Provinciales
La pobreza en Posadas alcanza al 37,7%, mientras que en el país es de 42%
La pobreza en Posadas alcanza al 37,7% de la población, mientras que el 5,9% está debajo de la línea de indigencia.
Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que especificó que, en el país, el segundo semestre del año 2020 cerró con un índice de pobreza del 42%, lo cual representa 6,5 puntos porcentuales por encima del 35,5% en la comparativa con igual período de 2019.
Se informó además que el índice de indigencia -aquellos cuyos ingresos no alcanzan para comprar el mínimo de comida para la subsistencia- se ubicó en el 10,5%, contra el 8% del semestre julio-diciembre de 2019.
Al cierre del primer semestre de 2020, el índice de pobreza se ubicó en 40,9%, lo que significó un incremento de 5,5 puntos porcentuales respecto al 35,4% de igual período de 2019.
En tanto, la indigencia ascendió al 10,5% al término del primer semestre, contra el 7,7% de enero-junio del año pasado.
De esta forma, en la comparación interanual, al cierre del segundo semestre de 2020, la cantidad de personas bajo la línea de pobreza creció 6,5 puntos porcentual, mientras que las personas bajo la línea de indigencia subieron 2,5 puntos porcentual.
Asimismo, con respecto al primer semestre de 2020, se registró un aumento de la pobreza (+1,1 p.p.), en tanto la indigencia se mantuvo en el mismo valor para el conjunto de la población cubierta por la encuesta del Indec.
Este resultado se produjo en un contexto en el que el Producto Bruto Interno (PBI) cayó 9,9% en 2020, a causa de las restricciones que se aplicaron para evitar la propagación del Covid-19, al tiempo que la inflación fue de 36,1%.
Si se toma una población estimada en 45,8 millones de habitantes, al cierre de 2020 los nuevos porcentajes informados implican que 19,2 millones son pobres, y entre ellos, 4,5 millones son indigentes.
Entre los niños recién nacidos y los de hasta 14 años, el Índice de Pobreza alcanza al 57,7% de ese grupo etario, y llega al 49,2% entre aquellos que tienen entre 15 y 29 años.
Indec: Nordeste y Posadas
El informe publicado hoy por el Indec reflejó además los índices desagregados por regiones. Así, en el NEA, la pobreza alcanzó al 43,5% de la población, mientras que, en Posadas, ese número se ubicó en el 37,7 (140.489 personas), es decir, 5,8 puntos porcentuales por debajo de la media regional y, por ello, 4,3 puntos menos que la medida a nivel nacional.
Además, el informe detalló que la indigencia en la capital de Misiones incluye al 5,9% de las personas (22.166 habitantes), mientras que en la región ese índice se eleva hasta el 7,6%.
El aglomerado urbano más afectado por el flagelo de la pobreza es Gran Resistencia, donde el 53,6% de la población se encuentra por debajo de la línea, mientras que la indigencia golpea al 10,6%.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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