Policiales
Misionero armaba encomiendas con cocaína para ser enviadas a Australia
Una investigación de Aduana terminó con dos bolivianos y un argentino, oriundo de la provincia de Misiones, detenidos por traficar cocaína a través de encomiendas internacionales.
Según se informó desde el organismo, dirigido por Guillermo Michel, la pesquisa se inició luego de un control de envíos.
Es que la metodología del courier es muy utilizada por las bandas delictivas para hacer llegar mercadería irregular a Australia, motivo por el cual se ha ordenado a las empresas de ese rubro aumentar controles sobre los paquetes con ese destino.
En ese marco, una encomienda dirigida al país oceánico, cuyo contenido declarado era un calefón, arrojó imágenes sospechosas al pasar por el escáner.
Por ello, una unidad K-9 de la Aduana se hizo presente en el lugar para evaluarlo y el can aduanero reaccionó en forma compatible con la presencia de divisas o estupefacientes.
Fue así que, con la debida orden judicial, se procedió a abrirlo para una inspección exhaustiva y, en efecto, dentro del calefón se hallaron 1.363 gramos de cocaína, informaron en un comunicado.
De esta forma, la Aduana se puso en contacto con la Policía Federal Argentina para profundizar la investigación.
Por su parte, el juzgado actuante autorizó la escucha de dos líneas telefónicas, una de las cuales estaba declarada como número de contacto en el remitente.
Del monitoreo de llamadas resultó que la responsable del envío era una ciudadana de origen boliviano, de quien además se obtuvo el domicilio.
Asimismo, se detalló que la mujer estaba planeando otra maniobra similar, que involucraba enviar droga al mismo país a través de un paquete que contenía una máquina de humo.
Al realizar el seguimiento de la señalada, se la encontró intentando realizar el despacho ese mismo día, por lo cual se procedió a su apertura y, como se sospechaba, se encontraron con 1.100 gramos de cocaína.
A raíz del hallazgo, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio de la ciudadana, en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires.
El operativo resultó en su detención, junto con la de un hombre -también de nacionalidad boliviana-, que se encontraba con ella al momento de realizar las encomiendas con cocaína.
Conexión Misiones
Tras ello, nuevas escuchas telefónicas permitieron establecer el circuito seguido por la banda de narcotraficantes, ya que se detectó que la detenida tenía pendiente la recepción de una encomienda interna, proveniente de Misiones, dirigida al domicilio recientemente allanado.
Agentes de Aduana y de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina se presentaron en la sede de la firma de logística y pasaron el paquete venido de Misiones por el escáner.
Al igual que los anteriores, evidenció inconsistencias en su textura y densidad. En un segundo control, efectuado con un can de la Policía, se reforzó la hipótesis de que podía haber estupefacientes en la encomienda, por lo cual el juzgado ordenó abrirla.
En su interior, había dos reflectores con 831 gramos de cocaína.
Dado que el remitente del paquete tenía domicilio en la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen, la Justicia ordenó dar con el paradero de la persona registrada en el envío, un ciudadano argentino.
La investigación vinculó al misionero con dos causas penales anteriores por contrabando de drogas y el allanamiento de su domicilio resultó en su detención.
Extremas ganancias
Según destacaron, desde la Dirección General de Aduanas se ha identificado que la ruta Argentina-Australia es especialmente atractiva para el narcotráfico.
Esto se da debido a que en el país oceánico la cocaína es más cara que en cualquier otro lugar del mundo.
Así, mientras que, en la Argentina, un kilogramo puede venderse en cerca de 2 mil dólares, su valor asciende a 270 mil dólares al ingresar al mercado australiano, esto es, 135 veces más.
Los ex policías Alejandro Ramón Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta y Horacio Elías Couto, permanecen detenidos en una comisaría posadeña y el jueves serán trasladados a indagatoria ante la Justicia.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, los tres enfrentan cargos por delitos de “lesiones leves calificadas y resistencia a la autoridad”.
La indagatoria se realizará ante el magistrado en turno Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas. En la ocasión, los ex policías podrán declarar o bien abstenerse.
En paralelo a la novedad judicial, el jefe de la Policía de Misiones, el comisario general Sandro Martínez, habló sobre el episodio y brindó otras consideraciones sobre el asunto.
En diálogo con Radio UP, el mandamás de la fuerza provincial confirmó que “hay tres ex policías que continúan detenidos y a disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas”, en tanto que precisó que “la causa es por lesiones calificadas por haber sido cometidas contra un funcionario policial y atentado contra la autoridad”.
Sobre las detenciones, Martínez indicó que “la protesta es un derecho constitucional que está asegurado, pero en este caso no fueron detenidos por la protesta, fueron detenidos porque atentaron contra la autoridad pública”.
“El personal policial los quiso identificar y ellos fueron hostiles, ofrecieron resistencia hacia la autoridad. Tenemos tres policías lesionados. El derecho a protesta está protegido, pueden protestar pero en este caso no tiene nada que ver con la protesta”, reafirmó.
Martínez además dejó en claro que tanto estos tres ex policías como el propio Diego Correa ya no pertenecen a la institución: “Hace rato ya dejaron de ser policías”.
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El reclamo
Los hermanos Arrieta y Couto fueron detenidos ayer a la mañana, frente a la Casa de Gobierno, luego de entregar una nota y encadenarse a una de las ventanas del edificio para reclamar “el mismo arreglo” que obtuvo Correa, el otro ex policía que acampó casi cuatro meses en ese lugar y tres semanas después de levantar la medida se compró una camioneta RAM que disparó señalamientos.
Familiares de los recientemente detenidos cuestionaron el arresto y apuntaron contra el procedimiento, que incluso fue filmado por varios testigos que estaban en la plaza 9 de Julio.
“Luego de entregar la nota llegaron los de Infantería a retirarlos con el jefe de la Unidad Regional y los sacaron súper mal, sin dar tantas respuestas a las preguntas de por qué se los llevaban”, indicaron.
“La única respuesta fue que no van a permitir que nadie más reclame nada frente a Casa de Gobierno y que la orden viene de arriba”, agregaron.
Respecto a los reclamos, añadió: “Nosotros queremos la misma solución que se le dio a Correa y a (Adolfo) Guirula”.
Los hermanos Arrieta, Couto, Correa y Guirula, son cuatro de los ocho ex agentes policiales involucrados en la causa iniciada por intento de sedición y conspiración tras el descubrimiento del chat Solo Cola, donde para la Justicia se orquestaba un plan para desestabilizar a la cúpula de la institución tras las protestas de 2024 que tuvieron lugar sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico I.
En ese mismo expediente se encuentra el ahora diputado provincial Ramón Amarilla y por esa misma causa todos los involucrados permanecieron más de siete meses detenidos en distintas unidades carcelarias de la provincia.
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Ángel Ramón Zalazar (82) compareció este martes ante la Justicia, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el asesinato de su ex yerno Alfredo Wiebel (48), empresario y piloto de carreras ultimado de cinco balazos en la mañana del 11 de septiembre en Puerto Iguazú.
La audiencia se realizó esta mañana y para ello el implicado debió ser traslado desde el hospital Samic de la Ciudad de las Cataratas hacia Eldorado, donde lo esperaban para indagatoria en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado César Lirussi.
En esa instancia, el hombre decidió guardar silencio y tras ser notificado de los elementos de prueba en su contra fue formalmente imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificación provisoria que podría modificarse conforme avance la investigación.
Por disposición judicial, Zalazar quedó internado con custodia policial en el hospital Gardés de Eldorado, medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva entre un pedido de prisión domiciliaria o un traslado hacia una unidad carcelaria preparada para pacientes de su condición.
Testimoniales y querella
Los instructores de la causa pudieron avanzar con la indagatoria luego de recibir un informe de la junta médica que evaluó a Zalazar, cuyos resultados arrojaron dos conclusiones clave: una es que el hombre comprende la criminalidad de sus actos y la otra es que en su cuadro de salud general no se observan patologías que pongan en riesgo su vida, siempre y cuando continúe recibiendo la asistencia médica.
En paralelo, la causa continuará avanzando con la toma de testimoniales y los primeros en declarar serán los albañiles que ese 11 de septiembre a la mañana observaron la secuencia entera del ataque ocurrido en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, casi Pancho Ramírez, de Iguazú.
Al expediente, además, ya se incorporó la familia de la víctima en carácter de querellante particular bajo la representación del letrado Walter Quintana, quienes de esta forma podrán participar activamente en el caso.
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Un hombre murió esta mañana en una vereda del barrio Fátima II de Garupá y efectivos policiales investigan en qué circunstancias se produjo el deceso, como así también el origen de las lesiones que presentaba en brazos y piernas.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el fallecido se trataría de un hombre identificado como Alberto Valdés y su cuerpo quedó tendido en inmediaciones a las calles Santa Fe y Paraná.
La intervención policial se dio a las 9.30 de hoy, cuando vecinos reportaron a través del sistema 911 de la presencia de un hombre que caminó varias cuadras trastabillándose hasta que se desvaneció en el lugar y murió.
Los efectivos intervinientes constataron, además, que el hombre presentaba lesiones en brazos y piernas, heridas que ahora intentarán determinar su origen.
En el lugar intervienen la dependencia jurisdiccional y la Policía Científica, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para confirmar su identidad y determinar las circunstancias de la muerte.
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