Provinciales
Antonella ya está junto a su hermana en Eldorado
La jueza Lorena Toledo dispuso que la niña de 4 años vuelva a la Capital del Trabajo junto a su familia. El trámite de entrega fue resistido por la pareja de policías de Posadas.
Luego de dos días de tensión, la Justicia ordenó que la pequeña Antonella quede al resguardo de su hermana mayor, de 19 años, en Eldorado.
En la noche de ayer, la jueza subrogante Lorena Toledo –que reemplazó a Corina Jones– dictaminó verificar las condiciones de la vivienda de la hermana de la niña, tras lo cual dispuso que Anto quede a su resguardo por el momento.
En este sentido, La Voz de Misiones pudo saber que esta mañana la joven viajó rumbo a Posadas a buscar a la pequeña de 4 años y ambas ya se encuentran en Eldorado, en la casa que compartirán a la espera de que avance la causa judicial.
Según fuentes judiciales, la entrega se dio en medio de un escándalo por parte de la pareja de mujeres policías de Posadas, quienes no quisieron realizar el trámite de devolución y se resistieron fuertemente a entregar a la niña a su hermana mayor.
Derechos vulnerados
La polémica explotó el jueves, cuando la jueza de Familia de Eldorado, Corina Jones, ordenó que Antonella sea dada en adopción a una pareja de policías de la ciudad de Posadas, algo a lo que la familia adoptiva de la pequeña de 4 años, que la crio desde sus 2 meses de vida, se opuso rotundamente. La magistrada acompañó esa medida con la disposición de un bozal legal para los familiares y sus abogados.
La situación generó el pedido desesperado de los Dávalos para que le devuelvan a su hija, al punto que se terminaron encadenando al juzgado para pedir su restitución. A ellos se sumó un reclamo unánime de la comunidad, que generó multitudinarias marchas y el corte de la ruta 12.
Por su parte, la jueza Corina Jones explicó que su decisión se debió a que los Dávalos estaban en calidad de “familia solidaria”, con lo cual “estaban todos notificados” -según dijo la magistrada- de que Anto sería dada en adopción.
Más allá de eso, los cuestionamientos que recayeron sobre la letrada se debieron a las inhumanas formas en las que se llevó adelante el operativo, en el que los derechos de Antonella fueron vulnerados, en una pelea con forcejeos en medio de la vereda del juzgado de Familia de la Capital del Trabajo, dolorosas imágenes que trascendieron en las redes sociales y que recorrieron el país.
Sin embargo, la jueza Jones deslindó responsabilidades en la policía, aduciendo que el operativo estaba a su cargo: “La seguridad dentro y fuera del edificio le corresponde a la policía, ellos tendrán que dar las explicaciones”, señaló y subrayó sobre los incidentes: “Cuando la gente se comenzó a concentrar, di aviso inmediato a las fuerzas de seguridad y ellos se apersonaron y lo que es el procedimiento les corresponde a ellos”.
Asimismo, Jones ratificó sus decisiones en el expediente judicial: “Hay una cuestión de defender los derechos de la niña. En todo momento evalué la situación de la niña y su interés superior”.
Finalmente, la magistrada fue apartada de la causa y en su lugar asumió Lorena Toledo, que rápidamente dispuso la vuelta de Antonella a Eldorado, esta vez, a la casa de su hermana mayor.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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