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Dueños de Don Casimiro y Bencivenga, a las piñas en una reunión en la UTA

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A las piñas. Así terminaron Marcelo Zbikoski y Darío Skrabiuk, dueños de las empresas de colectivos Don Casimiro y Bencivenga-Río Uruguay, las más importantes concesionarias del transporte público en la provincia de Misiones.

La pelea entre ambos empresarios se dio en una reunión realizada la noche del pasado martes 4 de julio en la sede de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), ubicada en la avenida Mitre casi López Torres, en Posadas, confió una fuente presente en el encuentro a La Voz de Misiones.

Allí se dieron cita los representantes de los distintos sectores para discutir en torno a las problemáticas del rubro, en medio del conflicto a nivel nacional que lleva varios meses y que también se hizo sentir en la provincia con el paro total de actividades.

En ese marco, ambos empresarios dieron rienda suelta a una discusión que fue subiendo de tono hasta que, finalmente, llegó a la violencia física, tal y como lo denotan fotografías en las que se ve a Darío Skrabiuk con grandes moretones -tanto en el ojo izquierdo como en la oreja derecha-, producto de los golpes recibidos.

Al ser consultado por este medio, el dueño de Bencivenga-Río Uruguay se limitó a responder: “No doy información sobre el tema”, pero un testigo de la trifulca dio más detalles del hecho.

“Skrabiuk hizo lo imposible para hacerlo calentar a Marcelo Zbikoski. No apoyo la violencia, pero era inevitable, yo mismo quería boxearlo”, aseguró a LVM un gremialista que participó de la reunión.

Preguntado sobre el motivo que disparó los golpes de puño entre los transportistas, la misma fuente indicó que Zbikoski acusa a Skrabiuk de competencia desleal, “por pagar los sueldos con el nuevo esquema salarial, cuando todos lo hicieron con el anterior”.

“Después, Marcelo le dijo: ‘No quisiste poner un mango para las terminales y te hacés el pobrecito que no te dejamos entrar’”, añadió el obrero que atestiguó el intercambio, al explicar que se trata de viejas rencillas que terminaron de explotar con el último conflicto en el sector.

En ese sentido, luego de la pelea a piñas en la sede de la UTA, Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta) lanzó un comunicado en el que cargó duramente contra Darío Skrabiuk y su empresa.

En el escrito, postulan que Bencivenga-Río Uruguay “utiliza una escala salarial que no está vigente, no tiene avales legales, ni ha sido homologada por la autoridad de aplicación”.

Es que, según afirman, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) informó “que no se han cumplido las condiciones establecidas para la aplicación de los salarios acordados en la negociación paritaria, motivo por el cual no están vigentes y no pueden serle exigidos a las empresas prestadoras”.

Además, apuntan que la firma rival “está tomando fondos que, difícilmente, provengan de su actividad específica de servicios de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Posadas, para abonar salarios de conductores que prestan dicho servicio al transporte público”.

Todo ello, “siendo que hace tres días su director sostenía públicamente que no podría abonar sueldos”, lanzaron, añadiendo la captura de una publicación del diario Primera Edición del 2 de julio, en la que Skrabiuk aseguraba: “No sabemos si podremos pagar a los trabajadores”.

Finalmente, la disputa entre los dueños de las dos concesionarias se trasladó a las calles y avenidas, donde el último viernes sólo se pudo ver circulando a las unidades de Bencivenga-Río Uruguay, mientras que las de Casimiro Zbikoski se mantuvieron paradas, provocando que miles de usuarios tuvieran que arreglárselas para llegar a destino.

Marcelo Zbikoski, dueño de Don Casimiro.

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Fin del acampe de ex policías: “Tuvimos un acercamiento con el gobierno”

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Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.

Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.

El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.

Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.

“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.

El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.

Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.

La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas. 

Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.

Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.

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Padres marcharon para pedir al Iprodha la culminación de la Escuela 76 en Posadas

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La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.

Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona. 

Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.

Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.

Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó. 

En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.

Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.

Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio. 

 

Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.

 

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