Provinciales
Lo expulsaron de su chacra de Cerro Corá mientras estaba internado
Don José Correa, de 81 años, debió intervenirse en Posadas y, cuando volvió a su chacra, encontró todas sus cosas tiradas en la vereda. Hace un año vive en una tapera en Candelaria.
Hace 36 años, don José Correa andaba en búsqueda de una chacra para trabajar. Fue así que se dirigió a la Dirección de Tierras y solicitó un lote vacío.
El Estado misionero le otorgó el permiso de ocupación de una chacra de 25 hectáreas en el paraje Bella Vista, en Cerro Corá.
Don José y su esposa se instalaron en el predio y, con el correr de los años, criaron nueve hijos. Ya adultos, lo ayudaban en las labores del campo y, poco a poco, se fueron yendo a continuar con sus vidas y sus proyectos.
En ese tiempo, el Iprodha le construyó a José y su familia una vivienda digna, con conexión eléctrica y un tanque de agua elevado. Además, el trabajador alambró todo el predio con sus propias manos.
Con la ayuda de instituciones del Estado, tales como el Inti y el Ifai, don José se convirtió en productor de pino y en referente de la zona en plantaciones de frutilla.
De hecho, el esplendor de las frutillas de don José llegó inclusive a las pantallas de la televisión pública provincial.
Golpe al corazón
La salud de Don José Correa se deterioró y terminó operado del corazón e internado en el hospital Madariaga, en Posadas. Fue durante uno de esos días en reposo en la capital provincial que se concretó una amenaza que pesaba hace un tiempo sobre el hombre: lo expulsaron de su chacra.
Fue una mañana de septiembre de 2019, hace más de un año, cuando una comisión policial, acompañando a la jueza de Paz de Cerro Corá, Griselda Pereira, llegó para dar cumplimiento a una orden de desalojo impulsada por un supuesto dueño de la chacra, a quien Correa identificó como Luis Almada.
Para cuando don José salió de su internación e intentó volver a su chacra, encontró sus cosas en la vereda y ya nada le pertenecía: ni las tierras, ni la casa que le construyó el Iprodha, ni los pinos que plantó. “Perdí todo. No tengo más nada”, le confesó a La Voz de Misiones en una entrevista realizada en su precaria vivienda en Candelaria.
“Tengo una vida perdida”, dijo emocionado el anciano, que le dedicó gran parte de su vida a trabajar su chacra, a donde espera volver o, al menos, recibir a cambio algo digno para continuar con su merecido retiro.
Don José vive en una tapera hace un año en Candelaria.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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