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Denuncian a la AFI macrista por espiar a 400 periodistas

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Según la presentación judicial, habría investigado a políticos, referentes sociales, académicos y empresarios. Según el expediente, entre los presuntos espiados durante el gobierno de Macri también aparecen 400 periodistas.

 

BUENOS AIRES. La Justicia investigará al expresidente Mauricio Macri y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el presunto espionaje ilegal de unas 500 personas, en su mayoría periodistas.

Los datos surgen de la denuncia presentada este viernes por la interventora de la AFI Cristina Caamaño, en la que acusó a la gestión macrista de “producción de inteligencia ilegal”.

Según el expediente, entre los presuntos espiados durante el gobierno de Macri hubo políticos, referentes de organizaciones sociales, académicos, empresarios, miembros de organismos de la sociedad civil y unos 400 periodistas.

A estos últimos se les habrían armado fichas de perfil ideológico para las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20 en Buenos Aires. De acuerdo con Caamaño, en cada caso figuraban “preferencias políticas, publicaciones en redes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de contenido político y/o cultural, entre otras”.

Además, explicó que cada ficha tenía comentarios como “siempre con posturas contra el Gobierno”, “se muestra muy crítico respecto del actual gobierno”, “muestra su afinidad hacia el peronismo”, o “apoya a gobierno”. En tanto, según el perfil llevaban señales verdes, amarillas o rojas, supuestamente para habilitar la acreditación que los periodistas y medios habían presentado ante la cancillería argentina.

Según consignó Télam, entre los presuntos periodistas investigados hay 61 corresponsales de medios extranjeros, a saber: empleados de las agencias noticias DPA (Alemania); Reuters (Gran Bretaña); Associeted Press y Bloomberg (Estados Unidos); EFE (España); AFP (Francia), ANSA (Italia); Xinhua (China); y Al Jazzera (Qatar).

En lo que respecta a medios gráficos, portales y agencias nacionales, fueron incluidos trabajadores de Clarín; La Nación; Infobae; Perfil; Página 12; BAE; Crónica; El Cronista; Diario Popular; Ámbito Financiero; Tiempo Argentino; La Prensa; La Voz del Interior; Télam; Noticias Argentinas; El Destape; Forbes Argentina; La Política On Line; The BA Times; y Revista Noticias.

También espiaron a periodistas, camarógrafos y productores de los canales de televisión Telefé; Canal 13; Canal 9; Televisión Pública; Todo Noticias (TN); C5N; Crónica TV; Canal 26 TV; América 24; CNN en español; Canal 3 (Rosario); Grupo UNO; Canal de la Ciudad (CABA); y Canal 12 (Córdoba). Además, investigaron a profesionales de Radio 10; Mitre; Cadena 3; Radio Nacional; La Red; Del Plata; Continental; Rivadavia; Radio de la Ciudad; y Latina.

De acuerdo con lo informado, en la lista figuraba el nombre completo de cada periodista, el detalle de los respectivos medios a los que pertenecían y observaciones a partir de sus intercambios o posteos en las redes sociales, en la que se incluía información sobre participación sindical, su ideología o asistencia a marchas, por ejemplo. Algunos fueron definidos como “kirchneristas” o por tener “ideas afines a Cambiemos”; o por subir tuits “en reclamo de la actividad de prensa”; o si era “miembro de ARGRA”; o de “Satsaid”; “Sipreba”; o si estaba “a favor del aborto”.

Según el escrito, en el caso de empresarios y sindicalistas que pidieron participar de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio de 2017, se incluían además puntillosos datos personales, patrimoniales y salariales.

“Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado”, detalla el documento, al tiempo que afirma que el accionar de la AFI se ejecutó “con manifiesta connivencia de la (entonces) autoridad máxima del ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich”.

“Desde el Gobierno vamos a aportar todo lo que sea necesario. No tenemos reparos en avanzar y darle a la Justicia todos los elementos que requiera. Y los responsables deberán hacerse cargo”, aseguró el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en declaraciones a Radio Mitre.

En tanto, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó “preocupación por los casos de presunto espionaje ilegal contra ciudadanos, entre ellos, numerosos periodistas” y comunicó que “presentará un pedido de informes a las autoridades y organismos involucrados”.

Según fuentes judiciales, la denuncia presentada por la AFI se sustenta a partir de la información hallada dentro de tres sobres que había en el interior de una caja fuerte del organismo con las inscripciones “2017”, “Periodistas G-20” y “Varios”.

Por sorteo, la causa recayó en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que delegó la investigación en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal que dirige Paloma Ochoa, en el que constituye el segundo expediente abierto por este tema.

Por su parte, Caamaño pidió en el escrito que se cite a declaración indagatoria al exdirector general de la AFI Gustavo Arribas; a la exsubdirectora general de la Agencia, Silvia Majdalani; y al expresidente Mauricio Macri “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”.

Diario Federal

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Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril

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bono fuerzas federales

El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.  

Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.

El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal. 

Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.

 

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La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.

Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.

De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.

En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial

Impacto en Misiones

Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.

Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.  

Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes

 

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Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral

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reforma laboral cautelar

La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.

La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.

Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.

La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.

Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.

Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26

El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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