Judiciales
Un forense ratificó que a Guirula le fracturaron las costillas a patadas
El juicio para esclarecer la muerte del albañil Carlos Guirula tuvo otra jornada clave este martes, con la declaración de tres mujeres que estuvieron presentes en aquella noche trágica del 19 de julio de 2014 en el motel Park de Posadas y la de un médico forense que dio pormenorizados detalles sobre la causa del deceso y las marcas de violencia que exhibía el cuerpo de la víctima.
En orden cronológico, las primeras en declarar fueron las dos trabajadoras sexuales que esa noche estuvieron con la víctima y sus dos amigos, compartiendo diferentes habitaciones, y una de las mucamas del complejo.
Las tres coincidieron en que el conflicto se inició a raíz de una consumición de whisky que Guirula se negaba a pagar. En lo que difirieron fue que las dos primeras mujeres negaron haber visto situaciones agresivas, mientras que la mucama Andrea Lorena Sosa describió que el hombre “se puso muy violento y empezó a golpear la puerta de vidrio” de la conserjería.
Esa situación motivó que ella misma llamara a la Policía, más precisamente a la comisaría Decimotercera, de cuya dependencia salió el primer patrullero que arribó al lugar. Ese móvil era una Toyota Hilux que llevaba a la oficial Lourdes Beatriz Tabarez (42) como encargada, al sargento primero Claudio Marcelo Servian como chofer y al cabo Carlos Alberto Da Silva (35) como acompañante.
Más tarde arribaron como refuerzos desde el Comando Radioeléctrico Centro el cabo Ricardo Rafael Escobar (42), el oficial subayudante Carlos Alberto Zidorak (35) y el cabo Lucas Nahuel Saravia Allosa (37). Ahora, los seis están imputados por “tortura agravada seguida de muerte” y “ocultamiento de pruebas”, figura bajo la cual pueden ser condenados a prisión perpetua al final de proceso, previsto para el 19 de noviembre.
Todos los imputados cuentan con abogados defensores diferentes.
La señora policía
“Cuando llegó la Policía procedieron ellos y nosotros nos volvimos a encerrar. Después escuché gritos e interpreté que el señor -por Guirula- ingresó al auto para que la policía no le lleve”, recordó la mucama citada como testigo.
La mujer añadió que “supongo que en el forcejo él le pega a la señora policía y ahí ella se exaltó. Después de eso pudieron sacarlo a la fuerza y le empezaron a pegar. En el intento por reducirlo, por ponerle las esposas, empezaron a pegarle. Estábamos todos expectantes de lo que pasaba y cuando él ya estaba reducido le seguían pegando, le pateaban la cabeza y le pisaban la cabeza”.
Su declaración se tornaba a cada más segundo más trascendental y por esa razón el fiscal Vladimir Glinka ahondó en la cuestión y preguntó si la testigo identificaba a algunos de los imputados presentes en aquella escena. La respuesta fue certera: “Sí, la señora policía. El señor estaba boca abajo y la señora policía le pisaba la cabeza”.
De igual manera, en otro tramo relató que “se ve que le pateaban por todos lados, porque el señor no paraba de quejarse y de moverse”. La testigo calculó que toda esa escena duró entre 10 y 15 minutos.
La oficial Lourdes Tabarez fue apuntada por otros imputados y testigos como autora de patadas contra la víctima.
Tres lesiones con potencial letal
Todos ese relato de golpes, sumado a los testimonios recogidos en las tres audiencias anteriores del juicio, se vincularon más tarde al testimonio del médico forense Carlos Wolhein, uno de los encargados de efectuar la autopsia sobre el cuerpo del albañil fallecido.
El médico, de extensa trayectoria en materia de autopsias e investigaciones tanatológicas, dio una pormenorizada explicación de cada una de las lesiones que provocaron la muerte del albañil y conectó cada una de ellas con la posible mecánica del hecho.
Wolhein precisó que el cuerpo presentaba tres lesiones que tenían “potencial letal sin el tratamiento debido”, ya sean “juntas o por separado”.
La primera lesión sobre la cual hizo hincapié fue un “traumatismo de cráneo de intensidad moderada, eventualmente grave” que, a su entender, fue causada por lesiones “puntiformes” generados por compresión.
La segunda consistía en la fractura de tres costillas del lado izquierdo que provocó una hemorragia interna masiva que dirigió el 40% de la sangre del cuerpo hacia el pulmón de ese lado y lo hizo colapsar por completo.
El forense vinculó este diagnóstico con una seria de marcas externas en la piel que tenían un “calcado compatible con la plantilla de un calzado”. “Eso para nosotros es referencial a un puntapié de patadas”, resumió.
Y a pedido del fiscal fue aún más conciso: “Vemos una impronta en la piel que asumo que es un golpe. Pueden haber más golpes que no dejaron marcas, pero hubo un golpe que fracturó tres costillas”.
Rafael Escobar fue otro de los incriminados por su ex camaradas. Lo acusaron de ir “saltando” sobre Guirula durante el traslado.
La última lesión, aunque no en orden de producción sino en la descripción trazada en el informe forense, consistió en la fractura lineal de seis costillas del lado derecho, con la diferenciación de que esas heridas oseas no se produjeron por un golpe sino por “una fuerza de apoyo” ejercida en otro lugar.
Wolhein indicó que todas las lesiones son “atendibles” y “tienen tiempo de sobrevida”, aunque también resaltó que Guirula tenía 3,2 gramos de alcohol en sangre, circunstancia que lo ubicaba en estado de indefensión, ante lo cual el cuerpo pierde capacidad de resistencia ante golpes.
La conclusión, para el especialista, fue que la sumatoria de estas tres lesiones ocasionaron un paro cardiorespiratorio que sesgó la vida del albañil durante aquel procedimiento de hace 11 años atrás.
El debate continuará mañana con más testimoniales. El proceso ya lleva cuatro jornadas realizadas, período en el cual declararon doce testigos.
El juicio se realiza en el Tribunal Penal Dos de Posadas, presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por los jueces de instrucción Fernando Verón y Miguel Mattos como vocales subrogantes. Los seis imputados cuentan con abogados defensores diferentes.
El juicio, día a día:
Día 1: Caso Guirula: tres de los seis policías imputados pidieron declarar mañana
Día 2: Policía imputado declaró que Escobar y Tabarez patearon a Guirula en el piso
Día 3: Escobar se defendió y apuntó a Tabarez: “Le tiró patadas de punta” a Guirula
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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