Provinciales
Plantean nota de queja tras concurso de residencias médicas en Posadas
Una psicóloga posadeña presentó ante el ministerio de Salud de la provincia una extensa nota de reclamo, aduciendo irregularidades en el proceso de evaluación de postulantes para residencias médicas y solicitando una nueva entrevista final con el comité, señalando además que la designación de una de las profesionales podría incurrir en un conflicto de intereses.
La presentación fue realizada el 26 de agosto, cumpliendo los plazos previstos por la ley provincial XVII-75/2010 del sistema de residencias médicas, aunque ya obtuvo respuesta negativa por las autoridades intervinientes.
La nota, a la cual tuvo acceso La Voz de Misiones, fue realizada por una psicóloga con tres años de experiencia en casos clínicos de salud mental y trabajos de investigación realizados en la materia.
En dicho documento, la joven pidió una nueva entrevista con el comité evaluador, al considerar que la nota recibida en ese ítem particular influyó en una considerable baja de su nota final, lo que le impidió quedar en los mejores puestos del orden de mérito, situación diametralmente opuesta a otra postulante.
En su escrito, la psicóloga planteó que ella obtuvo la calificación más alta (8,16) en la prueba de conocimientos, el examen más valioso del concurso, en tanto que en la entrevista con el comité evaluador obtuvo la más baja (0,5), mientras que su inmediata competidora experimentó un escenario opuesto: obtuvo 5,5 puntos en la prueba de conocimientos y 3 en la entrevista.
Con esas calificaciones, además de las notas obtenidas en los otros ítems contemplados para la evaluación integral, la apelante acabó el concurso con un promedio que, por una diferencia de milésimas, la ubicó en el tercer puesto, lo que le impidió acceder a las dos vacantes de residencias en juego.
“La postulante (se preserva identidad) apenas demostró conocer apenas el 55% de los contenidos del examen de conocimiento. No llegó siquiera a cumplir los estándares más básicos de cualquier institución educativa (nota 6). Entonces, cabe preguntarse como es posible la obtención del puntaje más alto en la entrevista si ha quedado demostrado no poseer los conocimientos para el cargo y a la inversa, cómo se explica que yo, habiendo demostrado el conocimiento de más del 80% de los contenidos, haya sido ponderada con solamente 0,5 puntos en la entrevista”, postuló la psicóloga.
“Lo que sucedió no se comprende, pero parece evidente que se manipularon las calificaciones para subir el promedio de una y bajar el de otra, porque de otra forma los números no le alcanzaban a la postulante finalmente elegida”, especuló una fuente consultada.
Más reclamos
Como otro agravio, la profesional expuso que la postulante electa además se trata de una psicóloga recibida en diciembre de 2023 y sin experiencia laboral de ningún tipo hasta el momento.
“De nuevo me pregunto, qué fue lo que el Comité valoró para ponderar a una persona sin conocimientos demostrados en la prueba de oposición y sin la experiencia de quien ha transitado el duro y complejo mundo clínico y laboral para calificarla con la nota más alta posible para ese ítem”, interpeló.
Pero eso no fue todo, la apelante también planteó la posible existencia de un conflicto de intereses en el caso, dado que advirtió que la joven designada además es pareja de un funcionario de alto rango dentro del sistema de salud pública.
“Es de público conocimiento que la postulante (…) tiene una relación de pareja con el Director Provincial de Salud Mental, lo que de ninguna manera puede ni debe ser pasado por alto, más aún, contextualizando dicha relación de pareja en conjunto con todos los ítems expuestos en el presente escrito”, expuso.
Y añadió: “No es mi intención inmiscuirme sobre dicho asunto, pero resulta imposible no tener en cuenta dicha dimensión en este asunto siendo yo una persona que no cuenta con lazos de ningún tipo con ninguna de las personas encargas de las diferentes instancias evaluativas asegurando fehacientemente que todo lo logrado ha sido mérito propio por amor a la profesión que ejerzo y busco ejercer bajo los estándares de la más rigurosa ética”.
Como cierre, la psicóloga plantea: “Solamente pido que se asegure mi derecho a obtener una nueva entrevista ante un comité integrado completamente diferente, pero fundamentalmente imparcial, que el mismo pueda ser grabado y en compañía de un letrado que me represente y defienda y que sea desarrollado ante su presencia, el director de recursos humanos del ministerio, la directora de residencias médicas del Hospital Madariaga, la presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia, o quien usted considere pero que no haya integrado el comité anterior, ni mantenga relación alguna de amistad o enemistad ni de ninguna índole con los concursantes”.
Sin embargo, la nota ya tuvo respuesta negativa por parte de las autoridades pertinentes y la residencia en el hospital Ramón Carrillo ya comenzó con las actividades.
“El sueño de ella ya está terminado, pero la injusticia que atravesó no debería volver a repetirse. Sabemos también que el ministro no tiene nada que ver, esto lo hace gente de más abajo, pero estaría bueno que sea un llamado de atención o que sirva de alerta”, reflexionó un allegado a la profesional.
Provinciales
Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio
La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico.
Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.
También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio.
“Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita.
Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.
El caso
La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos.
Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.
La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha.
“La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.
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Provinciales
Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus
El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.
Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.
“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.
Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.
Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.
El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.
En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.
Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.
Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.
Provinciales
Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500
Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.
El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.
En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.
“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.
En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.
Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.
Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.
Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande
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