Provinciales
Yacyretá amenaza quitarle terrenos a la arenera clausurada en Candelaria
La Entidad Binacional Yacyretá intimó a la Arenera JM a que regularice -en un plazo de 72 horas- los requerimientos que la Municipalidad de Candelaria hizo a la empresa y que llevaron a la clausura preventiva hace más de 20 días, un procedimiento que la compañía minera tachó de “arbitrario e irregular”.
Según señaló el propietario de la firma, Jorge Muniagurria, la municipalidad de Candelaria no admite la documentación presentada por la empresa Arenera JM, mientras que la Entidad Binacional desconoce los descargos del empresario y amenaza: “La falta de pago por parte de LA COMODATARIA de los servicios mencionados dará derecho a YACYRETÁ a rescindir el presente contrato y a exigir el desalojo inmediato del inmueble”.
Para Muniagurria, el accionar de la Municipalidad y de la EBY se inscribe “en una serie de maniobras consecutivas sobre esos terrenos. Sobrevuela un ánimo de persecución para apropiarse del negocio en la costa del río Paraná”, advirtió.
En una nota fechada ayer y firmada por el jefe de Obras Complementarias, René Martinangeli, la EBY amenaza a a empresa arenera con aplicar la cláusula segunda del contrato de comodato de 2017, si no resuelve lo relacionado a la clausura del predio.
En el escrito de Yacyretá, al que tuvo acceso La Voz de Misiones, Martinangeli le informa a Muniagurria que la EBY “ha tomado conocimiento del apercibimiento y clausura preventiva, resuelto por la Municipalidad de Candelaria a través de la Resolución N° 02/2025”, y lo “intima a que en un plazo perentorio de 72 hs. regularice su situación conforme a las responsabilidades asumidas en la cláusula cuarta del contrato de comodato, bajo apercibimiento de iniciar los trámites de rescisión contractual, tal lo prevé la cláusula segunda del mismo”.
En el párrafo siguiente, la nota le recuerda al empresario arenero lo establecido en la cláusula cuarta del contrato de comodato de febrero de 2017, cuyo incumplimiento activa el protocolo de rescisión de la cláusula segunda.
“La COMODATARIA es la única y exclusiva responsable ante los poderes públicos por cualquier infracción que pudiera cometer relacionada con la actividad desarrollada. Asimismo, LA COMODATARIA se compromete a respetar y cumplir todas las reglamentaciones nacionales, provinciales, municipales, de salud pública, comercio, energía y trabajo siendo únicos responsables de las infracciones en que incurra. Será también por su exclusiva cuenta el pago de los impuestos, patentes, derechos y tasas nacionales, provinciales y municipales; y todo gravamen que afecte los servicios a prestar y cualquier otro gasto inherente a la explotación de los mismos, como así también los que surjan por cualquier otra disposición”, enumera el escrito.
Acto seguido, la nota de Martinangeli descarga la amenaza: “La falta de pago por parte de LA COMODATARIA de los servicios mencionados dará derecho a YACYRETÁ a rescindir el presente contrato y a exigir el desalojo inmediato del inmueble, sin necesidad de interpelación alguna o previa constitución en mora sin derecho a reintegro, ni indemnización alguna, los gastos ocasionados por el uso y conservación del predio mencionado, al igual que los servicios de electricidad, agua corriente como así también toda otra imposición fiscal devengada de su propia actividad y los que fueren necesarios habilitar ante los entes competentes, siendo obligación de LA COMODATARIA la restitución del inmueble cedido en COMODATO, al tiempo que YACYRETÁ lo indique en las mismas condiciones recibidas”.
Pagos al día
A este respecto, la arenera de Muniagurria asegura estar al día con el pago de las tasas municipales y el impuesto a los Ingresos Brutos, tal como se observa en la documentación que la empresa adjuntó en sus presentaciones a la Municipalidad.
Hace una semana, la empresa pidió la intervención en el conflicto con el municipio de Candelaria, de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, del Ministerio de Gobierno de Misiones, instancia que entiende en aquellas municipalidades que carecen de Carta Orgánica.
En el escrito, dirigido al subsecretario de Asuntos Municipales José Schiro, la empresa relata los pormenores del procedimiento municipal que desembocó en la clausura de sus instalaciones costeras, haciéndole notar que parte de las exigencias del municipio se amparan en la Ordenanza 03/12, que “nunca fue reglamentada”, y en un decreto, el 04/2012, que “jamás fue publicado en el Boletín Oficial”.
“Todavía estoy esperando que me respondan”, afirmó Muniagurria a LVM y se quejó: “Y, mientras tanto, tengo mi actividad económica paralizada y ahora me viene esta amenaza de Yacyretá, de que me van a expulsar del predio”.
EBY(27-11-25)
Provinciales
Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio
La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico.
Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.
También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio.
“Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita.
Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.
El caso
La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos.
Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.
La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha.
“La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.
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Provinciales
Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus
El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.
Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.
“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.
Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.
Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.
El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.
En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.
Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.
Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.
Provinciales
Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500
Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.
El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.
En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.
“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.
En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.
Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.
Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.
Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande
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