Nacionales
Los bancos amenazan con desactivar las cuotas sin interés
El anuncio de la investigación que efectuará la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia llega en medio de una fuerte disputa entre las principales cámaras comerciales y los bancos por el negocio de las tarjetas de crédito. El proyecto de ley comenzó su tratamiento en el Senado y la semana que viene llegaría al recinto. Todo indica que los legisladores obligarán a una rebaja sustancial de lo que hoy se cobra en concepto de aranceles. La propuesta es que baje del máximo del 3% al 1,5% para las operaciones de crédito y a cero para las de débito, ya que serían similares a las transferencias automáticas (que desde el segundo trimestre son gratuitas sin importar el monto).
Pero un informe elaborado por Atacyt (la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra) y distribuido entre los principales jugadores del mercado en las últimas horas realiza fuertes advertencias en caso de que se avance con esta iniciativa. Entre otros aspectos, asegura que una rebaja de los aranceles como la propuesta tendrá un impacto inmediato en varios campos, que detalla en los siguientes puntos:
• Una reducción del arancel impactaría negativamente en el consumo en general.
• Se eliminarían las promociones, incluyendo el Programa “Ahora 12”.
• También desaparecían los planes de cuotas sin interés.
• Se eliminaría la emisión de nuevas tarjetas, reduciéndose la publicidad.
• Habría una restricción del crédito para consumo en general.
Además, señala que la discusión sobre el arancel pasa exclusivamente por la manera en que se reparte un negocio entre bancos y tarjetas. “Si se reduce el arancel, no tendría impacto en los precios de los consumidores. Sería una transferencia de ingresos desde las tarjetas hacia los comercios”.
Pero en CAME opinan en forma opuesta. Explican que los precios bajarán porque es la única forma de aumentar el consumo. Del plan “Ahora 12” aclaran que se trata exclusivamente de un programa en el que intervienen el Estado (que subsidia una parte de las cuotas sin interés) y directamente los comercios. “Las amenazas de los bancos no sirven para llegar a un entendimiento”, explicó el vocero de prensa, Vicente Lourenzo. La investigación del Ministerio de la Producción recae sobre Prisma (Visa Argentina) y 14 bancos accionistas. Una de las críticas principales es que se trata de un sistema “cerrado”, que impide a otros jugadores la posibilidad de emitir la tarjeta en el país.
Pero los conocedores del sistema de aseguran que la licencia de Visa que hoy poseen 14 entidades resultó conveniente para el avance tecnológico y la masificación de tarjetas. Hace dos semanas estuvo Eduardo Coelho, el número uno de Visa Latinoamérica, quien se reunió con representantes de la CNDC. Allí defendió la postura de los bancos y ponderó la “franquicia” que la marca posee en la Argentina. “Para que el sistema sea realmente transparente hay que revisar el sistema de venta en cuotas. Cobrarle a los clientes lo que el producto vale en una cuota y si quieren comprar en tres, seis o doce cuotas que se explicite claramente cuál es la tasa de interés que cobra el banco, como sucede en todos lados”, señaló a este diario uno de los principales referentes de la banca local.
Nacionales
Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
Nacionales
La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
Nacionales
Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy
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