Judiciales
Perito repasó indicios que contradicen teoría de un robo en el caso Elsa Díaz
El juicio oral contra Nelson Orlando De Menes (51), imputado por el asesinato de su propia madre Elsa Díaz (70), continuó esta mañana en el Tribunal Penal Uno de Posadas con la declaración de seis testigos, entre ellos el de una licenciada en criminalística que encabezó las pericias en la escena del hecho y repasó en forma detallada cada uno de los indicios que contradijeron la teoría de un robo esbozada por el encartado apenas se descubrió el crimen.
Andrea Strocen Schelske es el nombre de la licenciada que aquel 10 de febrero de 2019 estaba de turno la División Criminalística de la Unidad Regional X y cuya intervención podría ser una de las claves para resolver la causa que tiene a De Menes acusado por “homicidio agravado por el vínculo”, delito que prevé una pena de prisión perpetua.
La profesional fue la tercera testigo en declarar esta mañana ante el tribunal integrado por los magistrados Viviana Cukla -presidente-, Gustavo Bernie y Miguel Ángel Faría -subrogante-.
Strocen Schelske explicó que su función fue “la búsqueda de indicios” y explicó que su manera de trabajar consiste en comenzar por el exterior y dejar el “núcleo crítico” del hecho para lo último, a fin de preservar lo máximo posible las condiciones del escenario a estudiar.
Bajo esa premisa, su intención era empezar el trabajo por el depósito ubicado en el fondo de la propiedad, pero se vio impedida de hacerlo porque De Menes afirmaba desconocer el paradero de la llave que permitía el ingreso al lugar. “Me acuerdo que me llegué a enojar porque no podía ser que no se encuentre la llave”, afirmó y admitió que hasta pensó en forzar la entrada.
La perito Strocen Schelske fue el testimonio destacado de la jornada.
Ante esa situación, decidió avanzar con su trabajo en la vivienda. “Apenas entramos vimos una billetera con efectivo sobre la mesa. Eso me llamó la atención porque estábamos ante una posible escena de robo como dijo el hombre, que había dicho que robaron una tele y una garrafa”, adelantó la perito y continuó: “No había violencia en ningún acceso a la vivienda. El lugar además estaba muy ordenado y limpio”.
Un elemento importante en la pesquisa es la presencia de una serie de pisadas de barro que tuvieron compatibilidad con una zapatilla del acusado. En ese punto, Strocen Schelske se apoyó en un plano del inmueble y con el dedo índice acompañó el recorrido trazado a partir de las huellas relevadas.
La mujer detalló que las improntas comenzaban bajo una ventana de la misma habitación donde Díaz fue asesinada de un garrotazo en la cabeza mientras dormía y avanzaban primero hacia el hall y luego hacia una salida que se dirige al depósito, lugar que horas después arrojaría más indicios que derivaron en la detención del acusado ese mismo día.
La perito especificó que las labores dentro de la vivienda comenzaron a las 8 de la mañana y recordó que recién a las 5 de la tarde pudieron encontrar la llave de acceso al depósito.
“Las llaves estaban en un tacho con agua y ropa. Creo que por cansancio las terminó entregando y él mismo abrió el depósito”, dijo en relación al imputado.
“Cuando ingresamos encontramos muchas cosas encimadas y en un momento cuando cambio la mirada veo una zapatilla, la tele y la garrafa. Esas zapatillas después pusimos al lado de la huella y el tamaño coincidían”, ahondó la licenciada, que además indicó que la segunda puerta del depósito estaba obstruida desde adentro con herramientas, chapas y otros objetos.
En otro punto de su declaración también se refirió sobre las condiciones en las que se encontraba el cuerpo de Díaz y precisó que el cadáver estaba sobre la cama tendida, cuya parte posterior presentaba vestigios de sangre.
En un momento, el fiscal Martín Rau se apoyó en la declaración del acusado y consultó con la perito si en la escena había “olor a sangre”, a lo que la testigo respondió que no.
Orlando De Menes está detenido desde 2019 y puede ser condenado a perpetua.
Casa impecable
En la continuidad de la jornada también declararon Carolina Rojas y su esposo Néstor Fabián Lemes, quienes residían frente a la casa de la víctima y a quienes el acusado acudió esa mañana para alertar sobre el fallecimiento de su madre.
“Él llegó diciendo que su mamá había fallecido, que la habían matado, que le habían robado la tele y una garrafa”, coincidió al recordar la pareja, que además de vecinos son agentes policiales.
Rojas incluso entró el inmueble y constató el pulso de la mujer para confirmar el deceso. “Me acuerdo que entré a la casa y nunca había visto una casa tan impecable. Ella estaba como dormidita. No había olor a nada. Ella estaba fría ya”, describió.
Los siguientes en enterarse de la situación fueron Rogelio Díaz, hermano de la víctima, y su esposa Carmen Docarmo, quienes fueron desde Santa Ana avisados del hecho por De Menes.
“Nos llamó diciendo que mi hermana quería hablar conmigo. Cuando llegamos nos encontramos con todos los efectivos. Él lloraba y decía eso, que habían matado a la mamá”, contó Rogelio.
También señaló que “él era un muchacho bueno. Le ayudaba mucho a la mamá, le cocinaba, le lavaba la ropa, limpiaba la casa. A mi me extrañó mucho lo que pasó”.
Los jueces Bernie y Cukla observando documentos de la causa.
El debate oral continuará mañana con la declaración de más peritos, agentes policiales y médicos forenses.
El crimen de Elsa Díaz se registró entre las 21 del 9 de febrero y las 8 del 10 de febrero de 2019 en su casa del barrio 2 de Febrero de Candelaria. La mujer murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico provocado con un objeto contundente.
En la primera jornada De Menes aceptó declarar y se declaró inocente.
Lo acusan de matar a su mamá y se defendió en juicio: “Yo daba todo por ella”
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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