Nacionales
“A seis meses de aprobada la ley, no hubo una sola muerte vinculada al aborto”
Tras cumplise medio año de la legalización del aborto en Argentina, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Goméz Alcorta, habló sobre la implementación de la IVE y sostuvo: “No hubo una sola muerte vinculada al aborto en estos 6 meses”.
El pasado 30 de diciembre del 2020, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en el país, con 38 votos a favor y 29 en contra.
A medio año del hecho historico, Goméz Alcorta habló sobre la conformidad con la aplicación de la ley en todo el territorio nacional: “Hoy son 6 meses de la ley de Aborto. Estamos conformes con su puesta en vigencia en todo el país, no hay ninguna provincia donde no funcione. Del 30 de diciembre, donde había 970 efectores que hacían la IVE, hoy tenemos 1.154, es decir, que hoy tenemos 200 lugares más de la salud pública”, dijo en diálogo con el medio El Destape Radio.
La ministra explicó que desde el Ministerio de Salud se están encargando de gestionar los lugares donde se lleva adelante la práctica.
“Por un lado, suministrar y, por el otro, asegurar que haya más lugares en pueblos o en ciudades más pequeñas, porque también el acceso a la práctica es que sea donde vivo”, puntualizó.
En esa línea, la funcionaria sostuvo: “Hemos tenido más de 30 acciones judiciales que intentaron que no se aplique la ley de aborto. Hay denuncias porque a veces no se da la medicación completa o se demora la atención para el IVE”.
Y remarcó: “No hubo una sola muerte vinculada al aborto en estos 6 meses. Es muy contundente”.
Acceso al derecho
Por su parte, Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, reafirmó la postura de Alcorta y confirmó que se llegó al primer semestre de la ley “con buenas noticias”, en entrevista con Télam.
Además, la directora puso en valor el Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, oficializado el pasado 28 de mayo.
El protocolo brinda a los entes de salud pública herramientas para llevar adelante la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), hasta las 14 semanas de gestación, y también para la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
En esa línea, Isla dijo: “Hay insumos disponibles en los centros de salud para realizar la práctica. Hay más de 1.100 equipos de salud en todo el país que la garantizan”.
Y agregó: “Estamos realizando capacitaciones para todas las provincias para ampliar el número de profesionales que garanticen la práctica”.
De acuerdo a la implementación de la reciente ley, la funcionaria informó que, durante el primer semestre 2021, se distribuyeron 15.445 tratamientos de misoprostol y “se iniciaron dos procesos de compra”, uno al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y otro al Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe (LIF) “por un total de 100.000 tratamientos de Misoprostol 200 mcg”.
Por otra parte, Isla confirmó que desde diciembre se recibieron “más de 7.700 consultas” al 0800-222-3444 – línea telefónica nacional, gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva- sobre acceso al derecho.
Caso María del Valle Gonzalez López
El 11 de abril, María del Valle Gonzáles López (23), oriunda de Mendoza, murió luego de una cirugía y la Justicia mendocina investiga su muerte debido a que días antes se había realizado una intervención voluntaria del embarazo.
La joven era presidenta de la Juventud Radical de La Paz, y falleció en el Hospital Perrupato producto de un cuadro de septicemia.
María se había presentado el 7 de abril al hospital público de su pueblo solicitando la práctica de la IVE. Presuntamente se le suministro misoprostol, según informaron medios locales.
Dos días después, la joven se sintió mal por lo que fue ingresada en el nosocomio, donde estuvo internada un día y al siguiente falleció.
Tras su muerte, se abrió una investigación judicial en el Este mendocino, para averiguar el motivo de la muerte de la joven y si no se trataría de una mala praxis.
Nacionales
Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
Nacionales
La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
Nacionales
Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy
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