Información General
El CGE pidió tregua al CEP 26 tras la toma en reclamo de un edificio propio
Esta semana los docentes y estudiantes del CEP 26 decidieron tomar el colegio realizando protestas y asambleas sin asistencia a clases, como medida ante la falta de respuestas por parte de las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) al reclamo de un edificio propio, del cual carecen hace ya 16 años.
En un principio, procedieron al dictado de clases en una casa particular, luego en un espacio que los mismos docentes junto a la comunidad adecuaron haciendo divisiones con machimbre, y desde el año 2012 obtuvieron la habilitación de cuatro salones en la Capilla San Ramón, ubicada sobre avenida Ituzaingó entre Las Heras y San Martín, del barrio Tacurú de Posadas.
Si bien este último espacio es prestado, los directivos deben afrontar los gastos de agua, electricidad y limpieza con dinero de su propio bolsillo. A su vez, los salones, que son utilizados como aulas, no disponen de los bancos, mesas, ni la ventilación suficiente para el dictado de clases a un total de 102 alumnos.
Patio interno de la Capilla San Ramón, de cara a los salones prestados para el dictado de clases del Cep 26
Al ser consultada por La Voz de Misiones, la directora Liliana Tredici manifestó que “al día de hoy contamos con 102 alumnos y es la cantidad de chicos que pueden albergar los lugares que nos prestó la capilla. El problema que genera es el aglomeramiento en los salones que son chicos y a veces tienen más alumnos de los que pueden entrar”.
A esto, agregó: “existe una falta total de mobiliario, los alumnos están sentados en los bancos de la capilla, sin respaldo. Ya se pidió en marzo que nos entreguen mobiliario y a mitad del ciclo lectivo continuamos sin haber recibido nada”.
A esto se le suman gastos de pinturas, mochilas en los baños, pérdidas de agua, canillas rotas, vidrios e instalaciones eléctricas deficientes e incluso materiales didácticos y de trabajo: “Son costos que nosotros no podemos afrontar porque no tenemos fondos”.
Ventana hacia uno de los salones donde funciona el Cep 26
En cuanto a los espacios donados, también agregó que son tres salones utilizados como aulas y otro salón que ocupan para secretaría, dirección, preceptoría, sala de profesores y administración. Sin embargo, cuando la capilla necesita realizar una actividad extra como las fiestas parroquiales, el colegio debe suspender las clases.
Frente a este panorama y debido a la lucha y perseverancia de docentes junto a la comunidad educativa, hace más de diez años se consiguió una ordenanza para acceder al terreno donde construir el edificio propio, pero no se llamó a licitación.
En ese contexto, desde la institución educativa los docentes optaron por pagar a un agrimensor para hacer el plano de mensura: “Teníamos entendido que ese plano de mensura iba a ser entregado por el Consejo General de Educación a la Municipalidad, pero ahí quedó”.
Respuestas tras la toma del colegio
Luego de la protesta de estudiantes y docentes realizada ayer martes frente a la Capilla, el trámite volvió a ponerse en marcha. En palabras de Tredici: “Evidentemente ahora, ante los reclamos que estamos haciendo sale a la luz que la Municipalidad nunca tuvo acceso al trámite o se extravió o no saben qué pasó, pero recién hoy (por ayer) en una reunión con mi supervisor logramos que el CGE inicie el trámite del título de propiedad”.
En cuanto al reclamo de esta semana que incluyó la toma de la institución sin asistencia a clase, la directora detalló: “Hoy se me citó pidiendo una tregua y que no se vuelva a tomar la escuela, porque ayer no se permitió el dictado de clases ante la falta de respuestas y de comunicación por parte del CGE con la escuela. A partir de ahora vamos a esperar dos semanas que es el tiempo que se calcula que puede llevar el trámite del título del terreno”.
Sin embargo advirtió, “si en tres semanas no obtenemos respuestas vamos a volver a las medidas de fuerza que son la toma de la escuela y salir a la calle con los alumnos para visualizar la situación”.
En el mes de mayo, los docentes y directivos del Cep 26 participaron del acampe docente emplazado durante poco más de una semana sobre la avenida Uruguay casi Trincheras de San José, donde el pedido no solamente se centró en lo salarial, sino también en lo que compete a la infraestructura de las instituciones.
Ante el aumento del caudal del río Iguazú como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la región, la empresa concesionaria de los servicios en el Parque Nacional Iguazú informó el cierre preventivo del circuito Garganta del Diablo.
La compañía Iguazú Argentina comunicó la medida a través de sus redes sociales oficiales, donde explicó que el cierre preventivo fue dispuesto con el objetivo de “garantizar la seguridad de los visitantes” que recorren el atractivo turístico.
En esa línea, la concesionaria indicó que se realizarán “monitoreos constantes para evaluar su reapertura”. Asimismo, precisó que los circuitos Superior e Inferior de las Cataratas permanecen habilitados para los visitantes.
Las intensas lluvias que en las últimas horas obligaron al cierre preventivo del circuito Garganta del Diablo, en el Parque Nacional Iguazú, también provocaron complicaciones en el centro y este de Misiones. Entre las medidas adoptadas por las autoridades, este miércoles se dispuso el cierre preventivo del acceso al Parque Provincial Moconá debido a la crecida del arroyo Yabotí.
FOTO PRINCIPAL: El Territorio
La plataforma de telemedicina que se convirtió en el principal canal digital de acceso al sistema público de salud en Misiones desde la pandemia, Alegramed, dejará de funcionar en los próximos días, por lo que el gobierno prepara una aplicación propia que permita darle continuidad al servicio de consultas virtuales, turnos y acceso a resultados de estudios.
El cierre definitivo fue anunciado por la misma aplicación a través de un mensaje de alerta a los usuarios, en el que, bajo el rótulo “Información importante” se puede leer: “Esta App dejará de funcionar. Pronto vas a poder usar una nueva aplicación del Gobierno Provincial”.
Desde el gobierno, sostienen que el desafío será “garantizar que la transición resulte imperceptible para los cientos de miles de usuarios del servicio que ahora tendrá un cambio de proveedor tecnológico”.
La aplicación fue creada por el empresario Augusto Marini, también fundador de Cale Group, con el objetivo de articular agendas médicas, turnos, historia clínica digital, estudios complementarios, teleconsultas, circuitos hospitalarios y múltiples procesos administrativos que hoy forman parte del funcionamiento cotidiano del sistema sanitario misionero.
En este sentido, la migración implica preservar información clínica, mantener la continuidad asistencial y evitar interrupciones en servicios utilizados diariamente por miles de pacientes.
El contrato de Alegramed fue ejecutado a través de la Fundación Parque de la Salud y contemplaría un esquema de pagos cercano a los US$ 9 por cada usuario registrado. Sobre una base estimada de 350.000 personas inscriptas -de los cuales entre 60.000 y 100.000 son usuarios activos cada mes-, la cifra superaría los US$ 3 millones financiados con recursos públicos por fuera de la estructura tradicional del Ministerio de Salud.
La decisión de desarrollar una aplicación propia apunta a eliminar ese gasto, sosteniendo los mismos servicios con recursos del Estado.
Pedido de informes
Semanas atrás, la diputada provincial por la Unión Cívica Radical (UCR), Rosi Kurtz, realizó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo provincial brinde precisiones sobre el funcionamiento y financiamiento de Alegramed.
Recientemente, fue una de las primeras figuras políticas en reaccionar ante el cierre de la plataforma digital que utiliza el sistema público de salud provincial.
“Alegramed deja de funcionar. Durante meses pedimos explicaciones sobre su contratación, su funcionamiento y el destino de los fondos públicos invertidos. También recibimos reclamos de cientos de misioneros que no lograban acceder a turnos o sufrían fallas en el sistema”, expresó Kurtz a través de su cuenta personal de Instagram.
“Hoy, con el anuncio de su finalización, quedan muchas preguntas sin responder: ¿Cuánto dinero público se invirtió en Alegramed?, ¿Cuál fue el balance de ese contrato?, ¿Quiénes fueron los responsables de esta decisión? y ¿Qué alternativa tendrán ahora los pacientes para obtener turnos?”, planteó.
Y concluyó: “La salud pública no puede depender de proyectos improvisados. Los misioneros merecen transparencia, planificación y un sistema que realmente funcione. Vamos a seguir exigiendo respuestas”.
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Se oficializó un nuevo aumento del boleto de colectivos urbano e interurbano del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (Situm), que rige desde este lunes para los servicios de Posadas, Garupá y Candelaria tras su publicación en el Boletín Oficial de la provincia.
La actualización quedó plasmada en la Resolución 002 de la Comisión Ejecutiva Coordinadora del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano y en la Disposición 076 de la Subsecretaría de Transporte, Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación.
Con los nuevos cuadros tarifarios, el boleto urbano en la capital misionera pasó a costar $1.560 para quienes abonen con Sube o la aplicación y $2.000 para los usuarios que paguen sin el sistema electrónico.
En Garupá y Candelaria, en tanto, la tarifa del transporte urbano quedó fijada en $1.670 para quienes abonen con SUBE u otro medio de pago electrónico, mientras que ascenderá a $2.300 para quienes no utilicen esos sistemas.
En cuanto a los recorridos interurbanos, el viaje entre Posadas y Garupá pasó a valer $2.040 con tarjeta y $2.800 sin ella. Para el tramo Posadas-Candelaria, el boleto quedó establecido en $2.380 con Sube o Subí Misionero y en $3.100 sin el sistema electrónico. En tanto, el recorrido entre Garupá y Candelaria tendrá un costo de $2.040 con tarjeta y $2.800 para quienes abonen sin ella.
En los fundamentos de la medida, las autoridades sostuvieron que la readecuación tarifaria responde al incremento de los costos que demanda la prestación del servicio.
En ese sentido, señalaron que el proceso inflacionario generó aumentos en los precios de los combustibles, insumos, salarios y demás servicios necesarios para garantizar el funcionamiento del transporte público.
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