Provinciales
Sin acuerdo del Ftel, gremios docentes firmaron 4% de aumento para septiembre
Hoy martes desde las 11, la mesa técnica salarial entre el gobierno educativo y la mesa unificada se reunió a fin de acordar el aumento salarial de un 4% al básico y la mínima provincial desde septiembre. En este marco, los gremios UDPM, Sidepp y Amet firmaron la paritaria, mientras que los integrantes del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL), UDA, Sadop y Semab no suscribieron al acta y pasaron a cuarto intermedio.
El encuentro duró más de cuatro horas de discusión, argumentación y debate hasta que finalmente, con lo trabajado previamente por los grupos técnicos, funcionarios del Ministro de Hacienda y el Gobierno, quedó sentado por acta que el básico desde agosto se elevará a $132.000,77 y el mínimo -para el cargo maestro de grado con cero años de antigüedad- pasará a 500 mil pesos.
Cuadro de simulación del acuerdo salarial acorde a la antigüedad
Otro punto del acta estableció que la Garantía Provincial Docente para septiembre incluirá el Fopid y adicional por pasaje, dejando por fuera la zona.
Al finalizar el encuentro, el ministro de Educación, Ramiro Aranda, anunció a través de su cuenta de “X” que el próximo viernes 20 de septiembre abonará el Fonid y suplementarias.
— Prof. Ramiro Aranda (@LicRamiroAranda) September 17, 2024
Además de Aranda, de la reunión participaron la presidente del Consejo General de Educación, Daniela Cristina López; la ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez; el ministro de Hacienda, Adolfo Safran y el director Ejecutivo del SPEPM, Luis Bogado.
Ftel en desacuerdo
Los gremios UDA, Sadop y Semab CEA rechazaron el aumento por lo que no firmaron el acta al considerarla “insuficiente”. En principio, el aumento promedio fue calculado en 4,8% para el cargo de maestro de grado, por lo que pasaron a cuarto intermedio.
A través de un comunicado firmado por Autoconvocados 100% y Autoconvocados de Siempre, expresaron que “los porcentajes otorgados siguen siendo insuficientes, considerando que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) supera el millón de pesos”.
Por otro lado, solicitaron que lo ofrecido por el gobierno “llegue a los jubilados docentes dentro del mismo mes en que se otorga el aumento”.
Tras el rechazo del aumento de 4%, acordaron un cuarto intermedio hasta la primera semana de octubre y la fecha para la próxima reunión será el lunes 7 de ese mes.
Durante ese encuentro tratarán la incorporación como bonificable del Adicional remunerativo del Fopid, un adicional para los docentes del Spepm que prestan servicios en las escuelas EFA con permanencia nocturna.
Además, propondrán incorporar el concepto 846 Adic Dto 146/21 Adicional para cargos MET/MEP a los cargos restantes de los docentes de las escuelas agrotécnicas 2050, 2054, 2066 al 2073, 2078 y 2079 y docentes de las Escuelas EFA, incorporar los conceptos 815 y 847 a los secretarios y orientadores de escuelas agrotécnicas, incrementar el concepto 889 y 920 que sean liquidados como prolongación de jornada a los que perciben actualmente y el adicional de tarea riesgosa para las Epja.
También se analizará que el adicional 923, por material didáctico y tecnológico; y el adicional 960 de movilidad, queden excluidos del Regulador Salario Mínimo Provincial. Por último, tratarán el recálculo de la liquidación pendiente de julio del concepto 829 para las Escuelas EFA.
Finalmente, para el 26 de septiembre fue fechada la mesa técnica de titularización.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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