Judiciales
Insisten en indagatorias para dos militares por la muerte de Mauro Ramírez
La muerte del soldado chaqueño Mauro Ramírez (21), ocurrida dentro del Regimiento de Monte 30 de Apóstoles, sigue bajo un manto de oscuras incógnitas que aún 21 años después pretenden ser develadas para llegar a la ansiada verdad de los hechos y para ello la querella insiste en la citación a indagatoria de dos militares que pudieron haber tenido injerencia en lo sucedido, aunque recientemente se toparon con dos fallos desfavorables de parte de la Justicia.
La causa por la muerte de Ramírez es compleja, extensa y con numerosos vaivenes, a tal punto que fue archivaba como suicidio, aunque en 2016 fue reabierta a partir de la postura asumida por la parte querellante y de un dictamen emitido por Procuraduría General de la Nación, al advertir que el caso podría tratarse de un hecho de violencia institucional, tal como plantea la familia.
Quien continúa luchando por llegar a la verdad, aún más de dos décadas después, es su madre, Susana Pintos, que además forma parte del expediente como querellante particular bajo la representación del defensor oficial de Bahía Blanca Gabriel Jarque.
Desde la reapertura de la causa, la investigación avanzó, aunque de manera lenta y con contratiempos en el medio como, por ejemplo, cambio de fiscales y una pandemia que obligó a frenar actividades.
De igual manera, en todo este lapso se tomaron más de 20 testimoniales y se incorporaron nuevos elementos de prueba que para la querella fundamentan el pedido de indagatoria de dos militares que podrían haber tenido responsabilidad en el hecho.
Esas dos personas bajo la lupa son Eduardo Jeremías Brevel y Ovidio Francisco Almeida, quienes compartieron el cambio de guardia con Ramírez aquel 26 de junio de 2003 a la mañana.
“Tenemos un cuadro de situación que muestra que Ramírez no se suicidó y que estas dos personas estuvieron con él en el cambio de guardia, que inmediatamente después se produjo el disparo y ese disparo fue el que acabó con la vida del soldado. Entonces ellos tienen que dar explicaciones de lo que pasó en ese momento y, eventualmente, cómo pasó”, explicó Jarque, en diálogo con La Voz de Misiones.
Sin embargo, el pedido de llamado a indagatoria formulado por la querella contra ambos soldados fue rechazado por el juez federal Miguel Ángel Guerrero, actualmente a cargo del expediente tras una inhibición de la magistrada Verónica Skanata.

Pintos, junto a legisladores chaqueños, referentes de Derechos Humanos y acompañantes, reclamando justicia frente al Juzgado Federal en junio.
“Hasta las últimas instancias”
Ese fue el primer escollo con el que se enfrentó la querella, pero apelaron la resolución. Y a comienzos de noviembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas se expidió rechazando el recurso, por entender que la decisión de llamar a prestar indagatoria es potestad exclusiva del juez, aunque el tribunal no resolvió la cuestión de fondo.
Ante ello, la querella se prepara entonces para presentar un recurso de casación y continuar insistiendo en el llamado a indagatoria para Brevel y Almeida.
“Hay antecedentes y fundamentos como para convocar a los nombrados a prestar declaración indagatoria. Por ese motivo nosotros vamos a recurrir esa resolución de la cámara presentando un recurso de casación”, adelantó Jarque.
Y sobre el procedimiento judicial, el letrado precisó que “la indagatoria es en realidad un acto esencialmente de defensa, no es un acto de imputación. Se trata de la oportunidad en la que se explica a los convocados a declarar todos los elementos de convicción que obran en el expediente y que permiten sospechar que ellos tuvieron injerencia en el hecho que se investiga y explicarles que tienen la posibilidad de dar su versión y los argumentos que quieran aportar, pero para eso el sistema de justicia tiene que convocarlos, no puede permanecer indiferente”.
Jarque, además, ahondó en que “estas personas ya declararon como testigos y tuvieron contradicciones. Esas contradicciones también alimentan o fundan las sospechas que nosotros tenemos respecto de que algo tienen para ocultar; si no fuera así, no habrían incurrido en esas inconsistencias de la manera que lo hicieron. Ese es un elemento adicional que, desde nuestro punto de vista, debería llevar que se citen a estas personas a indagatoria”.
A 20 años de la muerte del soldado Ramírez: “Hay testigos que saben lo que pasó”
Judiciales
Crimen del penitenciario Argüello: preventiva para la hermana y la pareja
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
Judiciales
Passalacqua propuso al fiscal Andrés Poujade para integrar el STJ
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Judiciales
Un misionero prófugo y dos detenidos en causa federal por tráfico de éxtasis
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.

El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
Cayó gendarme que fue a retirar 18 kilos de éxtasis enviados desde Misiones
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