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Entró con dolor de panza, la medicaron y murió. Desde el hospital dicen que hicieron todo bien

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La joven tenía 25 años y la trataron por una infección urinaria. Desde el hospital de Jardín América aseguraron que no esconden nada y que el mismo médico pidió la autopsia. La familia de Marta Isabel Sosa, una joven de 25 años que falleció en la madrugada del 3 de mayo en el Hospital de esta localidad, denunció por presunta mala praxis al médico de guardia que la atendió. La denuncia fue realizada este martes 7 a la tarde ante las autoridades policiales.

La familia convocó a una marcha para este miércoles a la mañana, frente al nosocomio, para pedir una mejor atención médica “para que no ocurran más muertes totalmente evitables”, explicó el cuñado de la joven fallecida, Fernando Guzman. Según la familia, la joven fue tratada por una infección urinaria y falleció por peritonitis.

“El miércoles 2 a las 11 de la mañana mi cuñada fue al hospital porque tenía fuertes dolores abdominales, la acompañó mi señora, María Esther, que es su hermana. El médico la revisó, le hizo un análisis de sangre y orina y le dijo que tenía una infección urinaria, la dejaron internada y le inyectaron calmantes y antibióticos. El médico les dijo que no era necesario que se quedaran todos en el hospital, por lo que se retiraron mi señora y su mamá; y quedó otra hermana para acompañarla”, relató Fernando.

Según consta en la denuncia policial presentada este martes por “muerte dudosa”, con intervención del Juzgado de Instrucción Uno, luego de tener los resultados de los análisis de orina y sangre, el médico de guardia les dijo que tenía infección urinaria. Por la tarde, cuando la enfermera le preguntó cómo se encontraba, la joven paciente logró incorporarse y dijo que se sentía un poco mejor pero que tenía ganas de vomitar. Entonces, el personal médico del hospital aseguró a la familia que no era necesario que se quedasen todos por lo que decidió permanecer para acompañarla una de sus hermanas, Anselma Sosa.

Fue Anselma quien “en reiteradas ocasiones, cuando su hermana Marta aún se encontraba con vida, le pidió al personal médico que la examinaran nuevamente, pero le respondieron que ya había sido examinada por el médico y que eran solo gases y que tenían sean pacientes. Momentos más tarde, cerca de las tres de la madrugada, Marta comenzó a levantar mucha fiebre y devolvió un líquido de color verde. Recién entonces el personal médico comenzó a preocuparse y a la madrugada intentaron derivarla a Posadas”, según consta en la denuncia policial. Falleció a los pocos minutos.

La familia expresó su disconformidad con la atención médica recibida, porque se internó un día antes y pudo haber sido salvada y derivada a tiempo si en el hospital le hubieran hecho una ecografía. “El forense que hizo la autopsia del cuerpo de Marta en Posadas concluyó que tenía infección intestinal y esa fue la causa de muerte”, confirmó Guzman.

“Mi cuñada tenía 25 años y la vida por delante. Nunca se enfermaba, creo que era la primera vez que fue internada en el hospital. Era el sostén y pilar de su familia, tenía a su cargo el cuidado de su mamá y dos de sus hermanos discapacitados”, detalló su cuñado, “sabemos que no la vamos a recuperar más pero pedimos que se esclarezca lo que sucedió y que no vuelva a pasar”.

El director del hospital de Jardín América, Gustavo Álvarez, habló sobre la muerte de la joven paciente Marta Sosa y aseguró que tanto el hospital como el médico que la trató se pusieron a disposición de la Justicia. “El hospital no esconde nada, hablé con el médico de guardia y me manifestó que la joven ingresa con dolores abdominales, se la interna y se les hace los análisis y comienzan a medicarla. Pero fue el propio médico de guardia, quien trató a la paciente, quien solicitó que se hiciera una autopsia para saber la causa del deceso. Nosotros todavía no tenemos los resultados de la autopsia, nadie nos notificó nada aún”, explicó el director.

Álvarez aseguró que “queremos poner blanco sobre negro y por eso el médico solicitó la autopsia. El médico quiere entender la causa de esta muerte dudosa. Eventualmente, si el médico de guardia cometió algo que no esté acorde a la situación y circunstancia, la Justicia tendrá que actuar. Nosotros nos pusimos a disposición de la Justicia”. Al ser consultado sobre los estudios que se le realizaron a la paciente antes de tratarla por una infección urinaria, señaló que “tengo entendido que se le hicieron todos los estudios necesarios, incluido análisis de orina, sangre y ecografía”.

Respecto a la marcha convocada por la familia de la paciente fallecida frente al hospital, indicó que “no tengo problemas que marchen las veces que quieran, pero creo que no tenemos que jugar con el dolor de la gente… hay gente de afuera fogoneando el dolor de esta familia que perdió un ser querido. Ayer, en un medio local, hablaron de la muerte de un bebé que, supuestamente, nosotros no quisimos trasladar a Posadas y pedimos plata para pagar el combustible. Pero hoy fue un familiar del bebé a desmentir eso en la radio local, nos quieren poner como los malos de la película. Ayer mi hijo me preguntó si era cierto que iba a ir preso, hay que tener cuidado con el tratamiento de estos temas tan dolorosos como la muerte de una persona. Dejemos que la Justicia juzgue si hay responsabilidad de los profesionales médicos, pero no los difamemos sin quién ni para qué; estamos a disposición de la Justicia, de los medios y de la gente”, argumentó.

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Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio

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La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico. 

Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.

También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio. 

Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita. 

Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.

El caso

La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos. 

Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha. 

La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.

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Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus

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El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.

Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.

“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.

Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.

Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.

El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.

En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.

Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.

Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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