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Criptoempresa dice que generará U$S 7 millones al año en bonos verdes misioneros

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La criptoempresa Green Bond Meter (GBM), que apareció en escena a principios de 2021, continúa explotando un campo de unas 25.000 hectáreas en la localidad de San Pedro, al cual pretende convertir en un reservorio de dióxido de carbono con el cual poder emitir y vender bonos verdes en el mercado internacional.

Ahora, desde el conglomerado empresario estonio-argentino-uruguayo realizaron un informe de avance para sus inversores, al cual tuvo acceso La Voz de Misiones.

En el documento, aseguran que “estamos cuidando el predio y, gracias a eso, hace casi dos años que el campo está libre de incendios, motosierras, camiones y tractores que tan frecuentes eran en la zona”, le dicen a quienes depositaron su confianza en el emprendimiento.

Asimismo, sobre los estudios previos de medición de carbono que se deben realizar y certificar para poder emitir y vender un bono verde, GBM explicó que “pudimos completar el segundo inventario de biomasa forestal y el tercer inventario de fauna”.

En este sentido, agregaron que, a través de la primera medición, pudieron calcular una captura de 51 toneladas de dióxido de carbono por hectárea: “Esto nos permite establecer, en un escenario conservador, una absorción de 14,11 toneladas por hectárea, lo que equivale a 342.000 créditos de carbono en todo el predio”, calcularon.

De esta forma, si se tiene en cuenta un valor promedio de 20 dólares la tonelada de carbono en el mercado internacional -según datos del Banco Mundial-, esto quiere decir que se trata de un negocio de unos 7 millones de dólares anuales.

“Gracias a este último inventario de fauna, encontramos 3 nuevas especies de aves que no habían sido avistadas hasta el momento (chimango, águila negra y naranjero)”, se alegraron desde GBM y agregaron: “Detectamos la presencia de algunas especies, como yaguaretés, pumas, ocelotes, tiricas, zorros de monte, aguarás popé, yacutingas, loros vinosos, entre otros”.

Sobre sus acciones en pos del aumento de la masa boscosa del campo en el Norte misionero, expusieron que, en marzo de 2022, “realizamos un ensayo en el cual plantamos 83 ejemplares de caroba, loro negro y cañafístula, de los cuales el 86% sobrevivió a las heladas del invierno”.

En tanto, sostuvieron que llevan a la fecha “más de 360 kilómetros de tareas de limpieza y reparación de caminos en la selva, que nos resulta de vital importancia para prevenir intrusiones para caza y tala furtiva y para vigilar zonas con alto riesgo de incendio”.

Según dijeron, el ensayo “nos permitirá iniciar la restauración en 2023, en la cual plantaremos más de 100.000 ejemplares”.

Para cerrar el breve informe, que no dio demasiados detalles, la firma explicó que el proceso de certificación en campo será realizado por “terceras partes que definirán la cantidad total de créditos de carbono que serán emitidos”.

En el mercado internacional, la empresa Verra es la certificadora más importante de estándares de carbono. Sin embargo, a pesar de que GBM aseguraba trabajar junto a ellos en la verificación de su campo en San Pedro, ante la consulta de LVM en la oportunidad, la organización ambiental se desligó de las acciones realizadas por la criptoempresa.

No obstante, los empresarios continuaron con sus mediciones en campo y con presentaciones en los más importantes foros del país, como el Espacio BitCoin de Buenos Aires, donde realizaron el lanzamiento oficial del negocio, en junio de este año.

Los criptonegocios de la selva

En 2021, la llegada de GBM a Misiones coincidió con el anuncio de que el gobierno provincial, a través del Ministerio de Cambio Climático, avanzaba en acuerdos con la empresa suiza Mercuria para la venta de bonos de carbono de la selva misionera.

Pero en medio de esas conversaciones, la empresa extranjera lanzó un mecanismo que, en el mundo de las criptomonedas, se conoce como ICO (siglas en inglés para Oferta Inicial de Monedas), una operación que utiliza activos digitales para financiar proyectos empresariales.

Para concretar el negocio, le alquiló el predio en cuestión a la maderera Forestal Belga, cuyo gerente general es Guillermo “Memo” Videla, quien ahora forma parte del staff de GBM como jefe de operaciones en campo.

Siguiendo ese modelo, crearon la GBM Coin, un token que especuladores e inversores pueden comprar con dinero tradicional u otras criptomonedas a un valor inicial de U$S 1,09.

A su vez, una unidad de GBM Coin equivale a 1 metro cuadrado del campo mencionado, aunque aclaran que no existen propietarios de la tierra, sino que, al adquirir una unidad de la moneda virtual, los usuarios acceden al derecho a exigir la preservación, restitución, remediación y restauración del capital natural de 1 metro cuadrado de sumidero de carbono.

El objetivo final consistía en que, en el plazo de un año -el cual ya se cumplió- se pueda medir el capital natural y asignarle un valor a cada metro cuadrado, lo cual permitiría la emisión del GBM Bono, un activo de carbono que los tenedores de GBM Coin podrán comprar al 50% del valor antes de su salida al mercado, y que después podrán comprar y vender a su gusto.

Esa emisión es proyectada por la criptoempresa para 2023. El bono se renovará anualmente, a la par de la medición correspondiente que actualice el precio del metro cuadrado. Ese proceso se repetirá a lo largo de 100 años -la vida útil de la criptomoneda-, tras lo cual GBM promete donar las tierras al Estado para la creación de una reserva pública.

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Murió Elecha, una histórica yaraguareté de la selva misionera

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Elecha yaguareté

El Ministerio de Ecología informó el fallecimiento de Elecha, una hembra de yaguareté monitoreada en la zona de Puerto Esperanza, cuyo seguimiento formaba parte de las tareas de conservación de la especie en la selva misionera.

Según informaron desde la cartera, el alerta se activó a partir de la señal emitida por el collar satelital que el ejemplar portaba desde el año pasado, lo que permitió una rápida intervención conjunta de técnicos del Proyecto Yaguareté y guardaparques provinciales.

Tras el hallazgo, se realizaron pericias y una necropsia en Güirá Oga, donde se determinó que la causa de muerte fue una infección generalizada derivada de heridas compatibles con el ataque de otro felino, ante lo cual quedó descartada la intervención humana en el fallecimiento del animal.

Desde el equipo técnico precisaron que Elecha fue registrada por primera vez en 2014 y tenía al menos 16 años, una edad considerada avanzada para la especie, y que durante más de una década fue uno de los ejemplares monitoreados dentro del corredor verde misionero, aportando información clave para las estrategias de conservación del yaguareté en la provincia.

A lo largo de su vida Elecha tuvo varias camadas, entre ellas Ararokái, su descendencia más directa, quien continuará su legado en la selva misionera.

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La Justicia Federal ordenó frenar trabajos de refulado en la Isla del Medio

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La Justicia Federal ordenó frenar trabajos de refulado en la Isla del Medio

El Juzgado Federal de Posadas hizo lugar a una medida cautelar de no innovar en el marco de una acción de amparo ambiental y ordenó suspender las obras de refulado de arena en la Isla del Medio, en el río Paraná.

La resolución se dictó en la causa iniciada por la Asociación Civil Orembaé, a través de su apoderado legal Martín Ferroni, que tenía como objetivo frenar las trabajos de relleno, movimientos de suelos y disposición de materiales no autorizados, como la utilización de neumáticos en desuso, que amenazan el ecosistema del Río Paraná.

En la demanda, la ONG planteó que las intervenciones se realizan sin contar con estudios de impacto en el ambiente ni la correspondiente  Declaración de Impacto Ambiental (DIA), requisitos exigidos por la legislación vigente.

En tanto, el fallo señala que existen elementos que acreditan, de manera preliminar, la ejecución de obras en la isla sin los procedimientos ambientales obligatorios, lo que “constituye” una situación de “ilegalidad manifiesta”.

Además, el juzgado evaluó la existencia de riesgo de daño ambiental y la posibilidad de que los efectos sean de difícil o imposible reversión, por lo que consideró cumplidos los requisitos para dictar la medida cautelar de No Innovar solicitada por Orembaé.

La resolución dispone mantener el estado actual de la Isla del Medio hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión y ordena a la Prefectura Naval Argentina (PNA) a realizar tareas de control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la medida.

Asimismo, la decisión alcanza a la Asociación de Protectores de la Isla del Medio (Apim) y a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a quienes son atribuidas las obras cuestionadas y que deberán ser notificadas formalmente.

La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas.

“Esta resolución representa un resguardo fundamental al derecho de participación ciudadana frente a la arbitrariedad de las vías de hecho”, sostuvo el abogado Martín Ferroni, en un comunicado de la ONG tras conocerse el fallo judicial.

Y añadió: “El juzgado ha sido categórico: no se puede excluir a la comunidad de la gestión de un ecosistema que nos pertenece a todos, como el Río Paraná, ni avanzar con obras que eluden las instancias obligatorias de audiencia pública y fiscalización social”.

Sobre la irreversibilidad de las trabajos que se realizan en la Isla del Medio, Ferroni apuntó: “Cada día de obra consolidaba un daño que sería técnica económicamente imposible de deshacer. El principio precautorio nos permite hoy actuar antes de que el perjuicio sea irreparable”.

También destacó quela resolución es un “acto de justicia ambiental que antepone la protección del patrimonio común a cualquier formalismo procesal”.

FALLO CAUTELAR OREMBAE

ONG acciona contra Ecología por posible daño ambiental en la Isla del Medio

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Clarisa Neztor, la activista detrás de las pintadas en Misiones

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Clarisa Neztor

Clarisa Neztor se hizo cargo de las pintadas realizadas en la Casa de Gobierno y en la fachada de la Legislatura de Misiones. Según relató, el hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, entre la 1 y las 2, e indicó que tras la acción fue ubicada por la Policía y notificada de una causa por “daños”.

En comunicación con La Voz de Misiones, la activista se identificó: “Sí, soy yo, Clarita. Soy activista socioambiental y estudiante avanzada de ingeniería ambiental y lucho por la defensa del agua desde siempre”.

Sobre lo ocurrido, explicó: “Lo que hicimos fue vincular con aerosol la Casa de Gobierno con mensaje muy claro, sin ofensa, sin agresión. Los mensajes son muy claritos: ‘La ley de glaciares no se toca, los glaciares no se venden’”.

La activista cuestionó el modo en que se presentó el hecho en distintos medios como un acto de vandalismo. “Esto no es una vandalización, esto es una defensa por el agua”, sostuvo y agregó que la intervención buscó visibilizar una problemática: “Pintar una pared luego se tapa, pero los glaciares destruidos no”.

Clarisa integra el movimiento “Rebelión o Extinción” (Extinction Rebellion), una red internacional que impulsa acciones de presión pública bajo el enfoque de la acción directa no violenta”.

Clarisa se presentó como activista socioambiental y estudiante avanzada de ingeniería ambiental.

También señaló que la acción fue en consenso y en simultáneo en otros puntos del país. “Fue una decisión en general. Nos basamos en la acción directa no violenta para ejercer presión y que los políticos se pongan a la altura de la crisis hídrica, climática y ecológica”, añadió.

Si bien en su relato utiliza el plural al referirse a la acción, y según fuentes de la investigación también se sospecha de la participación de dos mujeres y un hombre, la entrevistada se responsabilizó por lo ocurrido y sostuvo que fue ella sola quien realizó las pintadas.

Respecto a los motivos, sostuvo que la medida responde a la falta de respuestas institucionales: “Uno presenta una nota en todos los ministerios, en la casa de gobernación y en la legislatura y jamás tuve ninguna devolución”. En esa línea, indicó: “Lo que hice fue de alguna manera visibilizar y responsabilizar a los senadores y a los diputados”.

En su planteo, también apuntó contra los legisladores nacionales de Misiones por su voto positivo. “Los tres senadores de Misiones, (Sonia) Rojas Decut, (Carlos) Arce y (Martín) Goerling, votaron a favor de la reforma de la Ley de Glaciares”, y agregó “los misioneros no saben lo que los políticos de Misiones votan en el Congreso”. En esa línea, sostuvo que su accionar buscó “visibilizar y responsabilizar” a quienes acompañaron la iniciativa.

Daño

En ese marco, y según lo trascendido, por orden del magistrado interviniente, Clarisa Neztor fue notificada formalmente por la Policía y se realizó en el marco de una causa penal por el delito de “daño”.

En relación a lo sucedido el día después de las pintadas expresó que “me tuvieron ahí como tres o cuatro horas detenida en la calle. No me dejaron llamar a mi abogado, no me dejaron llamar a nadie y eran todas personas de civil, solo uno me mostró la placa de policía”.

“Tengo una causa. Me dijeron que esto va a ir a juzgado y el juez va a dictaminar si soy culpable o inocente”, además expresó: “Me hicieron firmar una nota que no me dejaron ni leerla”.

La activista reivindicó su accionar. “Esto no es una vandalización, esto es una defensa por el agua. Pintar una pared luego se tapa, pero los glaciares destruidos no”.

Actualmente, señaló que se encuentra fuera de la provincia: “Ahora me volví a Buenos Aires porque me estoy por recibir. Tengo miedo de estar en Misiones”.

De Posadas al activismo ambiental

Clarisa Neztor tiene 36 años, nació en Posadas y residió en la provincia durante gran parte de su vida. Su trayectoria está vinculada a causas ambientales y a la participación en asambleas y acciones públicas junto a comunidades locales, incluyendo reclamos vinculados al uso del suelo y el impacto de actividades productivas.

Se formó en el ámbito de la ingeniería, primero en la orientación química en Misiones y luego en el área ambiental y desarrolló un perfil ligado a la investigación y al estudio de problemáticas climáticas. Desde joven mostró interés por temas vinculados a la naturaleza y el ambiente, incluso participando en espacios de comunicación y divulgación.

Además de su actividad como activista, también desarrolla actividades artísticas, vinculadas principalmente a la pintura de paisajes. En su recorrido, combinó instancias de formación autodidacta con participación en organizaciones ambientales.

Su participación en acciones públicas incluye intervenciones en espacios urbanos, manifestaciones y actividades de visibilización de problemáticas ambientales tanto en la provincia como a nivel nacional.

El video y el argumento

La organización ambientalista Rebelión o Extinción difundió un video donde se observa el momento en que Clarisa Neztor, quien ya había asumido públicamente la autoría, realiza pintadas en la Casa de Gobierno y en los ventanales de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones.

El material, publicado en formato reel en Instagram, muestra a la activista durante la acción y refuerza su pertenencia al espacio. Según había expresado previamente, el hecho forma parte de una serie de intervenciones impulsadas por la organización en distintas provincias del país, en el marco de acciones de visibilización ambiental en repudio a la reforma a la Ley de Glaciares.

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