Provinciales
“Queremos que la cuestión ambiental sea eje de la hidrovía”
“Somos una provincia que tiene mucho para aprender en materia de manejo de los puertos, pero que tiene mucho para enseñar en manejo y conservación del medioambiente”, lanzó el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, durante el primer Consejo Federal de Hidrovía, que se realizó este lunes en Rosario.
Allí, junto a los representantes de las otras seis provincias que conforman el consejo –Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa y Santa Fe-, el mandatario misionero comenzó destacando que “es histórico para la provincia de Misiones estar incluida dentro de la hidrovía federal”.
En el encuentro, que forma parte del Plan de Modernización del Transporte que el gobierno nacional implementa en todo el país, se comenzaron a analizar los detalles acerca del llamado a licitación internacional de la vía fluvial Paraná-Paraguay, cuya concesión concluirá luego de 25 años en manos de un consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa SA.
Hidrovía sustentable
En su intervención, Herrera Ahuad hizo hincapié en lo que, según entiende, “es una cuestión muy importante para mi provincia y para la Argentina”, es decir, “el medioambiente como un valor agregado de la economía”, sostuvo.
“Estamos ante una oportunidad histórica de desarrollar un modelo económico sustentable”, agregó el gobernador y resaltó: “Comenzamos a transitar un tiempo de aprendizaje de lo que significa generar un movimiento económico trasladado desde las rutas hacia el río, muy importante en lo que significa para las provincias que están alejadas de los grandes puertos en materia económica”.
De acuerdo a la postura de Oscar Herrera Ahuad, el desarrollo federal de la hidrovía “no es solamente una cuestión económica”, sino que “para nuestras provincias constituye una enorme oportunidad de un desarrollo sustentable de nuestras vías”, destacó el mandatario, celebrando, en este sentido, la participación del Ministerio de Ambiente de la Nación.
En este sentido, subrayó que “son fundamentales los estudios de impacto ambiental en lo que ya está y en lo que se viene de las nuevas obras del proceso de inversión”, se posicionó e indicó: “Despierta una gran oportunidad para nosotros de un esquema de financiamiento que pueda garantizarnos nuevos ecosistemas en materia medioambiental, sea, podemos pensar en un desarrollo integral de la hidrovía”.
Como proyecto para el nuevo camino que se inicia, el gobernador de Misiones propuso “trabajar en nuevas áreas ambientales protegidas a lo largo de toda la hidrovía” y reforzó la idea de que “la cuestión ambiental sea eje, sujeto y objeto de las grandes discusiones que tenga la hidrovía”
Además, la situación geográfica de la tierra colorada, bordeada por los ríos Iguazú, Paraná y Uruguay, y regulada por represas “hacia arriba y hacia abajo de la provincia”, donde se conserva el 5% restante de la selva paranaense, hace necesaria la implementación de estudios de impacto: “Considero que trabajar en un esquema de las diferentes cuencas que se van a formar, con estudios de impacto, de referencia y evaluación ambiental estratégicos y que de esa manera podamos incorporar un esquema conjunto en todos los niveles que comparten el Consejo Federal de la Hidrovía”.
“Somos una provincia que tiene mucho para aprender en materia de manejo de los puertos, pero tiene mucho para enseñar en manejo y conservación del medioambiente”, cerró Herrera Ahuad.
En manos nacionales tras 25 años
La hidrovía, concesionada en 1995, es una vía navegable que en su tramo argentino va desde el kilómetro 1.238 del río Paraná y el kilómetro 239 del canal de Punta Indio, en el Río de la Plata, y lo que se concesiona son obras para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal.
Tras 25 años en manos privadas, la vía de navegación será gestionada por el gobierno nacional junto a las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, que firmaron el Acuerdo Federal Hidrovía el 29 de agosto pasado.
El ministro de Transporte, Mario Meoni, señaló -en declaraciones formuladas a Télam a principios de mes- que en la reunión de Rosario se coordinará “la planificación estratégica de un transporte fluvial integrado y federal”.
El presidente Alberto Fernández dijo en agosto pasado que se trata de “un canal de desarrollo para muchas provincias y para muchos productores norteños de la patria, ese Norte que sistemáticamente fue olvidado”.
Para el presidente, “ha llegado la hora de que la Argentina crezca con otro equilibrio, que el desarrollo no solo esté concentrado en el puerto de Buenos Aires, sino que se distribuya en cada lugar del país”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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