la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip).
En un comunicado al que tuvo acceso este medio, la Mesa Provincial No a las Represas manifestó “preocupación” por el accionar de las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, al “promocionar la construcción de la mega represa de Corpus Christi” junto a las autoridades de la Comip.
En ese sentido, recordaron que dicha represa se encuentra prohibida por la ley provincial XI – Nº 5, que refrenda el resultado del plebiscito de 1996, en el que el electorado misionero rechazó la construcción de cualquier emplazamiento sobre el río Paraná con el 88,63 % de los votos, el 14 de abril de 1996.
Seguidamente, cuestionaron el contenido del nuevo proyecto hidroeléctrico, al considerar que se presenta “erróneamente como generador de energía renovable, siendo que en octubre de 2015 se promulgó en nuestro País la Ley 27191 que en su capítulo 1, artículo 2, inciso b, establece como límite a las hidroeléctricas para ser consideradas renovables los 50 Mw”.
Para finalizar, recordaron que el interés por reflotar la iniciativa no solo proviene de sectores políticos y empresariales de Argentina, sino también del vecino país: “La obra se presenta como un proyecto para el desarrollo de Misiones, cuando en realidad hemos podido corroborar que desde Paraguay existe una fuerte campaña de presión para la construcción de nuevas hidroeléctricas sobre el río Paraná ante la necesidad de energía que les ocasionarían las instalaciones de gigantescos centros de datos para IA acordados con Taiwán”.
De esta manera, enfatizaron “el No a Corpus sigue vigente”.
Presentaron el proyecto Corpus Pindo-í en jornadas de investigación de la Unam
Provinciales
Instalaron un pozo perforado y paneles solares en Puente Quemado II
Luego de la mesa de diálogo realizada el 31 de julio pasado, en la que Arauco Argentina S.A. se comprometió a invertir en un pozo perforado y la instalación de paneles solares, esta semana las obras fueron concretadas en el predio que habita la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II en Garuhapé.
En ese contexto, la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes y Arauco visitaron la comunidad con la presencia del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), como representantes legales, e hicieron efectivas las instalaciones mediante un pozo de 166 metros de profundidad y la distribución y conexión de ocho paneles solares, los cuales garantizarían el funcionamiento de la bomba de extracción de agua.
Seguidamente, procedieron a capacitar al cacique, Santiago Ramos, y a integrantes de la comunidad para el correcto uso del sistema que beneficiará a un total de 46 personas distribuídas en 7 familias.
“En el marco del proceso de diálogo y articulación institucional para acompañar a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones continúa acompañando las acciones y acuerdos alcanzados entre las instituciones involucradas”, expresó la cartera de Derechos Humanos a través de un comunicado institucional.
Y añadió: “En las últimas horas se realizó una nueva prueba del equipamiento, constatándose su correcto funcionamiento y un buen caudal de agua, lo que representa un avance significativo para mejorar el acceso a este recurso esencial para las familias de la comunidad”.
“Estos avances forman parte del trabajo iniciado tras la convocatoria a una mesa de diálogo interinstitucional, con la participación de organismos provinciales y nacionales, autoridades locales e integrantes de la comunidad”, aseguraron.
Al ser consultado sobre la obra, Ramos se mostró agradecido, pero aseguró que aún quedan detalles por ultimar: “Hicieron la obra y ya está funcionando. Pero todavía faltan los tanques y las torres para que el agua llegue a las viviendas”, cuyas tareas se realizarían próximamente bajo la órbita del municipio.
Según consta el mismo comunicado emitido por DDHH, “la Municipalidad de Garuhapé avanzará en las próximas etapas con el relevamiento y posterior instalación de la red de distribución interna, que incluirá tanques y mangueras para garantizar la llegada del agua a los distintos sectores de la comunidad”.
“El acceso al agua constituye uno de los compromisos concretos surgidos de este espacio de trabajo conjunto. El Ministerio de Derechos Humanos de Misiones reafirma su compromiso de continuar acompañando a Puente Quemado II, promoviendo el diálogo, el respeto y la construcción de soluciones que garanticen y protejan los derechos de las comunidades”, concluyeron.
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Intendentes rechazan proyecto de nuevo peaje sobre ruta 12: “Es inconstitucional”
Ayer miércoles, intendentes y autoridades de distintos municipios misioneros se reunieron en la localidad de Puerto Rico, donde firmaron un documento en rechazo a la iniciativa del gobierno nacional que busca instalar una casilla de peaje sobre la ruta 12, a la altura de Capioví y recientemente cambió la ubicación a Garuhapé, sobre la misma arteria.
En el escrito, apuntaron contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en rutas nacionales: “El gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los Combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12, inicialmente en Capioví, kilómetro 1462, pero luego optó por colocarla en Garuhapé, kilómetro 1483, a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria, kilómetro 1551”.
Seguidamente, remarcaron la “inconstitucionalidad” del sistema proyectado, al considerar la inexistencia de otras arterias en la zona: “no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”.
Al mismo tiempo, consideraron desventajas para el traslado de la producción: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”.
En ese contexto, respaldaron su rechazo en el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones, y recordaron la vulneración del derecho a transitar libremente, tal como lo expresa el Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, y con esto el derecho de propiedad detallado en el Artículo 17.
“Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los miles de millones de pesos que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado”, concluyeron.
Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de El Alcázar, Eduardo Vázquez; de Garuhapé, Gerardo Schmied; de Capioví, Ramón Arrua; de Ruiz de Montoya, Victor Vogel y de Puerto Leoni, Elvio Vázquez, con sus respectivos equipos y junto a integrantes de los Honorables Concejos Deliberantes de los municipios de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar, Ruiz de Montoya, el diputado provincial Arnhold Alejandro, como así integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, representada por su presidente Luis Stefens.
A fin de llegar a un consenso, solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales “que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa, que profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.
Se trata de un nuevo pronunciamiento tras el cuestionamiento realizado días atrás por el gobernador Hugo Passalacqua, quien también reclamó la necesidad de obras, mantenimiento e inversión vial, y rechazó nuevas cargas que castiguen aún más “el bolsillo de las familias”.
Rechazo al nuevo peaje: Unos 15 intendentes firmaron un documento hace instantes. La localidad misionera de Puerto Rico fue el punto de encuentro este miércoles. Fue a las 17 en contra del proyecto del Gobierno nacional de instalar una nueva estación de cobro en Ruta Nac. N° 12. pic.twitter.com/LUne1leEgR
— Daniel Leopardi (@danileopardi) August 26, 2026
Passalacqua cuestionó el nuevo peaje que Nación proyecta en Puerto Rico
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