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Jubilación al recinto: desdoblan la edad y eliminan el mínimo de 20 años para jueces

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Son dos de las principales modificaciones a las que accedió el oficialismo. También hubo cambios en el cálculo de los futuros beneficios. Este jueves se trata si es que se llega al quórum.

BUENOS AIRES (Agencias y diarios). El oficialismo accedió a incorporar algunos cambios en el proyecto de ley del Gobierno que recorta las jubilaciones de magistrados y diplomáticos, con lo cual quedó listo bajar al recinto este jueves.

Entre las modificaciones aceptadas por el oficialismo figura el desdoblamiento de la edad jubilatoria de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Para los hombres será de 65 años, de manera escalonada, y de 60 años para las mujeres.

Además, se eliminó como requisito para acceder a la jubilación el haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial, según dijo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Otro cambio importante es el que anticipó el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, y se refiere a que el Gobierno elevó una modificación a uno de los artículos del proyecto (el artículo 17 inciso b) que establece el cálculo de los futuros beneficios.

En ese sentido, se estableció que se aplicará el 82% móvil sobre el promedio de las remuneraciones actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría del cargo vigente al momento del cese. Este mismo criterio se aplicará para la movilidad de los haberes, aclaró el funcionario.

Explicaciones oficiales

El titular de Seguridad Social dijo que “es innumerable la cantidad de magistrados que al cumplir los 60 años y los requisitos que establece el régimen actual, iniciaron su trámite jubilatorio en la Anses y lo suspendieron al momento del cese”.

Por ello puntualizó que “los señores magistrados que hoy no hicieron el trámite pero que al día anterior a la promulgación de la ley hayan cumplido con los requisitos de la ley 24.018, conservarán sus derechos, no estarán afectados”.

Negó que “se afectan los derechos adquiridos de ninguno de los funcionarios que están en condiciones de adquirir el beneficio, sea que se jubilen hoy o sea que se continúen trabajando hasta los 75 años que es el límite que fija la Constitución”, dijo.

La oposición

El bloque de Juntos por el Cambio condicionó su presencia en la sesión de este jueves a que se incorpore en el texto una cláusula transitoria que garantice que quienes hayan cumplido las condiciones para acceder a la jubilación con la ley actual (antes de la modificación propuesta por el Ejecutivo) se les permita que accedan a la misma pero que puedan seguir trabajando. Este universo abarcaría a 280 jueces y fiscales.

“No queremos que se debilite el sistema de Justicia con la salida masiva de magistrados y la consiguiente parálisis de los tribunales”, enfatizaron los voceros de Juntos por el Cambio.

En el plenario de las comisiones de Previsión y de Presupuesto el diputado Pablo Tonelli insistió en la inclusión de la cláusula transitoria en el texto, pero Goñi insistió en que sería redundante, porque el texto es suficientemente claro.

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Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril

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bono fuerzas federales

El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.  

Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.

El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal. 

Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.

 

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La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.

Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.

De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.

En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial

Impacto en Misiones

Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.

Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.  

Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes

 

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Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral

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reforma laboral cautelar

La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.

La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.

Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.

La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.

Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.

Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26

El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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