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Aristóbulo: denuncian que el intendente impulsa intrusión en tierra mbya

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Si bien las comunidades del Valle del Cuñá Pirú tienen la titularidad de la tierra, sostienen que familias intrusan sus tierras por recomendación del alcalde Eldor Hut.

 

El último miércoles, funcionarios del Ministerio de Ecología de Misiones acudieron al llamado del cacique Eliseo Chamorro y miembros del Equipo Misiones de Pastoral Aborígen (Emipa), quienes denunciaron que se estaba realizando el apeo ilegal de árboles nativos en un territorio propiedad de la comunidad Ka’aguy Poty, en Aristóbulo del Valle.

Allí se constató la existencia de rozados de vieja data y árboles nativos apeados y listos para ser utilizados como leña. 

En el marco del operativo, se entrevistó a las familias que viven en el lugar, señaladas por intrusar las tierras, se tomaron puntos de GPS y fotos de los trabajos realizados.

Uno de los entrevistados, Juan Maciel, quien vive hace quince años en ese sitio, dijo a las autoridades que realizó una limpieza en su propiedad para armar allí un invernadero. Esta fue la situación que motivó la denuncia del cacique.

Unas catorce familias habitan en la zona señalada. En su mayoría, aseguraron ante los funcionarios de Ecología tener boletos de compraventa que demuestran su posesión sobre la tierra. Algunos de ellos dijeron vivir hace 40 años en el lugar, aunque la ocupación más reciente data de hace apenas un año.

Todos son colonos que se dedican a plantaciones anuales, como maíz y mandioca, y cría de animales, como cerdos y gallinas.

La semana pasada, cuando miembros de la comunidad e integrantes de Emipa se acercaron al lugare indagar a los trabajadores, estos adujeron tener permiso del municipio para preparar la tierra para ser cultivada.

Cuestión de papeles

Los aborígenes tramitan actualmente la titulación de las tierras, luego de un litigio con la Universidad de la Plata que se extendió por 17 años y que en marzo del año pasado culminó con el traspaso a manos de los mbya guaraní.

El trámite de titulación se retrasó a causa de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, las comunidades cuentan con documentación que acredita su propiedad.

Al respecto, Vasco Baigorri, periodista y miembro de Emipa, sostuvo que “la gestión del título de propiedad colectiva, proceso que está en marcha, no pone en duda la titularidad de estas tierras por parte de las comunidades”, dijo a Primera Edición.

Asimismo, Baigorri indicó que hace años hay intrusos en esas tierras. De hecho, en abril del año pasado, sufrió en carne propia el ataque de un vecino de la zona, quien lo agredió con un machete en el rostro. “Esa gente que me atacó se fue de esas tierras y vendió terrenos que no le pertenecen”, remarcó.

“Hoy sigue la ocupación, por lo que las comunidades hicieron una denuncia”, enfatizó, y denunció: “Cuando fueron a ver el lugar, esas personas aseguraron que el intendente Eldor Hut les recomendó que ocuparan un espacio por familia”. 

“Hay personas que dicen que están hace muchos años, lo cual no es cierto porque conocemos el lugar y sabemos que la mayoría son ocupantes nuevos”, adujo.

Ninguna de esas personas tienen derecho de ocupación porque, en teoría, nadie puede cobrarle impuestos o servicios”, explicó el periodista. “Sin embargo, la cooperativa de luz conectó la electricidad a varios de los ocupantes de una manera que no es estatutaria, porque según el estatuto tienen que tener título o permiso de ocupación”, señaló.

En las tierras en disputa, cercanas a la ruta 7, “sabemos que hay personas que viven en Aristóbulo y tienen boletos de compraventa cuando nadie tiene derecho a vender esas tierras”, denunció Baigorri.

Por su parte, el cacique de Ka’aguy Poty, Eliseo Chamorro, dijo: “No queremos que sigan avanzando, por ahora pueden estar, pero el caso es que no sigan cortando árboles”.

Sobre la denuncia realizada, explicó que “fue uno de los ocupantes que está hace varios años el que trajo una máquina, no sabemos si de la misma Municipalidad, y tumbó varios árboles. También constatamos con Ecología que venden leña de madera nativa”.

Asimismo, Chamorro señaló que “la intrusión de nuestra tierra es una lucha que no es de ahora y el intendente la conoce bien porque él tampoco es nuevo en ese cargo, porque ya va por su tercera gestión en la Municipalidad de Aristóbulo del Valle”.

En este sentido, el líder de la comunidad aseguró que “tenemos documentos que nos avalan como propietarios de esta tierra, a diferencia de lo que sucedía antes que nos decían que no teníamos papeles para reclamar”.

Nobel de la Paz pidió intervención a Herrera Ahuad

Preocupado por la situación, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, escribió una carta al gobernador Oscar Herrera Ahuad.

“Me dirijo a usted a fin de expresarle mi profunda preocupación a raíz de la intrusión de personas extrañas al territorio de la comunidad Ka’aguy Poty, de la ruta provincial 7, en Aristóbulo del Valle”, comenzó la misiva.

“Durante mucho tiempo, por doce años hemos acompañado a esa y otras cuatro comunidades más en su reclamo territorial ante la Universidad Nacional de La Plata. Hemos participado de varias reuniones, mesas de diálogo y hasta gestionado una reunión con el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en una oportunidad que estuvo recibiendo allí una distinción. Pero ahora nos encontramos con esta situación, en la que un grupo de personas ha ingresado al territorio comunitario, supuestamente por indicaciones del intendente de Aristóbulo del Valle, y comenzaron a talar de manera indiscriminada el bosque nativo del mencionado territorio”, manifestó Esquivel, que pidió por la mediación del gobernador para clarificar el conflicto.

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Murió Elecha, una histórica yaraguareté de la selva misionera

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Elecha yaguareté

El Ministerio de Ecología informó el fallecimiento de Elecha, una hembra de yaguareté monitoreada en la zona de Puerto Esperanza, cuyo seguimiento formaba parte de las tareas de conservación de la especie en la selva misionera.

Según informaron desde la cartera, el alerta se activó a partir de la señal emitida por el collar satelital que el ejemplar portaba desde el año pasado, lo que permitió una rápida intervención conjunta de técnicos del Proyecto Yaguareté y guardaparques provinciales.

Tras el hallazgo, se realizaron pericias y una necropsia en Güirá Oga, donde se determinó que la causa de muerte fue una infección generalizada derivada de heridas compatibles con el ataque de otro felino, ante lo cual quedó descartada la intervención humana en el fallecimiento del animal.

Desde el equipo técnico precisaron que Elecha fue registrada por primera vez en 2014 y tenía al menos 16 años, una edad considerada avanzada para la especie, y que durante más de una década fue uno de los ejemplares monitoreados dentro del corredor verde misionero, aportando información clave para las estrategias de conservación del yaguareté en la provincia.

A lo largo de su vida Elecha tuvo varias camadas, entre ellas Ararokái, su descendencia más directa, quien continuará su legado en la selva misionera.

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La Justicia Federal ordenó frenar trabajos de refulado en la Isla del Medio

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La Justicia Federal ordenó frenar trabajos de refulado en la Isla del Medio

El Juzgado Federal de Posadas hizo lugar a una medida cautelar de no innovar en el marco de una acción de amparo ambiental y ordenó suspender las obras de refulado de arena en la Isla del Medio, en el río Paraná.

La resolución se dictó en la causa iniciada por la Asociación Civil Orembaé, a través de su apoderado legal Martín Ferroni, que tenía como objetivo frenar las trabajos de relleno, movimientos de suelos y disposición de materiales no autorizados, como la utilización de neumáticos en desuso, que amenazan el ecosistema del Río Paraná.

En la demanda, la ONG planteó que las intervenciones se realizan sin contar con estudios de impacto en el ambiente ni la correspondiente  Declaración de Impacto Ambiental (DIA), requisitos exigidos por la legislación vigente.

En tanto, el fallo señala que existen elementos que acreditan, de manera preliminar, la ejecución de obras en la isla sin los procedimientos ambientales obligatorios, lo que “constituye” una situación de “ilegalidad manifiesta”.

Además, el juzgado evaluó la existencia de riesgo de daño ambiental y la posibilidad de que los efectos sean de difícil o imposible reversión, por lo que consideró cumplidos los requisitos para dictar la medida cautelar de No Innovar solicitada por Orembaé.

La resolución dispone mantener el estado actual de la Isla del Medio hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión y ordena a la Prefectura Naval Argentina (PNA) a realizar tareas de control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la medida.

Asimismo, la decisión alcanza a la Asociación de Protectores de la Isla del Medio (Apim) y a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a quienes son atribuidas las obras cuestionadas y que deberán ser notificadas formalmente.

La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas.

“Esta resolución representa un resguardo fundamental al derecho de participación ciudadana frente a la arbitrariedad de las vías de hecho”, sostuvo el abogado Martín Ferroni, en un comunicado de la ONG tras conocerse el fallo judicial.

Y añadió: “El juzgado ha sido categórico: no se puede excluir a la comunidad de la gestión de un ecosistema que nos pertenece a todos, como el Río Paraná, ni avanzar con obras que eluden las instancias obligatorias de audiencia pública y fiscalización social”.

Sobre la irreversibilidad de las trabajos que se realizan en la Isla del Medio, Ferroni apuntó: “Cada día de obra consolidaba un daño que sería técnica económicamente imposible de deshacer. El principio precautorio nos permite hoy actuar antes de que el perjuicio sea irreparable”.

También destacó quela resolución es un “acto de justicia ambiental que antepone la protección del patrimonio común a cualquier formalismo procesal”.

FALLO CAUTELAR OREMBAE

ONG acciona contra Ecología por posible daño ambiental en la Isla del Medio

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Clarisa Neztor, la activista detrás de las pintadas en Misiones

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Clarisa Neztor

Clarisa Neztor se hizo cargo de las pintadas realizadas en la Casa de Gobierno y en la fachada de la Legislatura de Misiones. Según relató, el hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, entre la 1 y las 2, e indicó que tras la acción fue ubicada por la Policía y notificada de una causa por “daños”.

En comunicación con La Voz de Misiones, la activista se identificó: “Sí, soy yo, Clarita. Soy activista socioambiental y estudiante avanzada de ingeniería ambiental y lucho por la defensa del agua desde siempre”.

Sobre lo ocurrido, explicó: “Lo que hicimos fue vincular con aerosol la Casa de Gobierno con mensaje muy claro, sin ofensa, sin agresión. Los mensajes son muy claritos: ‘La ley de glaciares no se toca, los glaciares no se venden’”.

La activista cuestionó el modo en que se presentó el hecho en distintos medios como un acto de vandalismo. “Esto no es una vandalización, esto es una defensa por el agua”, sostuvo y agregó que la intervención buscó visibilizar una problemática: “Pintar una pared luego se tapa, pero los glaciares destruidos no”.

Clarisa integra el movimiento “Rebelión o Extinción” (Extinction Rebellion), una red internacional que impulsa acciones de presión pública bajo el enfoque de la acción directa no violenta”.

Clarisa se presentó como activista socioambiental y estudiante avanzada de ingeniería ambiental.

También señaló que la acción fue en consenso y en simultáneo en otros puntos del país. “Fue una decisión en general. Nos basamos en la acción directa no violenta para ejercer presión y que los políticos se pongan a la altura de la crisis hídrica, climática y ecológica”, añadió.

Si bien en su relato utiliza el plural al referirse a la acción, y según fuentes de la investigación también se sospecha de la participación de dos mujeres y un hombre, la entrevistada se responsabilizó por lo ocurrido y sostuvo que fue ella sola quien realizó las pintadas.

Respecto a los motivos, sostuvo que la medida responde a la falta de respuestas institucionales: “Uno presenta una nota en todos los ministerios, en la casa de gobernación y en la legislatura y jamás tuve ninguna devolución”. En esa línea, indicó: “Lo que hice fue de alguna manera visibilizar y responsabilizar a los senadores y a los diputados”.

En su planteo, también apuntó contra los legisladores nacionales de Misiones por su voto positivo. “Los tres senadores de Misiones, (Sonia) Rojas Decut, (Carlos) Arce y (Martín) Goerling, votaron a favor de la reforma de la Ley de Glaciares”, y agregó “los misioneros no saben lo que los políticos de Misiones votan en el Congreso”. En esa línea, sostuvo que su accionar buscó “visibilizar y responsabilizar” a quienes acompañaron la iniciativa.

Daño

En ese marco, y según lo trascendido, por orden del magistrado interviniente, Clarisa Neztor fue notificada formalmente por la Policía y se realizó en el marco de una causa penal por el delito de “daño”.

En relación a lo sucedido el día después de las pintadas expresó que “me tuvieron ahí como tres o cuatro horas detenida en la calle. No me dejaron llamar a mi abogado, no me dejaron llamar a nadie y eran todas personas de civil, solo uno me mostró la placa de policía”.

“Tengo una causa. Me dijeron que esto va a ir a juzgado y el juez va a dictaminar si soy culpable o inocente”, además expresó: “Me hicieron firmar una nota que no me dejaron ni leerla”.

La activista reivindicó su accionar. “Esto no es una vandalización, esto es una defensa por el agua. Pintar una pared luego se tapa, pero los glaciares destruidos no”.

Actualmente, señaló que se encuentra fuera de la provincia: “Ahora me volví a Buenos Aires porque me estoy por recibir. Tengo miedo de estar en Misiones”.

De Posadas al activismo ambiental

Clarisa Neztor tiene 36 años, nació en Posadas y residió en la provincia durante gran parte de su vida. Su trayectoria está vinculada a causas ambientales y a la participación en asambleas y acciones públicas junto a comunidades locales, incluyendo reclamos vinculados al uso del suelo y el impacto de actividades productivas.

Se formó en el ámbito de la ingeniería, primero en la orientación química en Misiones y luego en el área ambiental y desarrolló un perfil ligado a la investigación y al estudio de problemáticas climáticas. Desde joven mostró interés por temas vinculados a la naturaleza y el ambiente, incluso participando en espacios de comunicación y divulgación.

Además de su actividad como activista, también desarrolla actividades artísticas, vinculadas principalmente a la pintura de paisajes. En su recorrido, combinó instancias de formación autodidacta con participación en organizaciones ambientales.

Su participación en acciones públicas incluye intervenciones en espacios urbanos, manifestaciones y actividades de visibilización de problemáticas ambientales tanto en la provincia como a nivel nacional.

El video y el argumento

La organización ambientalista Rebelión o Extinción difundió un video donde se observa el momento en que Clarisa Neztor, quien ya había asumido públicamente la autoría, realiza pintadas en la Casa de Gobierno y en los ventanales de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones.

El material, publicado en formato reel en Instagram, muestra a la activista durante la acción y refuerza su pertenencia al espacio. Según había expresado previamente, el hecho forma parte de una serie de intervenciones impulsadas por la organización en distintas provincias del país, en el marco de acciones de visibilización ambiental en repudio a la reforma a la Ley de Glaciares.

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