Judiciales
Un policía ubicó a Rosa cerca de la cancha donde apareció sin vida en Garupá
Otro investigador de la Unidad Regional X de la Policía de Misiones declaró esta mañana en la cuarta audiencia del juicio oral por la muerte de Mirta Rosa (47) y ubicó a la mujer en inmediaciones a la cancha del barrio Los Potrillos, lugar donde posteriormente fue hallada sin vida, con un golpe en la cabeza y estallido de vejiga.
El testigo, el único de la jornada, se trató del sargento ayudante Adrián Roberto Borda, quien al momento del caso era integrante de la Brigada de Investigaciones de la UR X y el día del hecho integraba una patrulla que realizaba operativos de civil en el barrio Los Potrillos junto a sus camaradas Emilio Broemser y José María Bernal, quienes declararon ayer.
Y la declaración de Borda se dio en bastante sintonía a la de sus antiguos compañeros, ya que estuvo caracterizada por olvidos, imprecisiones y datos que no encontraban sustento en los libros de guardia incautados en el marco de la causa.
Sin embargo, hubo un punto de su testimonio que sí tomó relevancia y fue cuando las partes, tanto el fiscal Vladimir Glinka como los defensores particulares José Luis Rey, por el imputado Albino Rotela (43), y Mónica Olivera, por Aldo Villalba (37), le solicitaron que recuerde sí vio a la víctima deambulando por Los Potrillos, tal como sostuvieron sus compañeros un día antes y como él mismo declaró en etapa de instrucción.
En esas circunstancias, Borda, con asistencia del fiscal Glinka, se apoyó en un mapa digital y sostuvo que ese tarde del 14 de febrero de 2013 él estaba de operativo por el barrio junto a sus compañeros de la brigada y un detenido hasta que en inmediaciones a la cancha del barrio Los Potrillos (ahora desaparecida) “vi a la señora como yendo como hacia Piedras Blancas”.
“Le vi poco y nada. Vi que tenía una fisonomía femenina”, añadió cuando el fiscal ahondó sobre esa arista, dejando un manto de duda sobre su palabra, pero luego la abogada Olivera leyó la declaración brindada por el uniformado durante la etapa investigativa, donde indicó haber visto a una persona “deambulando”, a la cual luego “reconoció” como Mirta Rosa.
“Si es mi firma, sí”, ratificó Borda respecto al contenido de esa declaración incorporada al expediente.
Rotela -a la izquierda- era el chofer del patrullero que levantó a Mirta Rosa el 14 de febrero de 2013.
Libros de guardia, otra vez protagonistas
En el transcurso de su testimonio también fue interpelado en varias oportunidades por el fiscal Glinka respecto al accionar de la patrulla que integraba ese día y los asientos registrados en los libros de guardia, dada las contradicciones detectadas entre esos informes y el relato de los uniformados.
Es que en los libros de guardia consta que la patrulla de Borda, Bernal y Broemser supuestamente salió a las 15.30 hacia el barrio Madariaga y regresó a base a las 21.30, pero en realidad todo indica que estuvieron de recorridas por el barrio Los Potrillos junto a un detenido en horarios aproximadados al momento del hallazgo del cuerpo sin vida de Mirta Rosa, quien ese mediodía subió a un patrullero de la comisaría Quinta y nada más se supo de ella hasta la aparición de su cadáver.
En ese patrullero de la Quinta iban Villalba y Rotela, los ex policías ahora imputados por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte”.
En su alegato de apertura, desplegado el jueves pasado en el inicio del juicio, el fiscal Glinka adelantó que una posible hipótesis defensiva apuntaría a echar responsabilidades o al menos elevar sospechas hacia el accionar de los integrantes de la brigada.
En varias instancias del juicio ya se ventilaron detalles del careo realizado durante la etapa de investigación entre Villalba y los policías de la Brigada, dado que en su momento el ex policía imputado declaró que oyó a Borda decirle a Bernal “viste chiquito, la asustaste feo a la señora”. Todos los miembros de investigaciones negaron esa conversación.
El sargento Borda frente a los libros de guardia observados por sus irregularidades.
A la espera de “Chinito”
Por lo pronto, tras la declaración de Borda el juicio pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, ocasión para cual fueron citados al menos tres testigos más, entre los cuales se encuentra alias “Chinito”, el joven que ese día estaba detenido fue sacado de la Quinta por los efectivos de la Brigada para que ir a “buscar elementos robados” al barrio.
Su testimonio fue solicitado con insistencia por el fiscal Glinka, quien considera clave la información que el joven pudiera aportar, por lo cual el Tribunal Penal Dos ordenó que muchacho sea buscado por la fuerza pública para que comparezca a declarar.
El debate tiene previsto continuar hasta el viernes, jornada en la cual podrían desarrollarse la ronda de alegatos y posiblemente haya dictado de sentencia.
La muerte de Mirta Rosa se registró el 14 de febrero de 2013. La mujer, docente jubilada con esquizofrenia, salió de su casa y llegó deambulando a la vivienda de una familia que la asistió y pidió asistencia de la Policía.
Tras ese pedido, al lugar arribó una patrulla de la comisaría Quinta integrada por Villalba y Rotela, quienes subieron a la mujer al móvil y nada más se supo de la víctima hasta el hallazgo de su cadáver a varias cuadras de allí.
Aldo Villalba era el encargado de la patrulla que intervino tras el llamado de la vecina que auxilió a Rosa.
Qué pasó en el medio es lo que se intenta determinar en el juicio oral que comenzó el jueves de la semana pasada y se desarrolla en la sala de debates del Tribunal Penal Dos, presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por César Yaya y Fernando Verón, por subrogancia legal.
Según la autopsia, Rosa falleció como consecuencia de un traumatismo craneofacial asociado a un estallido vesical. Posteriormente, su cuerpo llegó a la morgue judicial con lesiones como desprendimiento de piel en varias zonas que no tenía al momento del examen médico realizado en la escena del hallazgo.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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