Provinciales
Familias denuncian desalojo y avance de Arauco sobre sus tierras en San Pedro
Esta semana se cumplió un mes del mediodía en que una familia productora de San Pedro vivió un “violento desalojo”, que incluyó el secuestro de bienes y la detención de dos menores de 8 y 13 años, quienes, “sin orden judicial”, fueron demorados bajo la acusación de efectuar “actividades de caza” y “apeo ilegal” en un lote aledaño a un predio de la empresa Arauco.
El caso trascendió a raíz de una denuncia policial efectuada por la multinacional, que luego fue cuestionada por la familia afectada y a la cual se sumaron otras que aseguraron transitar por “allanamientos” e intentos de desalojo similares, por lo que conformaron una comisión vecinal, presidida por Diego Antúnez.
El mayor temor de las familias es que Arauco continúe avanzando contra sus propiedades para finalmente quedarse con la totalidad de las tierras que se encuentran en la zona, muchas de las cuales fueron cultivadas con yerba, tabaco, cítricos, verduras, legumbres y la cría de animales, actividades que comprenden el sostén económico de quienes residen allí.
El hecho
Todo comenzó el sábado 12 de abril cuando efectivos de la Policía de Misiones desplegaron un operativo de rutina en horas del mediodía y detectaron lo que describieron como un “asentamiento ilegal” con “fauna faenada y desmonte”, en el Lote 112, a la vera de la ruta provincial 16, en colonia San Juan Bosco.
En ese contexto, los uniformados procedieron a la destrucción de los campamentos y viviendas precarias instaladas en la zona, y el secuestro de cinco motocicletas, además de herramientas de trabajo, dos pecaríes de collar faenados y una camioneta Ford Ranger, perteneciente a la empresa Arauco, que presentaba daños compatibles con impactos de proyectil.
Según constataron fuentes policiales, hallaron a dos menores en los alrededores del “asentamiento clandestino”, quienes fueron trasladados y puestos “bajo resguardo” en la Comisaría Seccional Primera de San Pedro y luego restituidos a sus progenitores.
En esa misma dependencia policial, que depende de la Unidad Regional XIV, el personal de Arauco radicó las denuncias, mientras que en la localidad fueron varias las personas que han difundido en redes sociales videos del momento de la actuación, en los que se observa la destrucción de una vivienda y el malestar de las familias.
Las voces de las familias
Días atrás los damnificados del hecho denunciaron públicamente ante los medios de comunicación que “no se trató de un desalojo y un allanamiento” porque “nunca existió orden judicial”. Al mismo tiempo, aseguraron que “no son cazadores furtivos. Los pecaríes fueron plantados” y que tampoco realizan apeo en la zona, mientras que los menores manifestaron haber sido “golpeados” durante la detención y la demora en la comisaría.
Según testimonios de los afectados, los niños resultaron con hematomas visibles en sus rostros. “Los chicos estaban solos en la casa. Ellos llegaron, les pegaron y los subieron a una camioneta. Los niños tienen marcas y hematomas”, aseguró un miembro de la comisión vecinal.
El caso también fue visibilizado por referentes de la agrupación 8 de Octubre en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Fhycs) de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) donde, mediante una comunicación vía Zoom, la familia dio a conocer la situación por la que están atravesando.
“Venimos siendo operados mediáticamente como cazadores furtivos, como tomatierras, cuando somos personas que producimos y aportamos económicamente a la población a través del comercio”, afirmó un vecino aludiendo a las producciones de tabaco, legumbres, verduras y la cría de animales vacunos y avícolas.
En ese sentido, también resaltó: “Nosotros necesitamos las tierras en un contexto de falta de empleo porque vivimos de eso, producimos para alimentarnos y sostenernos económicamente con la venta”.
Además, recordó que en el lugar “residen familias que habitan la zona desde hace más de 20 años, mientras que otros llegaron en los últimos cinco”. El área comprende 2300 hectáreas y en el último relevamiento realizado se contabilizaron alrededor de 110 familias, aunque los lugareños afirman que el número rondaría las 300.
Sin embargo, el conflicto no es nuevo. Frente a un grupo de estudiantes y graduados universitarios, aseguraron que hace 3 años judicializaron el incendio de 40 viviendas. Mientras que ahora, hicieron lo propio con el robo de herramientas y “la violencia física” contra dos menores que fueron demorados por la policía hace un mes.
Pasos a seguir
Desde la Subsecretaría de Tierra y Colonización, Daniel Behler solicitó un relevamiento de las tierras en disputa y se comprometió a abrir una mesa de diálogo entre Arauco y las comunidades afectadas, aunque estas últimas aseguran no contar con soluciones concretas hasta el momento, a un mes del hecho.
En cuanto a las pruebas del caso, la familia presentó un video ante Cibercrimen, en el que fueron registrados los abusos de autoridad, por lo que sería una pieza clave en la investigación.
Por otra parte, buscan crear una “asociación de productores independientes” para exigir la regularización de tierras con el avance legal necesario.
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Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio
La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico.
Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.
También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio.
“Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita.
Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.
El caso
La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos.
Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.
La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha.
“La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.
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Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus
El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.
Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.
“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.
Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.
Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.
El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.
En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.
Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.
Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.
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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500
Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.
El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.
En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.
“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.
En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.
Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.
Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.
Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande
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