Provinciales
Piray: productores denuncian incumplimiento de expropiación de tierras a Arauco
La Cooperativa de Productores Independientes de Piray (PIP), integrantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), denunciaron el incumplimiento por parte del gobierno de la Ley provincial XXIV N.º 11 de compra y expropiación que decretaba que 600 hectáreas, que se encontraban en manos de la empresa Arauco, serían destinadas a las familias productoras de Puerto Piray.
La ley fue aprobada en el 2013 luego de incontables denuncias públicas, notas, mesas de negociación, marchas, corte de ruta, según relataron los productores a La Voz de Misiones, y las hectáreas serían entregadas en distintas etapas.
Las tierras, destinadas al autoconsumo y comercialización de alimentos, beneficiaría a más de 90 productores y productoras que se encuentran asentados sobre la ex ruta 12, donde las casas se distribuyen a ambos lados del asfalto. Las 600 hectáreas en disputa se encuentran por detrás de las viviendas.
“En el 2017 nos entregaron una primera parte, 166 hectáreas, de las cuales solo 80 son las productivas debido a que las demás son tierras donde hay humedales, pedregales, arroyos, espacios verdes, que estamos dejando”, compartió Miriam Samudio, integrante de la cooperativa PIP y delegada provincial de la organización UTT.
Además, la productora explicó que, dentro de esas 166 hectáreas que les otorgaron, “también hay más de 60 familias asentadas al borde del camino que en negociación entraron como tierras que nos entregaron, pero en realidad están viviendo otras familias y nosotros eso respetamos”.
Luego del proceso de recuperación parcial de las tierras, las familias se dedican a la producción de mandioca, zapallo, maní, hortalizas agroecológicas, entre otras.
“De las 80 hectáreas productivas, 20 estamos trabajando en forma colectiva donde tratamos de plantar producciones que vamos a comercializar, el resto intentamos distribuirlas entre las familias”, señaló la delegada provincial.
“En la hectárea familiar, cada familia decide qué semilla, qué plantar, qué comer y si le da el valor agregado o quiere comercializar, también es decisión de cada familia”, agregó.
Mares de pinos
Miriam contó a LVM que todo comenzó hace 20 años, cuando la organización estaba integrada por “un grupo de mujeres que estábamos intentando resolver la situación del día a día con nuestra familia, porque nuestros maridos, nuestros varones, nuestros papás, se tuvieron que ir de nuestra zona a trabajar a otras provincias, porque acá en nuestra comunidad llegó la empresa Alto Paraná, la cual reemplazó la mano de obra por maquinarias”.
A raíz de ello, empezaron a reunirse entre mujeres: “Nos encontrábamos en la salita de primeros auxilios, en las reuniones de la escuela, y empezamos a charlar todo lo que nos pasaba”.
“Estábamos rodeados de mares de pino de la empresa Arauco, Alto Paraná, dónde estábamos sintiendo que nos estaba afectando, no solamente en nuestra salud y la de nuestros niños, sino también en nuestro alrededor con la intoxicación de tantos agrotóxicos que derramaban en grandes cantidades alrededor de nuestras casas”, manifestó la productora.
“Nuestros hijos empezaban a enfermarse, a tener diarrea, vómitos. Algunos tenían problema para respirar, gente grande, también con bronquiolitis, asma”, añadió.
“Después, en época de floración del Pino, que larga el polen, empezaban a tener heridas, conjuntivitis y así fue como empezamos a luchar para que los pinos se retiren detrás de nuestras casas y podamos respirar aire puro y saludable”, continuo relatando Miriam.
“No existe respuesta concreta”
Respecto al estado actual de la situación, la delegada provincial de la UTT manifestó que la última respuesta que les dieron es que “cada dos años se cambia el presidente del Instituto de Fomento Agropecuario Industrial de Misiones (Ifai), entonces qué hacen, se reúnen con la empresa, realizan las negociaciones, miran el lugar, ven qué lote”.
No obstante, los productores expresaron que, luego de la entrega de las 166 hectáreas en 2013, les prometieron que el resto se haría en 5 etapas que finalizarían en 2023. Seis años después, esperan que el gobierno provincial y el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial de la Provincia de Misiones (Ifai), cumplan la ley y hagan entrega de la segunda etapa de 107 y del total, 327 hectáreas.
“Su respuesta es que se tiene que poner al día y que ya van a organizarse con el gobernador, con el Gobierno provincial, pero nunca llega la respuesta de decir ‘este año le vamos a entregar’ o’ hay que firmar algún convenio’ porque ya nos entregarían, no existe esa respuesta concreta”, sostuvo Miriam.
Los Productores Independientes de Piray advirtieron que, en caso de continuar sin respuesta, las próximas semanas demarcarán el lote que les corresponde para visibilizar el conflicto.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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