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Antonella ya está junto a su hermana en Eldorado

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La jueza Lorena Toledo dispuso que la niña de 4 años vuelva a la Capital del Trabajo junto a su familia. El trámite de entrega fue resistido por la pareja de policías de Posadas.

 

Luego de dos días de tensión, la Justicia ordenó que la pequeña Antonella quede al resguardo de su hermana mayor, de 19 años, en Eldorado.

En la noche de ayer, la jueza subrogante Lorena Toledoque reemplazó a Corina Jones– dictaminó verificar las condiciones de la vivienda de la hermana de la niña, tras lo cual dispuso que Anto quede a su resguardo por el momento.

En este sentido, La Voz de Misiones pudo saber que esta mañana la joven viajó rumbo a Posadas a buscar a la pequeña de 4 años y ambas ya se encuentran en Eldorado, en la casa que compartirán a la espera de que avance la causa judicial.

Según fuentes judiciales, la entrega se dio en medio de un escándalo por parte de la pareja de mujeres policías de Posadas, quienes no quisieron realizar el trámite de devolución y se resistieron fuertemente a entregar a la niña a su hermana mayor.

Derechos vulnerados

La polémica explotó el jueves, cuando la jueza de Familia de Eldorado, Corina Jones, ordenó que Antonella sea dada en adopción a una pareja de policías de la ciudad de Posadas, algo a lo que la familia adoptiva de la pequeña de 4 años, que la crio desde sus 2 meses de vida, se opuso rotundamente. La magistrada acompañó esa medida con la disposición de un bozal legal para los familiares y sus abogados.

La situación generó el pedido desesperado de los Dávalos para que le devuelvan a su hija, al punto que se terminaron encadenando al juzgado para pedir su restitución. A ellos se sumó un reclamo unánime de la comunidad, que generó multitudinarias marchas y el corte de la ruta 12.

Por su parte, la jueza Corina Jones explicó que su decisión se debió a que los Dávalos estaban en calidad de “familia solidaria”, con lo cual “estaban todos notificados” -según dijo la magistrada- de que Anto sería dada en adopción.

Más allá de eso, los cuestionamientos que recayeron sobre la letrada se debieron a las inhumanas formas en las que se llevó adelante el operativo, en el que los derechos de Antonella fueron vulnerados, en una pelea con forcejeos en medio de la vereda del juzgado de Familia de la Capital del Trabajo, dolorosas imágenes que trascendieron en las redes sociales y que recorrieron el país.

Sin embargo, la jueza Jones deslindó responsabilidades en la policía, aduciendo que el operativo estaba a su cargo: “La seguridad dentro y fuera del edificio le corresponde a la policía, ellos tendrán que dar las explicaciones”, señaló y subrayó sobre los incidentes: “Cuando la gente se comenzó a concentrar, di aviso inmediato a las fuerzas de seguridad y ellos se apersonaron y lo que es el procedimiento les corresponde a ellos”.

Asimismo, Jones ratificó sus decisiones en el expediente judicial: “Hay una cuestión de defender los derechos de la niña. En todo momento evalué la situación de la niña y su interés superior”.

Finalmente, la magistrada fue apartada de la causa y en su lugar asumió Lorena Toledo, que rápidamente dispuso la vuelta de Antonella a Eldorado, esta vez, a la casa de su hermana mayor.

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Atienden denuncias por enfermeros sin matrícula y advierten: “Es un delito”

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En los últimos días el Colegio de Profesionales de Enfermería de Misiones emitió un comunicado solicitando a todos los centros de salud y geriátricos, presentes en la provincia, la nómina detallada de quienes ejercen funciones de enfermería en sus establecimientos, a fin de verificar la titulación y matriculación correspondiente. 

La medida fue implementada tras una serie de denuncias recepcionadas por la colegiatura, respecto a la detección de “casos graves” de mala praxis, protagonizados por personal que realizaba tareas de enfermería sin contar con la formación y capacitación correspondiente que avala la profesión en la provincia.  

En este sentido, también justificaron el procedimiento con la búsqueda de seguridad sanitaria al “garantizar que la salud de la comunidad esté en manos de profesionales habilitados”.

Finalmente, consideraron “inadmisible” que existan enfermeros graduados sin empleo “mientras los puestos son ocupados sin la debida matrícula”, por lo que exigen la nómina completa del personal que se desempeñe en tareas propias de enfermería en  sanatorios, clínicas y establecimientos de salud, tanto de Posadas como en otras localidades misioneras.

De esta manera, el Colegio de Profesionales de la Enfermería se pronunció en contra del presunto ejercicio ilegal de la profesión, en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Nacional N° 24.004 y la provincial N° 1-82.

Consultado por La Voz de Misiones, Sergio Román Ulrich, presidente del mencionado espacio señaló: “Nosotros recibimos dos denuncias formales contra personas que ejercían la enfermería y es un delito hacerlo sin estar matriculado. En este momento nos encontramos en la etapa de constatación y solicitud de pruebas para evaluar cada caso en particular”.

Sobre esto, agregó: “Muchas veces la gente por miedo o temor a represalias no realiza la denuncia. Yo personalmente estoy muy preocupado por la salud de la población porque tenemos casos en localidades como Alem y Oberá, donde hay personas ejerciendo la enfermería sin tener el título habilitante”. 

“En los geriátricos, sanatorios y clínicas privadas hay muchos que ejercen de esta manera y es obligatorio contar con la Tecnicatura Superior en Enfermería”, afirmó y resaltó que actualmente, además de la Escuela de Enfermería en Posadas, existen nueve institutos de formación en Enfermería distribuídos en distintas localidades como ser: San Vicente, Iguazú, Oberá, Apóstoles, entre otras. 

Sergio Román Ullrich, presidente del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Misiones

Desde el año 2024 a la fecha, el padrón institucional del mencionado colegio se compone por 2.984 matriculados activos, con matrícula vigente y habilitación profesional plena. Mientras que 1.484 profesionales permanecen con baja temporal solicitada, ya que han comunicado formalmente la suspensión provisoria por encontrarse sin ejercicio laboral al momento.

A su vez, existen 920 matriculados que no realizaron el proceso de rematriculación, por lo cual su carnet profesional se encuentra actualmente fuera de vigencia y ejercen de forma irregular. La grilla concluye con una baja por fallecimiento y otras dos por jubilación.

Sobre el ejercicio profesional en geriátricos y clínicas privadas, Ulrich fue contundente: “El que no cuente con la matrícula deberá dedicarse a otra cosa, porque nosotros tenemos muchísimos enfermeros que no tienen trabajo y la posibilidad de estudiar se le dio de forma gratuita a la gente. Posibilidades de estudiar, hay. Sin matrícula no podrán ejercer”.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en otras situaciones en las que existen profesionales con título, pero no realizaron la rematriculación: “Un tiempo la colegiatura funcionó mal y la gente no volvió a actualizar sus papeles. Hoy tendrán que hacerlo, tienen que acercarse al colegio y haremos una rematriculación. De lo contrario, no podrán ejercer y la idea es que podamos trabajar bien porque apuntamos a una enfermería avanzada, trabajando fuertemente en la capacitación del personal de enfermería y la posibilidad de licenciarlos”.  

“Lo que pasa es que los pacientes van a un sanatorio donde la persona no es enfermera, le hace una práctica y esa mala praxis termina en el hospital generando un gasto millonario que debe enfrentar el Estado, habiendo enfermeros capacitados”, añadió.

Actualmente el Colegio se encuentra trabajando en una base de datos para Bolsa de Trabajo destinado a los profesionales de la enfermería: “Con esto pretendemos cuidar el trabajo que hoy en día cuesta tanto de nuestros enfermeros. Por el poco pago que le pueden dar a un auxiliar de enfermería, se pone en riesgo el trabajo de un enfermero profesional”. 

Para finalizar, aclaró que el colegio ya no matricula a auxiliares de enfermería, sino solamente a quienes cuenten con la Tecnicatura Superior en Enfermería o bien la licenciatura correspondiente. 

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Eco tasa en Wanda: intendenta faltó a mesa de diálogo abierta por el Concejo

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Tras el reciente conflicto provocado por la entrada en vigencia de la Tasa Ecoturística en Wanda, el Concejo Deliberante tomó la iniciativa de convocar a los distintos sectores sociales implicados en una Mesa de Diálogo con el objetivo de “escuchar las distintas voces para aclarar inquietudes y avanzar en un consenso”.

El encuentro buscó acercar a las partes y abrir una instancia de diálogo ante la controversia generada por la implementación del nuevo tributo. Sin embargo, la Municipalidad de Wanda fue una de las partes que no se hizo presente en esta primera convocatoria. Ni la intendenta Romina Faccio, ni representantes del Ejecutivo se acercaron en esta primera instancia, lo que al respecto esperan desde el organismo deliberante, que para el segundo llamado sea revertido.  

Del encuentro sí participaron cuatro concejales: Jorge Vier por La Libertad Avanza, Silvia Lutz del PRO y Víctor Cabrera junto a Mirta Berent por el Frente Renovador. También asistieron el abogado del Concejo y representantes de las Minas de Piedras preciosas y de Yacimientos Tierra Colorada, sectores directamente alcanzados por la medida.

En diálogo con La Voz de Misiones, el concejal Vier informó que se resolvió convocar a una nueva reunión conciliatoria para este viernes 27, con la intención de continuar el diálogo y sumar a las partes ausentes.

Vier, además, expresó su postura personal respecto a la tasa: “De mi parte rechazo totalmente la implementación de este impuesto. Creo que es totalmente arbitrario poner un puesto de cobro frente al ingreso a una actividad privada, siendo que ya pagan todos los impuestos que les corresponden, como tasa de comercio y tasa de minería”.

El Concejal sostuvo que desde el Concejo se continuará insistiendo en una instancia de conciliación entre las partes hasta alcanzar un acuerdo que resulte satisfactorio para toda la comunidad de Wanda.

La Tasa Ecoturística, impulsada por la intendenta Romina Faccio, fue reestablecida con la firma del Concejo Deliberante mediante la Ordenanza N° 22/2025 del 25 de noviembre del 2025. La medida vigente desde 2015 se hizo efectiva tras la aplicación del cobro a los turistas en el acceso a los predios mineros, en febrero de 2026.

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Tasa municipal y multa por $264 millones enfrenta a San Vicente con Cotavi

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La Oficina de Rentas de la Municipalidad de San Vicente intimó a la Cooperativa Tabacalera San Vicente Ltda. (Cotavi) a regularizar una deuda que supera los 264 millones de pesos en concepto de Derecho de Inspección, Registro y Servicio de Controlador, correspondiente a los períodos fiscales 2024 y 2025.

Según se informó, la multa aplicada es del 200%, conforme al artículo 87 del Código Fiscal Municipal (Ordenanza 89/2020), y se calcula sobre operaciones de ventas al exterior gravadas por la tasa municipal, deducidas del monto de facturación.

Desde la cooperativa emitieron un comunicado interno dirigido a los socios en el que denunciaron el embargo de su cuenta en el Banco Macro, al que calificaron como “ilegítimo”. “Nos vemos obligados a suspender la compra”, señala la circular firmada ayer por la comisión directiva.

Circular que se compartió a los socios.

El presidente de Cotavi, Julián Dos Santos, hermano del ex intendente Valdomiro Dos Santos, sostuvo que el municipio históricamente cobraba el tributo sobre la facturación interna, pero que en esta oportunidad se aplicó también sobre las ventas al exterior. “Este año se les ocurrió cobrar sobre la facturación que exportamos. Nos embargaron la cuenta y quedamos sin poder pagar lo del viernes, por eso suspendimos la compra”, afirmó.

El titular de la cooperativa señaló que Cotavi exporta cerca del 80% del tabaco que compra y que el municipio aplicó una alícuota del uno por mil sobre lo facturado en los dos años.

Dos Santos consideró que el cobro es “inconstitucional” al entender que la municipalidad no tiene potestad para aplicar tasas sobre operaciones de exportación. “Para eso ya se pagan impuestos nacionales”, indicó.

Asimismo, explicó que tras negociaciones se alcanzó un plan de pagos en ocho cuotas para destrabar el conflicto y reactivar la actividad en los próximos días. Según precisó, la deuda no se encuentra judicializada.

En el plano político, el diputado provincial Cristian Castro cuestionó la medida y la calificó de arbitraria. “Un municipio no puede cobrar derechos de exportación”, afirmó, y citó el artículo 75 inciso 1 de la Constitución Nacional, que establece que el Congreso tiene competencia exclusiva en materia aduanera y de comercio exterior, incluyendo derechos de importación y exportación.

“El comercio exterior es materia federal. Los municipios no tienen potestad tributaria sobre las exportaciones”, sostuvo el legislador, quien además señaló que “la Nación ahoga a la provincia con la coparticipación, la provincia a los municipios y estos salen a cobrar tasas que no devuelven una contraprestación”.

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