Provinciales
Anuncian línea de prevención de suicidios tras registrar 180 casos en 2023
De abril de 2023 al mismo período de este año, la Dirección de Salud Mental registró alrededor de 180 suicidios en distintas localidades misioneras, cuyas víctimas en su gran mayoría rondaban entre los 15 y 35 años, siendo los varones los más afectados. La cifra refleja un marcado incremento respecto al 2022, cuando hubo 147 fallecimientos por esa causa.
El Programa Provincial de Prevención del Suicidio fue anunciado por el presidente del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS), Lisandro Benmaor, quien aseguró que la iniciativa “viene a solucionar una problemática preocupante que, al margen del número, que se habla de 180 casos de fallecimientos por esta causa en la provincia, por cada fallecimiento existen 30 intentos. Entonces, es una problemática de mucho impacto, no solo por los años de vida perdidos, sino que el impacto social y familiar que deja es muy drástico”, afirmó en diálogo con Canal 4.
El mismo gobernador Hugo Passalacqua, había afirmado durante su discurso en la apertura de sesiones de la Legislatura que, según las cifras del año pasado, se produce un suicidio cada dos días en la provincia: “Hubo 180 suicidios (uno cada dos días) en Misiones en los últimos 12 meses (de abril a abril). Este tema ocupará un lugar central en nuestras gestiones por abordarlo”.
Por su parte, Benmaor también recordó que “Desde el instituto tenemos una línea para que el paciente o algún familiar de la víctima pueda llamar (107) y hacer una consulta que tenga una respuesta de índole ambulatoria o de urgencia en la que triangulamos con la 911 para el abordaje rápido y contundente de ese caso”.
Para finales de mayo estaba previsto el lanzamiento y la puesta en funcionamiento de un número telefónico las 24 horas, pero luego se postergó para el mes de junio.
Abordaje integral entre ministerios para prevención de suicidios
El programa está articulado en red entre el Instituto de Previsión Social y los Ministerios de Salud Pública, Educación y Prevención de Adicciones, con abordaje integral. En este sentido, permitirá profundizar la prevención en las escuelas, con la capacitación de docentes y directivos, logrando así una mejor contención y formación desde edades tempranas.
Los expertos en salud mental reconocen como factores de riesgo el aislamiento, los cambios de conducta, el retraerse, la falta de sentido sobre la vida en general y el consumo excesivo de sustancias o alcohol. Por lo que, ante este tipo de situaciones, recomiendan acudir a la atención terapéutica para contener tanto a la víctima como a su entorno familiar.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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