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Camioneros, judiciales y petroleros cerraron aumentos salariales de 40% para 2018

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BUENOS AIRES (Agencias). Los gremios de empleados judiciales, de camioneros y de los petroleros cerraron aumentos salariales de 40 por ciento, según confirmaron hoy desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y de gremio que conduce Pablo Moyano.

La Corte Suprema de Justicia decidió otorgar un aumento salarial a todos los trabajadores del Poder Judicial. Para ello, cumplió con el formalismo de solicitarle al jefe de Gabinete, Marcos Peña, una modificación de las partidas presupuestarias.

Según resolvieron los ministros del máximo tribunal por unanimidad, la suba se dará en dos tramos: 10 por ciento a partir del 1 de octubre y otro 10 por ciento  desde el 1 de diciembre.

Este nuevo incremento se suma a otros dos de 10 por ciento que ya se pagaron en 2018. Así, la recomposición anual para los trabajadores del sector alcanzará a fin de año el 40 por ciento.

El sindicato de Camioneros y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que agrupa a 21 cámaras del sector, resolvieron modificar el acuerdo paritario que había sido cerrado el 19 de junio de este año, cuando el aumento pactado para 2018 fue del 25 por ciento.

Hace cuatro meses Camioneros firmó ese aumento, que superaba el techo del 15 por ciento que intentó fijar el Gobierno para las negociaciones paritarias a comienzos de año, el sindicato que conducen los Moyano fue tomado como referencia por otros gremios que todavía no habían cerrado sus acuerdos.

En este nuevo acuerdo, Camioneros y FADEEAC pactaron una suba del 11% a partir de noviembre y otra del mismo porcentaje para marzo de 2019, al tiempo que resolvieron retomar las negociaciones sobre un tercer aumento para mayo del año que viene.

También cerraron su paritaria los trabajadores petroleros privados, cuyo representante gremial Guillermo Pereyra estuvo en la Secretaría de Trabajo. Al igual que en el caso de los Judiciales y los Camioneros, los Petroleros recibirán un aumento del 40 por ciento en 2018, en otra negociación que casi triplicó el techo de subas de salarios al que aspiraba el oficialismo.

El detalle del acuerdo establece aumentos del 10 por ciento a partir de noviembre y otro 10 en febrero del año que viene. Sumados al 20,4 por ciento pactado a comienzos de año, y al 5 extra de agosto, esto equivale a una suba total del 45 por ciento en las paritarias 2018.

A raíz de la disparada del costo de vida, la UOM reclama una actualización en tres cuotas de 5% cada una, a pagar en octubre, noviembre y diciembre. Por este reclamo, ya se produjeron dos encuentros entre sindicalistas y empresarios sin que se llegara a un acuerdo.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) pidió la reapertura de la negociación salarial con la Cámara Argentina de Arena y Piedra (CAAYP), con la cual se había convenido un aumento del 22% de los salarios básicos de las categorías Marineros, Maestranza y Auxiliares de Maquinas a partir del 1 de abril de 2018.

El titular del gremio de estatales UPCN, Andrés Rodríguez, afirmó que “es probable que antes de fin de año” deba pedir la reapertura de la paritaria del sector, ya que había firmado un acuerdo salarial en junio pasado por el 15 por ciento hasta junio del año próximo

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Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril

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bono fuerzas federales

El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.  

Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.

El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal. 

Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.

 

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La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.

Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.

De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.

En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial

Impacto en Misiones

Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.

Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.  

Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes

 

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Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral

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reforma laboral cautelar

La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.

La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.

Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.

La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.

Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.

Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26

El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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