Judiciales
El femicida de las 113 puñaladas, Fabián Tablado, recupera hoy su libertad
Fabián Gerardo Tablado, el femicida que en 1996 mató de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló en su casa de la localidad bonaerense de Tigre, recuperará hoy su libertad tras haber cumplido su pena.
BUENOS AIRES. Tablado, quien cometió el crimen cuando tenía 20 años, actualmente tiene 43 -el martes es su cumpleaños 44-, saldrá alrededor de las 12 del mediodía de la Unidad 21 de Campana, ubicada sobre el kilómetro 5,5 de la Ruta 6, penal donde pasó sus últimos años de condena en el pabellón 5 de los internos que profesan el culto evangelista.
La madre del femicida, María Esther Gallardo, confirmó ayer que pese a que sabe que su hijo “se arruinó la vida”, nunca lo abandonó en estos casi 24 años que estuvo preso y anunció que hoy iría a buscarlo a la salida del penal.
La mujer, quien dijo que “no hay palabras de consuelo” para la familia Aló, no quiso confirmar si a partir de hoy su hijo volverá a vivir con ella y su marido en Albarellos 348 de Tigre, la misma casa donde en 1996 cometió el crimen de las 113 puñaladas, por lo que aún es una incógnita cuál será a partir de hoy el lugar de residencia del femicida.
Como a partir de hoy tiene cumplida la pena, Tablado no tiene obligación de informarle ni a la Justicia ni al Servicio Penitenciario Bonaerense, cuál va a ser su domicilio.
Desde que en diciembre se enteró que Tablado iba a ser liberado, Edgardo Aló, padre de la víctima, buscó la manera de evitar que “el chacal” -tal como llama habitualmente al asesino de su hija-, salga de prisión y cuestionó que se le dé por agotada la pena dos años y nueve meses antes de lo que había dispuesto la Justicia.
Es que Tablado saldrá hoy libre luego de pasar 23 años, nueve meses y un día encarcelado, cuando la Justicia había dispuesto que pase encarcelado 26 años y seis meses.
Por el crimen de Carolina Aló fue condenado en 1998 a 24 años de prisión, pero en 2013 se le sumó una condena a dos años y medio de prisión por “coacción” tras amenazar de muerte a Roxana Villarejos, la docente con la que en 2007 se casó con él estando preso y con quien tuvo hijas mellizas, y a su suegra.
Si bien se le unificó la condena en 26 años y seis meses de prisión, pena que debía agotarse en 2022, los beneficios de la ya derogada “Ley del 2×1” y los cursos que hizo en prisión como “estímulo educativo”, hicieron que la pena del femicida se dé por concluida hoy.
El padre de Aló solicitó ayer que la Justicia imponga una medida de restricción perimetral para que ahora que otra vez estará en la calle, el femicida de su hija no pueda acercarse a su grupo familiar.
El miércoles se conocieron los resultados de una reciente pericia psiquiátrica que determinó que Tablado presenta sus facultades mentales “normales”, pero también recomendó que por el momento no ejerza la “responsabilidad parental” sobre sus hijas mellizas de 11 años.
El crimen de Carolina Aló ocurrió el 27 de mayo de 1996 en la casa de la familia Tablado, en Albarellos 348 de Tigre.
Hasta allí la pareja fue a la salida de la Escuela N°1 Marcos Sastre de Tigre, colegio al que asistían en el turno nocturno, tuvieron relaciones sexuales y comenzó una discusión por celos que culminó en el homicidio.
Tablado, por entonces de 20 años, persiguió a Carolina por varios ambientes de la casa -escaleras, cocina y garaje- y la mató de 113 puñaladas aplicadas con cuatro armas blancas halladas en la escena: una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa Tramontina y un formón de carpintería.
El homicida escapó, le confesó lo sucedido a un amigo y se fue a esconder debajo del puente de la calle Tedín, en Tigre, a unas 20 cuadras del lugar del crimen, donde unas horas más tarde la policía lo detuvo.
En el juicio, querella y fiscalía lo acusaron por homicidio agravado por alevosía para lograr una perpetua y la defensa pretendía que se lo declare “inimputable”, pero finalmente, en un fallo dividido, la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro condenó a Tablado a 24 años por homicidio simple.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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