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“Condiciones aceptables”: informe de Anac a la Justicia sobre el Aeropuerto

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Luego de recorrer durante la mañana del martes 13 de agosto -junto con personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA)- el predio del Aeropuerto “General José de San Martín” de Posadas, el director regional de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), Maximiliano Martín Rea, le comunicó a la Justicia Federal que “considera que están dadas las condiciones operativas de seguridad, ya que se cumple con lo establecido en las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC)”.

Rea, arquitecto recibido en la Unne con un posgrado en mantenimiento de edificios, es el responsable de la operatividad de todos los aeropuertos del Noreste argentino. En su escrito destacó que “el nivel de protección que se proporciona en materia de salvamento y extinción de incendios es apropiado a la categoría 7 (siete)”, pudiendo recibir, en consecuencia, hasta una aeronave Boing 737 800.

En la nota remitida a la Fiscalía Federal de Posadas, Rea sostuvo que el aeropuerto cuenta con “las cantidades mínimas utilizables de agentes extintores” (agua, espuma y polvo químico seco). Detalla, además, sobre las dos autobombas, las cantidades de material anti llamas y el régimen de descarga por minuto de cada una.

Con todos esos datos ofrecidos a la Justicia sobre los vehículos para el combate de incendios, Rea concluye: “Conforme las características técnicas y estado actual de mantenimiento de las mismas (las autobombas), se cumple satisfactoriamente con lo establecido en la Regulación Argentinas de Aviación Civil (RAAC)”.

En lo vinculado a equipamiento e infraestructura, el profesional afirma que “son aptas para el desarrollo de las operaciones en condiciones de seguridad aceptables”.

Sobre el final de la presentación, el funcionario nacional reconoció falencias: “Existen peligros y deficiencias de baja prioridad”, las que desde su punto de vista “conllevan un riesgo de nivel aceptable para prestar el servicio al aeropuerto, sin que estas generen riesgo para la seguridad de las operaciones”.

En el escrito enviado a la Fiscalía Federal de Primera Instancia N°2 de Posadas -que está fechado el miércoles 14 de agosto, en Buenos Aires-, el arquitecto Rea firma como director General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios de la Anac, mientras que, en el organigrama más actualizado de la Anac en la web, aparece a cargo del Departamento de Edificaciones e Instalaciones, y con el título de ingeniero.

El informe de Rea es la respuesta a una solicitud de la Justicia Federal luego de las notas publicadas por La Voz de Misiones, para que “eleve un informe, con carácter de urgente, donde indique si están dadas las condiciones operativas y de seguridad para que el Aeropuerto de Posadas pueda operar con normalidad, como así también, para que adopten todas aquellas medidas que consideren pertinentes.”

Investigación

La trascendencia pública a comienzos de esta semana de un informe interno de los agentes de Anac de Posadas sobre la deficiencia en el material para el combate de incendios, activó de inmediato los mecanismos institucionales.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) hizo una presentación ante la Fiscalía Federal en turno que, de inmediato, inició una investigación y envió a la GNA para una inspección ocular “en el marco del caso Coirón, caratulado ‘N.N s/ averiguación de delito’”.

Según la Constancia de Trabajo elaborada por Gendarmería Nacional a requerimiento de la fiscalía, el martes de 13 de agosto a las 9:45 de la mañana un equipo de 5 uniformados recorrió las instalaciones de la terminal aérea de la capital provincial “efectuándose los registros fotográficos y fílmicos correspondientes, el croquis del lugar y las constataciones necesarias para la confección del Informe de Inspección Ocular requerido, el cual será elevado por cuerda separada”.

El documento señala que participaron de la inspección, además, el jefe del aeropuerto, Mariano Nicolás Ruiz; el director Regional, Maximiliano Martín Rea; y la jefe de la PSA en Posadas, inspector María Lissa Escalada.

Según se indica, el Informe de Inspección Ocular de GNA -que luego analizará la Justicia- fue encabezado por el comandante Franco Piquard, acompañado por 2 (dos) subalternos que prestan servicio en la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses; 1 (uno) licenciado en Seguridad e Higiene y 1 (uno) mecánico.

 

“A ojo”

Las verificaciones oficiales realizadas durante la mañana del martes en el Aeropuerto de Posadas, con foco en el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), despertaron dudas entre algunos empleados de la Anac que hablaron con LVM, pero prefirieron resguardar sus identidades.

“Durante toda la semana se habló de que la autobomba principal tiene problemas en los frenos y ni siquiera la movieron para probarla”, deslizó una de las fuentes consultadas por este medio.

Otro trabajador del área fue categórico al señalar que: “La revisión fue a ojo. Vinieron a inspeccionar las autobombas y no se fijaron si los disparadores para los agentes extintores funcionan”.

“La efectividad de la espuma anti llamas dio por debajo de lo normal en una evaluación realizada por especialistas internacionales en 2018, ¿Cómo estará hoy?”, se pregunta el operario del organismo nacional.

Mientras la investigación avanza, en lo inmediato, el aeropuerto de Posadas podría perder el nivel de protección categoría 7, dejando de tener capacidad como para recibir al Boing 737 800 de Aerolíneas Argentinas. “Se recomienda disminuir la Protección Contra Incendio a categoría 6 (seis)”, señala un informe técnico del jefe de la Unidad de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) local, Pablo Zylberman, fechado el domingo 11 de agosto, documento que fue entregado a sus superiores.

 

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Fin del acampe de ex policías: “Tuvimos un acercamiento con el gobierno”

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Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.

Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.

El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.

Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.

“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.

El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.

Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.

La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas. 

Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.

Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.

Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza

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Padres marcharon para pedir al Iprodha la culminación de la Escuela 76 en Posadas

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La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.

Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona. 

Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.

Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.

Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó. 

En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.

Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.

Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio. 

 

Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.

 

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