Nacionales
Argentina extiende los plazos de negociación para evitar el default de la deuda
El Ministerio de Economía extendió el plazo para negociar con los bonistas hasta el 22 de mayo, tras la baja adhesión a la propuesta inicial del gobierno.
BUENOS AIRES (TÉLAM). El Ministerio de Economía extendió hoy hasta el 22 de mayo próximo el plazo para las negociaciones con los bonistas y convocó a los acreedores a presentar una “propuesta de reestructuración de deuda de buena fe”.
En un comunicado de prensa, la cartera que conduce Martín Guzmán dijo que el gobierno seguirá abierto a “tratar todos los aportes diseñados para ayudar a la Argentina a lograr sus objetivos y al mismo tiempo mejorar las recuperaciones de los acreedores”.
El Palacio de Hacienda reconoció que la oferta que presentó el 17 de abril pasado no contó con un nivel de adhesión importante al cierre del plazo inicial previsto para el viernes pasado para que los tenedores informaran sin ingresaban al canje.
“Si bien muchos de nuestros tenedores de bonos respaldaron la invitación de Argentina” para deuda emitida en divisas bajo legislación extranjera, “hubo otros grupos importantes de acreedores que no lo hicieron”, señaló el Ministerio de Economía.
El nuevo plazo fue comunicado de manera oficial a través de una nota enviada en las últimas horas del domingo por el ministro Guzmán a la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC, según sus siglas en inglés).
En el documento difundido hoy, el Palacio de Hacienda apuntó a que “entre los que rechazaron la oferta de Argentina, varios han indicado que existen mejores alternativas que pueden conciliarse con los objetivos que esta administración se ha fijado para sí misma y para el pueblo argentino” .
En este marco, desde el Gobierno “seguimos abiertos a tratar todos los aportes diseñados para ayudar a Argentina a lograr sus objetivos y al mismo tiempo mejorar las recuperaciones de los acreedores”, dijo Guzmán, alentando a que los tenedores de deuda presenten su propuesta.
Sin embargo, dejó en claro que “tendremos en cuenta de buena fe cualquier propuesta de reestructuración de deuda que cumpla con los objetivos de sostenibilidad que necesitamos garantizar, con inclusión de combinaciones de tasas de interés, reducción de capital, períodos de gracia y extensión de vencimientos diferentes a los que hemos propuesto”.
La nueva fecha del 22 de mayo para cerrar la negociación coincide con el día en que vence período de gracia que tiene la Argentina para pagar un vencimiento de 503 millones de dólares de tres bonos Global que originalmente debía ser abonado el 22 de abril pasado.
La importancia que tiene ese día es que en el caso de que no se abone la deuda sin que exista un acuerdo previo sobre la materia, el país entraría en situación de default.
El proceso de reestructuración de deuda encarado por el gobierno contempla también la renegociación del contrato con el FMI por una deuda de 44.000 millones de dólares, así como con otros foros multilaterales -como el Club de París-, entre otras cuestiones.
Por eso, Economía destacó que “con la cooperación de los acreedores del sector privado y el sector público, Argentina puede superar este período de agitación sin caer en la angustia social, política y económica que afligió tristemente a la República a principios de este siglo”, referencia a la crisis del 2001/02.
El Gobierno “cree firmemente que por medio del compromiso con su comunidad de acreedores, las medidas reparadoras” como representan el período de gracia de tres años y el pago inicial de una tasa de interés del 0,5% “se pueden identificar a un ritmo en el que tales medidas seguirán siendo las adecuadas para estabilizar la situación y hacer que la economía del país regrese al crecimiento a largo plazo y su deuda recupere sostenibilidad”.
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
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