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Catholics for Choice, Amnistía Internacional y parlamentarios irlandeses piden por el aborto legal en Argentina

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BUENOS AIRES. En el marco del debate por la legalización y despenalización del aborto, Amnistía Internacional le pidió a la senadora y presidenta de la Banca de La Mujer en la Cámara alta, Inés Imelda Blas, que no vote en contra del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Catholics for Choice, una organización católica internacional le pide al Senado que apruebe la legalización del aborto y hasta parlamentarios irlandeses le escribieron una carta a los senadores argentinos para que voten a favor.

A través de una carta Amnistía Internacional llamó a la legisladora de la Nación a reflexionar acerca de la oportunidad que tiene nuestro país de garantizar los derechos humanos de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Más aún teniendo en cuenta su rol de presidenta de la Banca de la Mujer, espacio que tiene como mandato dictaminar sobre cuestiones penales, de igualdad, de salud y de violencia que afecten específicamente a las mujeres. Desde Amnistía Internacional también instan a todos los senadores a no dar la espalda a las mujeres y a acompañar con su voto el aborto legal.

“Despenalizar el aborto no es una concesión hacia las mujeres, es un imperativo de derechos humanos que Argentina hace años está incumpliendo. Los tratados internacionales firmados por nuestro país así lo imponen. Reconocer y defender los derechos de las mujeres es también un paso inexorable para entrar de una vez por todas en la modernidad y estar a la par de los países desarrollados a los que Argentina se quiere parecer” indicó Mariela Belski – Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

En esa misma línea, una organización católica internacional presentó un pedido a la Cámara Alta para que apruebe el “aborto de buena fe”. Se trata de Catholics for Choice (Católicos por el derecho a decidir, en español), con sede en Washington D.C., la capital de Estados Unidos, una entidad que apoya las políticas y estructuras de gobierno que aboguen por la separación entre la Iglesia y el Estado.

Catholics for choice reclama una “postura liberal” sobre el tema, desde la idea que los preceptos católicos incluyen el valor de la conciencia individual y el derecho a disentir. “El respeto a la vida debe incluir el respeto a la vida de las mujeres”, consideró el presidente de la organización, el irlandés Jon O’Brien.

Para Catholics for Choice la teoría de que el feto es persona se basa en conceptos científicos del siglo XVII y que “han sido superados por la evidencia actual”. Y explica que la jerarquía de la Iglesia ya rechazó esa idea en la Declaración Sobre el Aborto Provocado, de 1974, donde el Vaticano reconoció que no sabe cuándo el feto se convierte en persona: “No hay una tradición unánime respecto a este tema y los autores aún se encuentran en desacuerdo”, cita.

Por otro lado, 60 parlamentarios de Irlanda le enviaron una carta a sus pares argentinos para que “pongan fin a las injusticias contra las mujeres y las niñas”. Irlanda aprobó en mayo la legalización del aborto con un referéndum que fue votado por el 66 por ciento de la población.  En la misiva los parlamentarios afirman: “Les escribimos para instarlos a que respalden el proyecto de ley presentado ante el Senado argentino que propone despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo y garantizar así el acceso de las mujeres a los servicios de aborto seguro”.

Además, expresan su “preocupación” porque “la criminalización del aborto en la Argentina obliga a cientos de miles de mujeres cada año a someterse a abortos clandestinos e inseguros, poniendo en riesgo sus vidas y su salud”. “Al continuar criminalizando el aborto, su Estado está violando los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Incluso en las circunstancias limitadas en las que el aborto es legal, cuando el embarazo es el resultado de una violación o si la vida o la salud de la mujer corre peligro, las mujeres y las niñas continúan enfrentando múltiples obstáculos para acceder al aborto legal”, expresaron en el texto.

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Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril

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bono fuerzas federales

El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.  

Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.

El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal. 

Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.

 

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La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.

Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.

De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.

En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial

Impacto en Misiones

Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.

Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.  

Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes

 

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Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral

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reforma laboral cautelar

La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.

La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.

Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.

La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.

Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.

Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26

El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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