Provinciales
Yerbateros acampan en ATM, en Oberá y planean tractorazo en Posadas
Productores yerbateros provenientes de distintos puntos de la provincia cumplen su segundo día en las instalaciones de la Agencia Tributaria Misiones (ATM), lugar al que arribaron con camiones, camionetas y tractores en busca de respuestas por parte del Gobierno y la industria, ante la incesante caída del precio de la hoja verde.
En el puesto ubicado sobre la ruta 14, antes del cruce Centinela, en el límite con Corrientes, la metodología de protesta habría incluído el bloqueo momentáneo de casillas. Al caer la noche, un numeroso grupo de productores decidió quedarse en el lugar para pernoctar y aguardan la llegada de más personas para relevar a quienes permanecen durante varias horas.
Los referentes del sector que provienen de la zona norte de la provincia, denominados “Productores Autoconvocados”, emitieron un comunicado a través de WhatsApp en el que solicitan, de manera urgente, la intervención por parte del Gobierno de la Provincia de Misiones con industrias “para llegar a un acuerdo sobre el precio de la materia prima de cara al inicio de la zafra 2025”.
Y añadieron: “Que el Gobierno Provincial gestione un mecanismo autóctono para preservar y garantizar el precio de la hoja verde a la cadena primaria, así garantizando que todos los involucrados en dicha cadena puedan acceder a un precio digno por su trabajo”.
De la zona centro a la Capital
En consonancia con las medidas de fuerza activas en San José y otros puntos de la provincia, en la Capital del Monte, los colonos de Zona Centro realizaron una asamblea en el cruce Karaben, por ruta 14, donde decidieron iniciar un acampe permanente, prohibiendo la circulación de yerba mate.
De no obtener respuestas, planean un posible tractorazo hacia la Plaza 9 de Julio de la capital, en el marco del plan de lucha provincial.
Asamblea de productores yerbateros en el cruce Karaben sobre ruta 14 en Oberá.
La asamblea en el mencionado cruce fue definida el viernes pasado, cuando alrededor de 40 yerbateros de Oberá se reunieron frente a la rotonda de acceso al Parque de las Naciones, para plantear inquietudes y posibles soluciones a la crisis económica que atraviesa el sector.
El reclamo del conjunto de productores es lograr una pronta respuesta, por parte de las autoridades, y exigir a las industrias el pago mínimo de $462 por kilo de hoja verde, ante la caída de precios que impulsó la desregulación del mercado y la eliminación de potestades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), a través del decreto 70/2023.
Productores yerbateros de zona centro organizan plan de lucha provincial
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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