Provinciales
Para obispo de Iguazú, es “fake news” la denuncia de abuso contra Sidders
Una ex alumna del cura radicado en Iguazú lo denunció en la Justicia. En un comunicado oficial, el Obispado tranquiliza: “Tiene encomendada labores pastorales con adultos”.
La denuncia judicial por “abuso de menores” radicada esta semana contra el Presbítero Raúl Anatolly Sidders obligó al Obispado de Puerto Iguazú a romper el silencio y salir a cruce de las acusaciones contra el sacerdote que convive con el obispo local, Nicolás Baisi, en la casa de calle Guatambú 184.
Mediante un comunicado oficial, la sede eclesiástica rechazó los cargos y contratacó con vehemencia al ratificar que: “El Obispado de Puerto Iguazú -de acuerdo a la información que posee- considera que se trata de noticias falsas (fake news)”, como desconociendo la palabra de la presunta víctima.
Sin embargo, en el mensaje público firmado por el Presbítero Rolando Rodrigo Bragañolo, la Iglesia reconoce la denuncia judicial y expresa desde el primer párrafo una defensa férrea anunciando: “Que las diferencias que se puedan tener con respecto al estilo, modo de pensar o de expresarse de un sacerdote no justifican acusarlo injustamente de cualquier acción”.
Sobre el pedido puntual de la abogada Pía Garralda para que el cura Sidders sea separado de sus actividades dentro de la comunidad de Puerto Iguazú, la nota del Obispado explica que: “La denuncia no implica que el p. Raúl esté procesado, por lo cual sería imprudente adelantar juicio alguno sobre un proceso que todavía no existe”.
Para echar un manto de claridad sobre la llegada a Iguazú del cura denunciado, detallaron que: “El padre Raúl pertenece al clero de la diócesis de La Plata y presta servicios desde julio en la diócesis de Puerto Iguazú”.
Renglón seguido la nota responde a quienes se muestran preocupados por la denuncia de abuso de menores, y explican que el religioso acusado: “Tiene encomendadas labores pastorales con adultos”.
El cura Sidders, desconocido hasta ahora en Misiones, sería dueño de una personalidad frontal a la hora de confrontar ideas. En el Comunicado oficial se hace referencia en dos oportunidades a sus formas: “No hay ningún antecedente de acusaciones que comprometieran el comportamiento sacerdotal del p. Raúl en los 32 años que lleva de sacerdote, más allá de las diferencias con respecto a su modo de expresarse”.
Con una denuncia en curso en el ámbito judicial contra uno de sus colaboradores más cercanos, desde la nueva conducción del Obispado de Iguazú a cargo de Nicolás Baisi escribieron que se “recuerda a la opinión pública el principio universal de inocencia, que establece que nadie puede ser condenado sin juicio previo y que la inocencia debe presumirse mientras la justicia no demuestre lo contrario en una sentencia firme”.
DEFENSA. El comunicado de Obispado respaldando al cura denunciado por abuso.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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