Posadas
Empresaria acusa a la EBY de disponerse a devolverle arenera a su estafador
La propietaria de la empresa arenera Mesovial, María Alejandra Weppler, acusó a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) de disponerse a devolverle el predio de Nemesio Parma, a quien la estafó alquilándole la propiedad que le había sido cedida en comodato.
Weppler fue expulsada del predio el 1° de julio, en un simulacro de desalojo encabezado por el titular del contrato de locación, que involucró una orden judicial inexistente y la llamativa presencia de efectivos policiales de una unidad que no tenía jurisdicción en la zona.
El caso pasó entonces al Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo del juez Juan Manuel Monte, que clausuró el acceso al predio a las partes en conflicto, y desde entonces la situación quedó en un compás de espera sin resolución a la vista.
Esta decisión le significó a Weppler la paralización de sus actividades empresariales, con las consabidas consecuencias económicas para la empresa y el personal, que en este caso abarca a una treintena de fleteros, muchos de los cuales se han quedado virtualmente sin fuente de trabajo.
Prohibición ignorada
En julio, Weppler denunció al empresario Eugenio Rafael Honecker, del corralón Transtucho, ubicado en la avenida 17 de agosto y Calle 47, de Posadas, a quien acusó de estafarla con el alquiler del predio que su empresa utiliza para sus actividades industriales, en Nemesio Parma.
El predio de referencia pertenece a la EBY, que le cedió en comodato a Honecker, con la prohibición expresa y escrita de transferir o arrendar, restricción que el también empresario arenero ignoró.
Además, Weppler pudo constatar que en el contrato de alquiler que firmó con Honecker, no figuraba el predio de Nemesio Parma, sino otro ubicado en El Brete.
La dueña de Mesovial señaló a La Voz de Misiones que le alquiló el predio a Honecker hace tres años, desconociendo la prohibición de arrendamiento que pesaba sobre la propiedad, por unos $900.000 mensuales que pagaba con cargas de arena de hasta 600m3.
Weppler, relató que se enteró de la irregularidad hace un año, cuando una comitiva de la EBY que estaba verificando los predios donde fueron reubicadas las areneras en Nemesio Parma, le hizo notar que tanto Honecker como ella se encontraban en infracción, y la invitó a regularizar la situación.
Volver al trabajo
Ahora, a más de un mes de haberse quedado fuera de su empresa, la mujer pide al juez Monte una resolución que le permita, por lo menos, regresar a su actividad empresarial, y a la EBY que tome una decisión “razonable” respecto del predio en conflicto.
“Pasó más de un mes y el juez brilla por su ausencia, no tenemos ninguna respuesta de la justicia y no podemos volver a trabajar”, señaló Weppler a LVM.
Sostuvo que tampoco la EBY ha respondido la media docena de cartas que dirigió a la Entidad desde que se enteró, en 2021, de la prohibición de arrendamiento ignorada por Honecker.
Weppler cree que la EBY “terminará devolviéndole el predio a Honecker, que no solo me estafó a mí, sino a la misma Entidad”, según dijo.
Incluso, afirmó tener elementos que prueban que Honecker se disponía a vender la propiedad que le fue confiada en comodato por 20 años, en el marco del plan de relocalización de las areneras de la EBY.
Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.
“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.
El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.
Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.
“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.
El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno
Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.
La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.
Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.
Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza
La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.
Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona.
Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.
Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.
Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó.
En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.
Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.
Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio.
Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.
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