Nacionales
Murió Carlos Saúl Menem, el presidente que marcó la década del 90 en Argentina
Este domingo, y tras pasar dos meses internado en el sanatorio Los Arcos, donde había sido ingresado por una infección urinaria, murió a los 90 años Carlos Saúl Menem, el ex presidente argentino que marcó la década del 90.
A mediados del año pasado, el hombre que más tiempo gobernó la Argentina de manera ininterrumpida había pasado quince días en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral.
Activo en política casi hasta el final, el ex mandatario había llegado a participar en las primeras reuniones virtuales del Senado a raíz de la pandemia de coronavirus, en su papel de representante de La Rioja, cargo que mantenía desde el 10 de diciembre de 2005.
Una neumonía severa diagnosticada el 13 de junio, que se agravó por sus problemas diabetes, deterioró mucho su salud en las últimas semanas. Estuvo primero en el Instituto Argentino del Diagnóstico (IADT) y luego en el Sanatorio Los Arcos, de Palermo.
El presidente Alberto Fernández decretó tres días de duelo por su fallecimiento y el funeral de Estado se llevará a cabo en el Salón Azul del Congreso de la Nación. Luego será enterrado en el cementerio Islámico de San Justo, junto a su hijo Carlos Menem Jr.
Menem, una vida ligada a la política
Nacido en Anillaco, La Rioja, el 2 de julio de 1930, hijo de inmigrantes sirios, Menem estudió abogacía en Córdoba (1949-1955) y desplegó desde muy joven una carrera política en el peronismo de su provincia, el cual llegó a presidir en 1963. La proscripción del justicialismo le impidió competir por cargos electivos en esa década. En 1973 ganó las elecciones locales y se convirtió en gobernador, cargo del que fue removido por la dictadura en 1976. Estuvo detenido buena parte de ese período.
Con el regreso de la democracia, en 1983, recuperó con una amplia mayoría de votos la gobernación de La Rioja y empezó a construir una carrera de dirigente nacional, apegado a una imagen de caudillo tradicional -sus largas patillas como símbolo- tamizada por su vinculación apasionada con el mundo de la farándula.
Contra todo pronóstico, derrotó a Antonio Cafiero en 1988 en la única elección interna del peronismo para definir un candidato presidencial. Al año siguiente, fue elegido presidente frente al radical Eduardo Angeloz, con el 48% de los votos. Sus promesas eran “salariazo” y “revolución productiva”.
Asumió de forma anticipada el 8 de julio, en medio de una gravísima situación económica y social. Después de casi dos años caóticos de hiperinflación y desequilibrios, lanzó de la mano de Domingo Cavallo el plan de convertibilidad que signaría su gestión.
Su último intento de llegar al gobierno fue en 2003. Con el peronismo dividido, quedó en primer lugar en las elecciones del 27 de abril (24,4%), pero decidió no competir en el balotaje contra Néstor Kirchner, consciente de que le resultaría imposible alcanzar la mitad más uno de los votos.
Promotor del modelo neoliberal
El gobierno de Menem promovió la desregulación de la economía y la privatización de las principales empresas públicas, en un proceso oscurecido por infinidad de sospechas de corrupción. Bajo su mandato, se produjeron los peores atentados en suelo argentino (Embajada de Israel y la Amia). Y, por su impulso, se reformó la Constitución, fruto del Pacto de Olivos, sellado con Raúl Alfonsín. Gracias a ese cambio, pudo ser reelecto en 1995, con casi el 50%.
Cumplió 10 años y medio de gobierno continuado, sin lograr su sueño de otra reelección, un proyecto que intentó a pesar de la prohibición legal. A su salida, en diciembre de 1999, la economía sufría una recesión, con efectos dramáticos en el empleo y la pobreza, que anticipaba el drama de 2001, pero pudo entregarle la banda presidencial a Fernando de la Rúa con la paridad peso-dólar intacta.
En 1989 y 1990, Menem decretó los indultos a los ex militares responsables del genocidio de Estado en la última dictadura militar.
Condenas
En 2001 estuvo casi seis meses preso en una quinta de su amigo Armando Gostanian, acusado en la investigación por la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador. Por esa causa fue juzgado y absuelto en 2011. La Cámara de Casación revocó el fallo y se le aplicó una condena a siete años de prisión, pero otra Sala de Casación terminó por absolverlo en 2018, después de una apelación a la Corte Suprema, por considerar que se había vencido el “plazo razonable” para el dictado de una sentencia firme.
En 2015 fue condenado a cuatro años y medio de prisión en una causa por supuesto pago de sobresueldos. El año pasado fue absuelto en el juicio por el encubrimiento del atentado contra la Amia y, poco después, le dieron tres años y nueve meses en una causa por presunto fraude en la venta del predio de la Sociedad Rural, en Palermo. Ninguna de las condenas quedó firme y, gracias a los fueros parlamentarios, siguió siempre en libertad.
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
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