Dos de los tres detenidos por el crimen de Caí, la mujer trans asesinada a golpes en Puerto Iguazú, se desligaron del hecho, mientras que el restante implicado eligió guardar silencio al momento de declarar ante la Justicia, aunque de igual manera los tres fueron imputados como coautores del delito de transfemicidio, figura que prevé una pena de prisión perpetua.

Las audiencias de indagatoria se realizaron ayer en el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dependencia a la cual fueron trasladados desde la comisaría donde están alojados desde el sábado y uno a uno comparecieron ante Martín Brites, el magistrado que dirige la investigación iniciada el 2 de abril, cuando Caí fue encontraba gravemente herida en un eucaliptal ubicado en el predio de la comunidad Fortín Mbororé.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el principal apuntado por el crimen es Axel Facundo “Chana” M. (20), hijo del cacique de la mencionada comunidad mbya, quien eligió prestar declaración indagatoria, aunque negó haber sido el autor del golpe que provocó la muerte de la víctima y se desligó por completo del hecho.

El otro implicado que declaró fue Celso (17), quien dio en testimonio similar al de Chana y también rechazó la acusación. El tercer involucrado, Bruno “Nene” D. (18), optó por guardar silencio.

A pesar de sus testimonios, los tres sospechosos, todos ellos integrantes de comunidades guaraníes, fueron formalmente imputados por homicidio agravado por odio a la identidad de género de la víctima y violencia de género, figura contemplada por el artículo 80, inciso 4 y 11.

El caso

El caso comenzó a investigarse el pasado 2 de abril, cuando Caí, de nombre Claudia Gabriela Gómez (34), fue encontrada gravemente herida en inmediaciones a la comunidad Fortín Mbororé, donde residía en una casilla en contexto de extrema precariedad y abandono.

En esa instancia, la mujer trans quedó internada en el hospital Samic de Iguazú, donde finalmente falleció el miércoles 8 y la autopsia posterior concluyo que el deceso se produjo como consecuencia de una fractura de cráneo.

El examen forense además determinó que esa lesión fue provocada por un golpe efectuado con un objeto contundente. La víctima también presentaba múltiples heridas en el rostro, descarándose lesiones compatibles con abuso sexual.

Tras al hecho, organizaciones sociales, de derechos humanos y diversidades reclamaron justicia por la muerte de Caí.

En ese marco, según se pudo saber, el Observatorio de Crímenes de Odio LGBT del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puso a disposición y sus autoridades comenzaron a trabajar en conjunto con el juez Brites en pos de garantizar una investigación que respete la perspectiva de género y de diversidades.

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La Justicia de Chubut ordenó la detención de Mariela Beatriz Altamirano, oriunda de Eldorado (Misiones), y de su pareja Maicol González, acusados por la muerte de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia. La medida fue dispuesta por el fiscal Facundo Oribones ante el riesgo de fuga, ya que ambos habrían manifestado intenciones de regresar a sus provincias de origen.

La causa avanza bajo una imputación gravísima: homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte. La detención se produjo el domingo por la noche, luego de que nuevos elementos reforzaran las sospechas sobre el entorno familiar del menor.

El caso dio un giro en las últimas horas tras conocerse el informe médico que confirma que Ángel presentaba antecedentes de traumatismo previo. Según la historia clínica, el niño ingresó al hospital tras un paro cardiorrespiratorio y en estado crítico, luego de ser asistido por el servicio de emergencias 107.

A esto se suma el resultado preliminar de la autopsia, que reveló lesiones traumáticas en la región craneal incompatibles con una muerte natural o accidental. Fuentes de la investigación señalaron que el menor tenía al menos 20 golpes internos no visibles, lo que abre serios interrogantes sobre las circunstancias de sus últimas horas.

Los hechos que derivaron en su muerte se remontan al 5 de abril, cuando Ángel fue trasladado de urgencia al hospital local luego de descompensarse en la vivienda de su madre, en Comodoro Rivadavia. Según el parte médico, el niño llegó con un paro cardiorrespiratorio y en estado crítico, en el marco de un proceso de revinculación ordenado por la Justicia. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal de salud, falleció dos días después.

La versión inicial de la madre, quien aseguró que el niño se había descompensado mientras dormía, comenzó a desmoronarse cuando los médicos detectaron signos de lesiones internas compatibles con violencia. Incluso, un informe inicial ya advertía sobre un “antecedente de traumatismo previo”, lo que resultó determinante para avanzar en la investigación.

La denuncia fue impulsada por el padre del menor, Luis Armando López, quien con el patrocinio del abogado Roberto Castillo solicitó la detención de Altamirano y González. En su presentación, también apuntó contra funcionarios judiciales y del sistema de protección de derechos, a quienes responsabiliza por haber permitido el escenario que derivó en la muerte del niño.

Entre los señalados figuran el juez de Familia Pablo José Pérez, la asesora Verónica Roldán y la licenciada Jennifer Leiva, acusados de haber intervenido en el proceso de revinculación que derivó en el traslado del menor al entorno materno.

Según el testimonio del padre, el niño vivió con él durante cuatro años en un contexto estable, hasta que una disputa judicial derivó en la restitución del vínculo con la madre. “Fueron cuatro años felices”, aseguró, al tiempo que cuestionó duramente la decisión judicial.

En paralelo, se conocieron antecedentes de la madre. Altamirano había dejado Misiones en 2019 para radicarse en Córdoba y luego en Comodoro Rivadavia. Allí inició una relación con López, con quien tuvo a Ángel en 2022. Sin embargo, la relación se disolvió cuando el niño tenía 10 meses.

Además, trascendió que la mujer ya tenía otro hijo en Misiones, quien habría sido separado de su cuidado por situaciones de violencia. Testimonios de vecinos de Eldorado señalan episodios de maltrato físico, mientras que ese niño actualmente residiría en Corrientes.

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Un episodio de violencia de género extrema ocurrió el sábado a la noche en El Soberbio, donde un hombre incumplió una medida de restricción de acercamiento y atacó de múltiples puñaladas a su ex pareja durante un encuentro familiar de la mujer, quien ahora permanece internada con lesiones manos, brazos, abdomen y cabeza.

Según la información consignada por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje Lechuza, donde la víctima, de 34 años, se encontraba en su casa junto a familiares suyos hasta que en el lugar irrumpió su ex pareja, José Vilmar G. (46), sobre quien pesaba una orden una prohibición de acercamiento hacia la mujer.

En esas circunstancias, el hombre se abalanzó sobre la víctima y le propinó varios cuchillazos que provocaron lesiones cortantes en diferentes partes del cuerpo de la mujer.

Después del ataque, el agresor se dio a la fuga y la muchacha fue trasladada de urgencia al hospital local, donde permanece internada, bajo cuidado médico.

En el hecho intervino el personal de la Unidad Regional VIII, quienes trazaron un operativo de búsqueda y efectuaron labores de rastrillaje por la zona rural hasta que en horas de la mañana dieron con el sospechoso.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente y enfrentará una causa penal por femicidio en grado de tentativa, acusación que en el futuro podría significarle varios años de prisión.

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