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Identifican un nuevo centro clandestino de detención de la dictadura

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En el barrio porteño de Floresta se detectó una vivienda que funcionó como centro de tortura del último gobierno de facto en la Argentina.

 

BUENOS AIRES. El juez federal Daniel Rafecas identificó un inmueble que habría funcionado como centro clandestino de detención en la última dictadura militar en el barrio porteño de Floresta y dispuso la “prohibición de innovar” para que no sufra alteraciones, además de ordenar un registro fílmico y fotográfico del sótano del lugar.

“Hicimos un descubrimiento importante para avanzar en las investigaciones. Veníamos con muchos testimonios que nos indicaban que existió un centro clandestino de detención que dependía de la Side y que estaba muy cerca de Automotores Orletti, otro lugar de reclusión por el cual hubo un juicio que terminó con más de doce condenados. Pero hasta el momento no podíamos descubrir dónde se encontraba”, sostuvo Rafecas en diálogo con AM 750 al confirmar esta hallazgo.

La vivienda es actualmente una casa de familia y está ubicada en la misma manzana en la que funcionó el centro clandestino de detención Automotores Orletti, informaron a Télam fuentes judiciales.

En el lugar hay un pequeño sótano en el cual habrían sido alojadas personas secuestradas, según testimonios brindados en la causa penal.

Según la pesquisa, en la casa ubicada en Bacacay 3570 habría funcionado un centro clandestino de detención dependiente de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado en la dictadura, al mando del fallecido general del Ejército Otto Paladino.

La investigación es parte de la megacausa por violaciones a los derechos humanos cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, vinculada a delitos de lesa humanidad en el centro de detención Automotores Orletti en Floresta.

El centro clandestino de la calle Bacacay habría funcionado con anterioridad o en simultáneo a Orletti y el dato de su existencia surgió por testimonios de sobrevivientes que hasta el momento no habían podido precisar su ubicación exacta.

Pero el juzgado recibió documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos sobre la dictadura en Argentina y allí se hizo mención precisa al domicilio ahora identificado. El inmueble habría sido alquilado por la Side hasta 1977, cuando se vendió.

Los testimonios en la causa indican que las víctimas “eran introducidas encapuchadas, alojadas en habitaciones precarias o en el pequeño sótano de la propiedad, y sometidas a torturas con picana en una habitación acondicionada para ello”, explicaron fuentes del caso.

Además, “no se descarta que este sitio haya servido también para las operaciones del llamado Plan Cóndor, no sólo por su vinculación con Automotores Orletti, sino porque el relato de una de las víctimas da cuenta de que allí se alojaban detenidos uruguayos”, se agregó.

En la causa hay declaraciones de dos víctimas, realizadas en forma remota durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, que describieron el inmueble de manera coincidente.

Fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos contaron a Télam que desde hace dos años se maneja información con respecto a la existencia de este lugar, que varios represores de Orletti habían aludido como El Jardín o La Cueva”.

La primera información sobre ese centro que funcionó como parte de la estructura represiva que se centraba en Orletti la dio la sobreviviente Mercedes Naveiro -ya fallecida-, quien confirmó que estuvo en una casa con “dos cocinas”.

Con esos datos, el juzgado a cargo de Rafecas inició una investigación y dio con María Ester Poggi, quien junto a su esposo compró esta vivienda en 1977 y tiempo más tarde le hicieron reformas y descubrieron que había un sótano en ese lugar.

La mujer hizo un croquis de la vivienda, brindó detalles de su ubicación en el barrio de Floresta y esos datos coincidieron con la información que apostaron dos sobrevivientes que pasaron por ese centro clandestino.

Se trata de Emma Lebozec y Ana Larrea de Jaroslavsky -residente en París-, quienes realizaron en mayo pasado una descripción por videoconferencia que conformaba los datos del inmueble que tenían en el juzgado.

“Ninguna de las dos mujeres sabían dónde habían estado. Es más, pensaban que habían estado alojadas en la Comisaría 50 de la Capital Federal”, indicaron desde el Juzgado Número 1 a cargo de esta causa.

Además, los compradores de la casa en 1977 fueron ubicados y declararon en el juzgado que cuando ingresaron a la propiedad “encontraron en el sótano unos zapatos de mujer sucios y de color rosa viejo y también zapatos de hombre”.

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Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril

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bono fuerzas federales

El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.  

Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.

El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal. 

Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.

 

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La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.

Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.

De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.

En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial

Impacto en Misiones

Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.

Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.  

Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes

 

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Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral

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reforma laboral cautelar

La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.

La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.

Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.

La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.

Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.

Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26

El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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