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Lo acusan de matar a su mamá y se defendió en juicio: “Yo daba todo por ella”

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Orlando De Menes matricidio

Nelson Orlando De Menes (51) está detenido hace más de seis años y puede ser condenado a prisión perpetua. Lo acusan, ni más ni menos, de asesinar a garrotazos a su madre mientras dormía, pero en el inicio del juicio en su contra se declaró inocente. “Yo daba todo por ella, era todo para mí”, afirmó.

El debate oral contra el hombre imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo” en perjuicio de su madre Elsa Díaz (70) comenzó esta mañana ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrado por sus pares Gustavo Bernie y Miguel Ángel Faría (subrogante).

Eran las 8.40 cuando De Menes ingresó a la sala custodiado por agentes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y se ubicó junto a su defensora oficial Celina Silveira Márquez y de frente al fiscal encargado de la acusación, Martín Alejandro Rau, próximo a ser designado como magistrado del Tribunal Penal Dos de Posadas.

Desde ese lugar el acusado escuchó atentamente la lectura del requerimiento de elevación a juicio del expediente formulado en etapa de instrucción por la fiscal Amalia Spinatto y acompañó cada párrafo con un gesto de negación moviendo la cabeza de lado a lado.

En ese documento quedó plasmada la acusación que De Menes enfrenta y que podría significarle continuar en prisión durante casi 30 años más en caso de ser declarado culpable.

“Escuché todo y quiero decir que soy inocente de todo lo que se me acusa”, expresó el imputado.

De Menes y su madre, en una foto subida a Facebook meses antes del crimen.

Del robo al matricidio

Según reconstruyó la investigación, el asesinato de Elsa Díaz se cometió entre las 21 del 9 de febrero de 2019 y las 8 del día siguiente, en la vivienda que la mujer habitaba junto a su hijo sobre la calle Uruguay del barrio 2 de Febrero de Candelaria.

La mujer fue atacada con un objeto contundente mientras dormía. La autopsia estableció como causa de muerte un “traumatismo craneoencefálico” en el parietal derecho, que le provocó un corto período de agonía.

El caso fue alertado por su propio hijo, el ahora sospechado De Menes, que esa mañana acudió a una vecina policía para avisar que había llegado a su casa y encontró a su madre sin vida, rodeada de sangre en su cama.

Cuando la Policía llegó a la escena, el hombre apuntó el crimen hacia un posible caso de robo, ya que alegó la faltante de un televisor 42 pulgadas y de una garrafa 10 de kilogramos, objetos que horas después fueron encontrados ocultos bajo unas tablas en un depósito dentro de la misma propiedad.

Esa contradicción advertida inicialmente, sumado a una huella de barro cuya impronta coincidió con los “dibujos ondulantes en forma de pico” de la suela de su zapatilla, dieron un giro a la investigación y De Menes quedó detenido bajo sospecha de matricidio. 

Testigos que fueron parte de las labores iniciales en la escena del hecho describieron que el lugar estaba “ordenado” e indicaron que al sospechoso no se lo notaba “ni triste, ni nervioso”. 

Más tarde, los investigadores establecieron que Elsa Díaz mantenía ciertos conflictos con su hijo porque -según testimoniales recogidas- “Orlando lo quebrantaba. Quería plata pero no conseguía trabajo”.

A partir de esos testimonios también se supo que la moto que utilizaba De Menes había sido comprada por Díaz, que en el último tiempo había reclamado por el dinero.

El crimen ocurrió en la vivienda que madre e hijo compartían en el barrio 2 de Febrero de Candelaria.

“Olor a sangre”

El imputado hoy, en contrapartida a los indicios y pruebas en su contra, se desligó de todo y se dijo inocente.

“Esa noche habíamos ido al culto con mi mamá. Volvimos, cenamos, compartimos el momento y después a las 12 me fui a dormir a la casa de un vecino. A las 7 del otro día vuelvo a la casa para tomar mate con ella y veo que la puerta estaba abierta. Entro y siento olor a sangre. Voy a la pieza, le miro a ella y veo que estaba llena de sangre. Ahí salgo corriendo porque no puedo sentir olor a sangre y fui a llamarle a una vecina que era policía”, relató.

El hombre ubicó como sospechosos a una ex pareja de su madre que llegó a vivir en la misma vivienda y a los últimos albañiles que trabajaron en el lugar, aunque admitió que no puede acusarlos.

Sobre su mamá, describió que “siempre tuvimos muy buena relación. Esto es una injusticia. Yo estoy sufriendo. Yo daba todo por ella, era todo para mí”.

De Menes se presentó como chofer y albañil. Contó que vivió su adolescencia en San Javier y que de adulto residió en Entre Ríos, de donde vino en 2015 para “acompañar a su madre”, que tenía problemas cardíacos.

El imputado también admitió que se crío junto a su padre y a su madrastra, mientras que conoció a su madre biológica a los 23 años.

El juicio continuará mañana, a partir de las 8.30, con la declaración de los primeros cinco testigos, entre ellos integrantes de la familia, vecinos de la víctima y agentes policiales que intervinieron en el inicio de la pesquisa.

Gustavo Bernie, Viviana Cukla y Miguel Ángel Faría (subrogante), los jueces que integran el tribunal.

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Discusión de tránsito y homicidio en Garupá: pidieron elevar a juicio la causa

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tránsito homicidio

A menos de cinco meses del hecho, el fiscal de Instrucción Dos de Posadas, Christian Antunez, formuló el requerimiento de elevación a juicio de la causa que investiga el asesinato de Fabricio Ariel Rodríguez (32), cometido durante una discusión de tránsito en Garupá.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el requerimiento fue presentado esta semana ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos, quien ahora debe analizar el documento y estampar la firma para que el expediente pase a un tribunal.

El caso tiene como imputado y procesado con prisión preventiva al jubilado y chofer de aplicación Juan Carlos D. V. (63), quien enfrenta cargos por “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El hombre cumple la medida cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario por razones de salud, entre otros factores que fueron tenidos en cuenta para la morigeración de las condiciones de detención.

El hecho en cuestión ocurrió el 17 de abril de este año, sobre la avenida Santa Helena, en el ingreso al barrio homónimo y a unos metros de la ruta nacional 105, en Garupá.

Escasos minutos después de las 10 habían pasado cuando dos automovilistas se trenzaron en una discusión de tránsito que subió de tono hasta que, en determinado momento, el ahora imputado regresó a su auto Ford Fiesta blanco, extrajo un arma blanca y apuñaló al otro.

El puntazo dio en el pecho de Rodríguez, que cayó inmediatamente al suelo y murió en ese mismo lugar, ante la vista de una gran cantidad de testigos.

Identificaron al hombre asesinado tras una discusión de tránsito en Garupá

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Un misionero condenado y otro absuelto en juicio por red de trata de menores

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El Tribunal Oral Federal N°3 de Buenos Aires condenó este miércoles a 22 años de prisión al misionero Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, señalado durante la investigación como líder de una organización dedicada a captar menores para su explotación sexual. En el mismo veredicto, los jueces absolvieron al también misionero Leandro Agustín Aguiar y ordenaron su inmediata libertad.

La sentencia fue dictada por los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Marcelo Machado Pelloni, en el juicio que también tuvo como acusado al ex ganador de Gran Hermano Marcelo Corazza y a otros dos hombres.

Angelotti Notarbartolo recibió la pena que había solicitado la fiscalía, que durante sus alegatos lo había señalado como quien encabezaba la estructura investigada. El tribunal lo encontró responsable de los delitos de trata de personas agravada, abuso sexual con acceso carnal, promoción de la corrupción de menores y tenencia de representaciones de abuso sexual infantil.

Según el fallo, los delitos por los que fue condenado tuvieron como víctimas a al menos cuatro personas. En el caso de la trata, fue responsabilizado por hechos cometidos contra cuatro víctimas, tres de ellas menores de edad. La figura fue considerada agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por la pluralidad de víctimas.

Además, fue condenado por abusos sexuales con acceso carnal contra tres víctimas y por distintos hechos de corrupción de menores. También fue responsabilizado por tenencia de material de abuso sexual infantil.

La sentencia, sin embargo, también declaró prescriptas otras acusaciones contra Angelotti Notarbartolo y lo absolvió respecto de esos hechos. Se trata de delitos contra la integridad sexual vinculados con otras ocho víctimas.

Como parte de la resolución, el tribunal dispuso además que Angelotti y otro de los condenados, Raúl Ignacio Mermet, paguen una reparación económica equivalente a veinte salarios mínimos vitales y móviles a cada una de las víctimas por las que fueron sentenciados.

Aguiar, absuelto 

La situación del otro misionero acusado tuvo un desenlace diferente.

Leandro Agustín Aguiar, para quien la fiscalía había solicitado 11 años de prisión, fue absuelto por el tribunal. La misma decisión alcanzó a Andrés Fernando Charpenet, otro de los acusados, y ambos recuperarán la libertad de manera inmediata.

Durante el juicio, la acusación había sostenido que Aguiar se incorporó a la organización en 2018 y que, junto con Charpenet y Mermet, participaba de encuentros con las víctimas. El Ministerio Público había considerado que su intervención justificaba una condena de 11 años.

Sin embargo, los jueces no encontraron elementos suficientes para condenarlo por los delitos que se le atribuían y dispusieron su absolución.

Corazza, también fue absuelto

El fallo tuvo como principal repercusión nacional la absolución de Marcelo Corazza, ex ganador de Gran Hermano y productor televisivo.

El tribunal lo desvinculó de las acusaciones de abuso sexual infantil, corrupción de menores y trata de personas. Los magistrados consideraron que algunos de los hechos atribuidos estaban prescriptos y que respecto de otros no existían pruebas suficientes.

En consecuencia, el tribunal ordenó quitarle la tobillera electrónica, levantar la prohibición para salir del país y dejar sin efecto el embargo que pesaba sobre sus bienes.

La fiscalía ya había solicitado su absolución durante los alegatos. El fiscal general Patricio García Elorrio había sostenido que el hecho de abuso sexual que se le atribuía, ocurrido en 2001, estaba prescripto y que tampoco había elementos suficientes para sostener la acusación por asociación ilícita.

Los fundamentos completos del fallo serán difundidos el próximo 22 de octubre.

El expediente se inició en octubre de 2022 a partir de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La investigación posterior derivó en la detención de los cinco acusados y finalmente en el juicio oral.

La causa investigó una estructura que, según la acusación fiscal, habría operado entre 1999 y marzo de 2023 en Misiones, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, captando principalmente a adolescentes varones en situación de vulnerabilidad para someterlos a prácticas de explotación y abuso sexual.

Piden 22 años de cárcel para misionero acusado de liderar red de trata de menores

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Entró en vigencia el sistema acusatorio federal en Misiones

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sistema acusatorio federal

Desde este lunes 24 de agosto comenzó a regir en Misiones el sistema acusatorio previsto por el Código Procesal Penal Federal, un cambio que modifica el funcionamiento de la Justicia federal y redefine los roles de fiscales y jueces en las investigaciones penales.

La implementación alcanza a la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas y convierte a Misiones en la décima jurisdicción del país en incorporar este modelo procesal. El nuevo esquema se aplica sobre los 17 departamentos de la provincia.

El principal cambio está en la investigación de los delitos: a partir de ahora, el Ministerio Público Fiscal tendrá a su cargo la dirección de las investigaciones, mientras que los jueces dejarán de conducir la instrucción y pasarán a concentrar sus funciones en el control de las garantías y la resolución de los planteos que formulen las partes.

Fiscalía Distrito Misiones

La puesta en marcha del sistema acusatorio está acompañada por la creación de la Fiscalía de Distrito Misiones, una estructura que reemplaza el esquema anterior de fiscalías federales y generales y concentra la representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación en toda la provincia.

El distrito estará conformado por una Unidad Fiscal con asiento en Posadas y tres sedes fiscales descentralizadas: Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú.

La fiscal general Vivian Andrea Barbosa fue designada provisoriamente como coordinadora de la Fiscalía de Distrito. Como fiscal revisora quedó la fiscal general interina Silvina Flavia Gutiérrez, mientras que el fiscal general interino Pablo Ricardo Di Loreto fue designado como reemplazante suplente.

La Unidad Fiscal Posadas tendrá competencia sobre Capital, Candelaria, Apóstoles y Concepción de la Sierra.

La sede de Oberá abarcará Cainguás, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Javier, Libertador General San Martín, Veinticinco de Mayo, Oberá y Guaraní. Eldorado tendrá jurisdicción sobre Eldorado, Montecarlo y San Pedro, mientras que Puerto Iguazú comprenderá los departamentos Iguazú y General Manuel Belgrano.

Fiscal en lugar central

Con el nuevo modelo, el fiscal pasa a ocupar un lugar central en el proceso penal. Será quien dirija la investigación, determine las líneas de trabajo y lleve adelante la acusación, mientras que los jueces actuarán como terceros imparciales encargados de controlar que el proceso se desarrolle dentro de las reglas establecidas.

La Unidad Fiscal Posadas contará con áreas diferenciadas para Atención Inicial; Investigación y Litigio de Casos Sencillos; Investigación y Litigio de Casos Complejos; Transición; Ejecución Penal; Atención y Acompañamiento a Víctimas; y asuntos No Penales y Electorales.

En las sedes de Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú funcionarán áreas de Atención Inicial, Investigación y Litigio de Casos, Transición y No Penal.

El cambio también apunta a un proceso penal con mayor protagonismo de las audiencias orales. La Oficina Judicial tendrá un rol central en la gestión de las audiencias y en la organización de los recursos necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema.

Salas de audiencia

La puesta en funcionamiento del sistema acusatorio también demandó una adecuación de la infraestructura judicial de la provincia.

El Consejo de la Magistratura informó que durante 2026 se realizaron obras de puesta en valor y readecuación de seis salas de audiencia y dependencias de la Oficina Judicial distribuidas en cinco edificios de la jurisdicción.

Desde este lunes, la Cámara Federal contará con seis salas operativas: una en Puerto Iguazú, una en Oberá, una en Eldorado y tres en Posadas.

Los trabajos incluyeron modificaciones en instalaciones eléctricas, colocación de equipos de aire acondicionado, pintura, detectores de humo y señalética de emergencia, entre otras tareas.

Según el Consejo de la Magistratura, la inversión destinada a infraestructura física alcanzó los $71.186.700, mientras que otros $32.590.000 fueron destinados a mobiliario. En total, las mejoras demandaron una inversión de $103.776.700.

 

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