La Región
El martes empieza el juicio por doble crimen del santuario del Gauchito Gil en Corrientes
Nueve personas serán juzgadas desde este martes por los homicidios de un hombre y su padre, asesinados a golpes y puñaladas en agosto de 2021, en el santuario del Gauchito Gil, en la ciudad correntina de Mercedes, en el marco de una disputa por terrenos para la instalación de puestos de venta, informó la agencia de noticias Télam.
El juicio por el doble crimen de Sergio “Checho” Canteros, de 33 años, y su padre Julio “Minto” Canteros, de 64, estará a cargo del Tribunal Oral Penal de Mercedes, integrado por los jueces Juan Manuel Muschietti y Jorge Troncoso, y la jueza María Eugenia Ballará.
Como fiscal del juicio estará Adrián Aurelio Casarrubia, y en representación de la familia de las víctimas, el abogado Marcos Harispe.
“Los nueve imputados están detenidos y si bien llegan acusados de doble homicidio triplemente agravado, algunos tienen distintas responsabilidades”, explicó Harispe a Télam.
Precisó que entre los acusados se encuentra el autor del hecho “y el resto son coautores o partícipes”, en tanto que una persona fue sobreseída en la instrucción de la causa, que estuvo a cargo del fiscal mercedino Casarrubia.
El abogado adelantó que hay unos sesenta testigos convocados para este juicio en el que se determinará las responsabilidades del doble crimen cometido en la propiedad de Sergio Canteros, donde los agresores pretendían instalar puestos de venta.
“Como en el Oeste”
El ataque ocurrió el 6 de agosto de 2021, cuando padre e hijo fueron brutalmente atacados por un grupo de hombres vinculados con la administración del predio comercial que rodea a la Cruz Gil, el santuario más grande de veneración al Gaucho Gil, ubicado sobre la ruta nacional 123, a unos siete kilómetros de Mercedes, en el centro de la provincia de Corrientes.
Sergio murió el mismo día del hecho, mientras que su padre falleció 72 horas más tarde, ambos a raíz de los golpes y puñaladas sufridas.
Durante el ataque también resultó herido de arma blanca un cuñado de Sergio Canteros.
“Irrumpieron como en el Lejano Oeste, directamente a copar el terreno, con armas blancas de todo tipo”, informó en aquel entonces a Télam el jefe de la policía de Corrientes, comisario general Félix Barboza.
La investigación
La policía allanó luego el predio del Gaucho Gil donde secuestró las armas con las que presumiblemente se concretó el ataque, entre las que había cuchillos, machetes y hasta un espadín.
Además, una comisión de la División Delitos Complejos de la policía provincial analizó las comunicaciones telefónicas de los sospechosos.
Amigos y familiares de las víctimas, encabezados por Yésica Rodríguez, pareja de Sergio “Checho” Canteros, realizaron marchas y cortes en la ruta nacional 123 para exigir justicia, y el “saneamiento” de la administración del santuario, hacia donde se dirigen las principales sospechas de incitar la toma del terreno en disputa.
La pareja de Sergio Canteros afirmó que 10 días antes, el hombre había formulado una denuncia por amenazas en el marco de la disputa por el predio.
“Tengo videos de sus amenazas hacia mí y mi familia, entraron a mi propiedad y nos gritaban que a Checho lo iban a devolver dentro de un cajón”, aseguró Yésica.
“Hace años venimos denunciando estas conductas y creo que buscaban cansarnos para que dejáramos el lugar”, añadió la mujer.
A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, este martes comenzó en Corrientes el juicio oral y público que buscará determinar qué ocurrió con el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio.
El proceso judicial, considerado uno de los más trascendentes de los últimos años en Argentina, tiene en el banquillo a 17 imputados y prevé la declaración de 161 testigos a lo largo de audiencias que podrían extenderse hasta diciembre.
La primera jornada se inició en instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), tres días después de cumplirse el segundo aniversario de la desaparición del niño correntino, cuyo paradero continúa siendo un misterio.
Los números del juicio
El debate estará atravesado por cifras que reflejan la dimensión alcanzada por la investigación.
En total son 17 los acusados. Siete de ellos llegan al juicio señalados como presuntos responsables de la sustracción y ocultamiento de Loan, mientras que los diez restantes están imputados por supuestas maniobras destinadas a entorpecer y desviar la investigación posterior.
Entre los principales acusados figuran la tía del menor, Laudelina Peña; su pareja, Antonio Benítez; Daniel Ramírez y Mónica Millapi, quienes participaron de la excursión al naranjal donde Loan fue visto por última vez; el ex comisario Walter Maciel; y el matrimonio integrado por María Victoria Caillava y Carlos Pérez, considerados por la acusación como piezas centrales en la presunta sustracción del niño.
La causa también incluye a diez integrantes y allegados vinculados a una fundación que, según la investigación federal, habrían desplegado distintas acciones para generar pistas falsas, influir sobre testigos y obstaculizar el avance de la pesquisa.
La hipótesis
El eje de la acusación es contundente: Loan no se perdió.
De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la instrucción, el niño habría sido sustraído de manera planificada y retirado del lugar en un vehículo, en un operativo que habría contado con la participación coordinada de varios de los imputados.
La teoría fiscal sostiene que la desaparición no fue producto de un accidente ni de un extravío en la zona rural donde se desarrolló el almuerzo familiar, sino el resultado de una maniobra previamente organizada. Incluso, resoluciones judiciales anteriores señalaron que el supuesto acuerdo habría consistido en sustraer a un menor, siendo Loan la víctima elegida ese día.
La desaparición de Loan se convirtió en uno de los casos policiales más resonantes de la última década. La investigación atravesó múltiples hipótesis, desde la búsqueda en montes y esteros hasta sospechas de trata de personas, pasando por denuncias de encubrimiento, pruebas presuntamente plantadas y versiones contradictorias aportadas por algunos de los acusados.
Ahora, con el inicio del juicio oral, el Tribunal Oral Federal de Corrientes enfrenta el desafío de reconstruir qué ocurrió aquella tarde de junio de 2024 y determinar las responsabilidades penales de cada uno de los imputados en una causa que mantiene una pregunta sin respuesta: dónde está Loan.
Un mes sin Loan: de la desaparición, a la trata y a un oscuro misterio
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentará su nuevo libro en la ciudad de Corrientes, este miércoles 3 de junio a las 17. El encuentro abierto al público se realizará en la sede de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, ubicado sobre la avenida Libertad al 5460.
El evento tendrá lugar en el auditorio de la unidad académica, fue anunciado por el propio mandatario a través de sus redes sociales, donde compartió el flyer oficial de la convocatoria junto al mensaje: “¡Las y los espero!”.
La presentación cuenta con el auspicio de Siglo Veintiuno Editores. Sobre la publicación, Kicillof señaló que se trata de un aporte para reflexionar sobre la economía y los desafíos que enfrenta actualmente la Argentina.
Según la sinopsis de la obra, el libro se propone como una referencia para estudiantes, docentes y lectores interesados en la economía. A través de un lenguaje accesible, explora con rigor el legado del pensamiento económico clásico y plantea cómo una mirada heterodoxa puede enriquecer ese análisis, aportando nuevas herramientas para comprender la realidad económica contemporánea.
Este miércoles 3 presento en Corrientes mi libro “De Smith a Keynes”, un aporte para pensar la economía y los desafíos actuales de nuestro país.
¡Las y los espero! pic.twitter.com/1m20AoTiQm
— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 1, 2026
Dos familias argentinas con niños pequeños fueron rescatadas en Brasil tras permanecer en condiciones de explotación laboral extrema en una chacra hortícola ubicada en el estado de Paraná, a unos 90 kilómetros de la frontera con Puerto Iguazú.
El operativo fue realizado por la Policía Federal brasileña junto a organismos laborales y derivó en la detención de una pareja acusada de reducir a trabajadores a una situación análoga a la esclavitud.
El procedimiento se llevó adelante en una propiedad rural de la localidad de Céu Azul, en el oeste de Paraná, durante la denominada “Operación de Lunes a Lunes”, encabezada por la Policía Federal de Brasil y auditores del Ministerio de Trabajo.
Allí encontraron a tres familias extranjeras, dos argentinas y una paraguaya, viviendo en condiciones degradantes junto a cinco menores de edad, según consignó el portal brasileño Jornal de Fronteira.
Según la investigación, las víctimas habían llegado a Brasil atraídas por promesas de empleo, pero terminaron sometidas a extensas jornadas laborales sin descanso semanal, en un predio con escasa higiene, poca alimentación y vigilancia permanente mediante cámaras de seguridad.
Las autoridades brasileñas indicaron que los trabajadores no cobraban salario ni tenían ningún tipo de registración laboral. Además, denunciaron que los empleadores retenían la totalidad de los ingresos bajo el argumento de cubrir gastos de alimentos y provisiones, vendidos a precios inflados, una práctica conocida como “servidumbre por deuda”.
En total fueron rescatadas once personas, entre ellas seis adultos y cinco niños de entre 6 y 8 años. Una de las familias argentinas decidió regresar al país con apoyo del Comando Tripartito de la Triple Frontera, mientras que la otra, integrada por ocho personas, optó por permanecer en Foz de Iguazú y fue alojada en un refugio.
El delegado de la Policía Federal, Emerson Rodrigues, explicó a Jornal da Fronteira que la producción de la chacra abastecía a distintas ciudades de la región y confirmó que antes de la llegada de los agentes una de las familias había logrado escapar del lugar.
La pareja propietaria del establecimiento fue detenida en flagrancia y trasladada a la delegación de la Policía Federal en Foz de Iguazú. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y no se descarta una posible conexión con redes de trata de personas.
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