Nacionales
A dos meses del inicio del aislamiento social, Alberto evalúa una nueva prórroga
El 20 de marzo el presidente decretó el inicio de las medidas para contener la pandemia de Covid-19. Luego de 60 días, y tras un proceso de flexibilización, se analizan los pasos a seguir de cara a una “nueva normalidad.
BUENOS AIRES (TÉLAM). El aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno nacional ante el avance del coronavirus cumplirá mañana dos meses, en momentos en que el presidente Alberto Fernández evalúa una posible extensión de las medidas de restricción, de acuerdo con la evolución de la pandemia y sus diferentes manifestaciones en las provincias, ciudades o distritos.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio fue anunciado el 19 de marzo, pero empezó a regir al día siguiente a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo, que fue ratificado por el Senado de la Nación la semana pasada en su primera sesión de modo virtual desde la pandemia.
El aislamiento, a partir de su vigencia, fue renovado cada quince días por el jefe de Estado con distintas restricciones y aperturas, en sintonía con el número de casos registrados en cada distrito del país y siempre luego de hacer consultas con un comité de expertos y epidemiólogos, gobernadores y autoridades del gobierno porteño.
La medida, inédita en el país, comenzó con la fase 1 de aislamiento estricto y con el lema “Quedate en casa”, que buscó concientizar sobre la necesidad de permanecer en los domicilios y evitar así los contagios.
La excepción fueron los trabajadores de actividades consideradas como “esenciales”, es decir, las imprescindibles, que siguieron con actividad respetando protocolos de protección para evitar contagios, como en los casos del personal de salud, seguridad, recolección de residuos, transportes, medios de comunicación y la producción de alimentos.
En esa primera fase de la cuarentena, los supermercados y farmacias abrieron en horarios reducidos, y la sugerencia para la población fue que las salidas solo se realicen en esos locales de cercanía, para evitar la aglomeración masiva de personas.
En ese contexto, las calles de pueblos y ciudades quedaron vacías y las medidas de prevención fueron el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel y la desinfección de los productos que ingresaban a los hogares.
El distanciamiento social, que implica la separación de un metro y medio entre personas para evitar contagios, fue la medida obligatoria que se impuso en la calle para evitar contraer la enfermedad.
El teletrabajo y la suspensión de las clases en todos los niveles educativos contribuyeron a la ausencia en las calles de niños y estudiantes, que empezaron a recibir material educativo por canales electrónicos.
En la fase 2, de aislamiento administrativo de la cuarentena, la movilidad de la población pasó del 10 al 25 por ciento, se realizaron nuevas autorizaciones para reanudar actividades, y se dispuso como obligatorio para salir a la calle el uso de tapa nariz y boca, a modo de barbijo, medida dispuesta de manera progresiva en los diferentes distritos del país como nueva forma de protección que se sumó a las que ya regían desde el inicio del aislamiento.
A mediados de abril se dispuso la fase 3, de segmentación geográfica, en la que se permitió hasta el 50 por ciento de movilidad de las personas y hubo nuevas autorizaciones para reiniciar actividades.
El 10 de mayo pasado, el gobierno resolvió que la ciudad y provincia de Buenos Aires permanecieran en fase 3 a raíz del número de casos que registran y sus autoridades permitieron a los niños acompañar a sus padres en salidas breves el fin de semana.
Esa decisión fue anunciada dos días antes, cuando el presidente en conferencia de prensa comunicó la nueva prórroga de la cuarentena hasta el domingo 24 de este mes y sostuvo que la permanencia del Amba en la Fase 3 de la cuarentena “no es un avance ni un retroceso, sino trabajar con seriedad, dado que el objetivo no se pudo alcanzar”.
El jefe de Estado destacó en esa oportunidad que en el análisis del total del país los contagios de coronavirus se duplican cada 25,1 días, pero advirtió que la región del Amba todavía está lejos de ese objetivo porque concentra el 86,2 por ciento del total de casos y es donde se duplican los contagios cada 18,8 días.
El 10 de mayo, sin embargo, varios distritos del país en los que el tiempo de duplicación de los casos fue de más de 25 días, pasaron a la fase 4 de la cuarentena, por lo que se permitieron reanudar actividades y la movilidad de la población pasó al 75 por ciento en esos lugares.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio, en las fases dispuestas para cada zona según el tiempo de duplicación de los casos, finaliza el 24 de mayo, por lo que el gobierno decidirá la modalidad en que será prorrogado de acuerdo a la evolución de la pandemia.
La cuarentena fue dispuesta el 20 de marzo y se renovó el 31 de marzo, el 12 de abril, el 27 de abril, y la última vez el 11 de mayo, hasta el domingo 24 de este mes.
Las fases de la cuarentena según el tiempo de duplicación de los casos en cada distrito son: en la fase 1 el tiempo de duplicación de los casos se registró en menos de quince días; en la fase 2, de 5 a 15 días; en la fase 3, de 15 a 25 días; en la fase 4, más de 25 días; y en la fase 5, de nueva normalidad, no deben registrarse contagios.
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
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