Política
Allanamientos en Eldorado por hackeo de celular de ministro de Larreta
Cuatro domicilios fueron allanados este martes en Eldorado, en relación con la causa que investiga el hackeo del teléfono del ministro de Seguridad y Justicia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Caba), Marcelo D’Alessandro.
Según publicó el diario porteño Clarín, la Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), a cargo de Daniela Dupuy, ordenó los procedimientos en domicilios vinculados a quienes hackearon el celular para filtrar las conversaciones del funcionario a través de Telegram.
En los allanamientos se secuestraron dispositivos informáticos, documentación y anotaciones.
Los sospechosos están acusados de delitos por daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, suplantación digital de la identidad, y otras figuras que puedan surgir a partir de la evidencia secuestrada hoy.
D’Alessandro no fue el único hackeado, sino también el diputado Diego Santilli, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, y los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
Según publicó Clarín, los cibercriminales venían intentando hackear los teléfonos de estos funcionarios desde mayo de 2022, hasta que pudieron acceder a los celulares de Basso, Hornos y Giménez Uriburu en septiembre; y más tarde, en octubre, hackearon a Santilli y D’Alessandro.
D’Alessandro pidió licencia en medio del escándalo que generó la filtración de sus supuestos chats con funcionarios judiciales, y será reemplazado por el ex secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, que asumiría el jueves próximo.
El hackeo al teléfono de D’Alessandro se registró en la tarde del 19 de octubre, desde la tierra colorada, a través de un ataque conocido como “sim swap”, la duplicación del chip del celular, lo cual es posible a través de distintas técnicas, como la del turno trucho de la vacuna contra el Covid-19, que es la más común.
El ministro porteño declaró en la ocasión ante la Justicia que pudo recuperar el control de su teléfono inteligente unas 20 horas después.
El viaje escondido
Los chats filtrados del ministro de Seguridad porteño sacaron a la luz conversaciones de Telegram de la comitiva de jueces, fiscales y Ceos de Clarín que viajaron a mediados de octubre de 2022 a la estancia del magnate británico Joe Lewis, en Lago Escondido, Río Negro, donde hablan de cómo fraguar y ocultar con facturas truchas el encuentro en el sur.
También, discuten sobre cómo apretar periodistas y funcionarios judiciales de Bariloche, donde se abrió una causa, de cuyo trámite todo el tiempo tuvieron noticias de primera mano, según revelan los mismos chats.
Asimismo, se conversa de cómo armar causas judiciales a quienes dieron a conocer la documentación aeroportuaria del vuelo que compartieron el 13 de octubre pasado.
La unidad fiscal a cargo de Dupuy no solo investiga el origen del hackeo al teléfono del ministro de Caba, sino también la filtración del contenido, como “difusión no consentida de material privado”.
A esa causa se sumaron otras dos en Comodoro Py: una del diputado nacional del PRO Diego Santilli, y otra del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, también por el hackeo de sus teléfonos.
La causa abierta en Bariloche, ante el Juzgado de la jueza federal Silvina Domínguez, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes como funcionarios públicos y la supuesta aceptación de dádivas por parte de D’Alessandro y los jueces y fiscales que viajaron a Lago Escondido, es la única que se enfoca en el contenido de los chats.
Errores fatales
Según dejaron saber fuentes vinculadas a la investigación, los hackers cometieron un error que llevó al equipo de Cibercrimen hacia ellos: chequearon información de sus víctimas en las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper).
La banda recurrió a un usuario acreditado en las bases de datos del organismo para obtener los números de trámites de los DNI de los funcionarios hackeados, de modo que dejaron rastros digitales (IP, entre otros) en distintas operaciones.
El bloque Movimiento por lo que Viene presentó en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley que busca modificar el artículo 7 de la Ley de Bioinsumos, el cual fijó un plazo de dos años para erradicar el uso de glifosato de las actividades productivas en toda la provincia.
La iniciativa lleva la firma del diputado que lidera el bloque, Juan José Szychowski, como también de las legisladoras que integran el mismo espacio, Sara Carolina Butvilofsky y Anazul Centeno.
El documento consta de tres artículos, de los cuales, el primero dispone la derogación del artículo 7 de la Ley VIII Nº103, que estableció originalmente la prohibición del uso del glifosato en todo el territorio provincial.
El segundo artículo incorpora el artículo 7, pero elimina toda referencia expresa al glifosato y establece que la utilización de bioinsumos será exigible en Misiones cuando los organismos competentes del orden nacional o las autoridades de los países de destino de las exportaciones provinciales hayan autorizado fitosanitarios amigables con el ambiente.
Al mismo tiempo, faculta al Poder Ejecutivo provincial la determinación de los plazos, condiciones y requisitos que tendrá ese proceso de transición progresiva.
En sus fundamentos, la iniciativa expresa: “La provincia necesita buscar un equilibrio entre la vanguardia agroecológica y la realidad de los sectores productivos provinciales, debemos brindar al sector agropecuario un marco temporal adecuado para la adopción de bioinsumos, que sean aprobados por las autoridades nacionales competentes y/o estén aprobados en los países donde exportamos nuestros productos, no solo en defensa de nuestro ambiente sino también para fortalecer y proteger el motor productivo y económico de nuestra/ provincia y por ello pido a mis pares su acompañamiento con el voto afirmativo”.
La prohibición del uso de glifosato en Misiones fue establecida en el año 2023 mediante la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos, una iniciativa impulsada por Carlos Rovira, actual referente de Encuentro Misionero.
Tras su aprobación, la medida generó cuestionamientos por parte de pequeños y medianos productores, como también de organizaciones rurales, cooperativas y empresas exportadoras, ante la ausencia de productos sustitutos aprobados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y con las condiciones impuestas por los compradores internacionales.
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El proyecto de ley impulsado por el diputado nacional misionero Oscar Herrera Ahuad, que busca reducir del 21% al 10,5% el IVA para la fécula, harina, fariña y otros derivados de la mandioca, logró media sanción con 231 votos afirmativos y ningún voto negativo en la Cámara de Diputados.
La iniciativa, que ahora se encamina al Senado, busca equiparar el tratamiento tributario de los derivados industrializados de la mandioca con el que ya tienen otros productos alimenticios, como la harina de trigo.
Actualmente, la mandioca comercializada como hortaliza tributa una alícuota reducida del 10,5%, mientras que cuando es procesada para obtener fécula, harina o fariña alcanza el 21%.
En este sentido, la propuesta apunta a corregir una diferencia dentro de la estructura tributaria y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de competitividad de una cadena productiva concentrada principalmente en Misiones, donde conviven alrededor de 10.000 productores de mandioca y la totalidad de las industrias productoras de fécula del país.
Según indicó el legislador, mientras que el 75% de la producción se destina al consumo fresco, el resto se utiliza como materia prima para la elaboración de fécula, harina, fariña y otros derivados. En tanto, la producción industrial anual ronda las 18.000 toneladas.
Durante el debate, Herrera Ahuad planteó que la modificación tributaria podría tener un impacto fiscal acotado para las cuentas nacionales, pero generar un efecto mayor sobre una economía regional integrada por pequeños productores y establecimientos que agregan valor en origen.
También, vinculó la iniciativa con el precio de los alimentos destinados a personas que no pueden consumir gluten. Según los datos que presentó durante la sesión, un kilo de pan tradicional cuesta entre $3.000 y $4.000, mientras que el mismo volumen de pan sin TACC puede alcanzar entre $19.000 y $32.000.
De esta manera, la propuesta busca reducir la carga tributaria sobre insumos utilizados para elaborar panificados, pastas, galletitas, productos de pastelería y otros alimentos destinados a ese segmento.
De aprobarse definitivamente, el beneficio alcanzaría a una variedad de productos que utilizan derivados de mandioca como materia prima, ya que el objetivo es que la reducción de la alícuota no quede limitada a la etapa industrial, sino que pueda trasladarse también a productos que llegan al consumidor.
Logramos la media sanción para reducir del 21% al 10,5% el IVA de la harina y la fécula de mandioca.
Un paso importante para nuestros productores y para quienes necesitan acceder a alimentos libres de gluten.#ArgentinaFederal 🇦🇷 pic.twitter.com/X7pvlotseK— Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) August 27, 2026
Passalacqua pidió a Nación bajar el IVA al 10,5% para la harina de mandioca
El gobierno de Javier Milei logró este miércoles la media sanción, en la Cámara de Diputados, de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), por 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.
El proyecto fue acompañado por los diputados misioneros Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); Emmanuel Bianchetti, del PRO; Alberto Arrúa, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, el bloque presentado este mediodía y presidido por el ex gobernador, que aglutina también a legisladores de Salta, San Luis y Formosa.
El oficialismo obtuvo también el apoyo de sus aliados de la UCR, el MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires, y los bloques provinciales de Producción y Trabajo, Independencia y La Neuquinidad.
Entre los que se abstuvieron, se cuenta a un sector de Provincias Unidas, Elijo Catamarca y la Coalición Cívica; mientras que en contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, y los diputados Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Marcela Pagano.
La iniciativa prohíbe el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, blinda al directorio del organismo, y acota su misión a “la preservación del valor de la moneda nacional”, eliminando los objetivos múltiples que fueron introducidos en la reforma de 2012, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
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