Provinciales
Gendarme obligó a enfermera a revisarle los genitales: fue acusado de abuso sexual agravado
POSADAS. Un efectivo de la Gendarmería Nacional, perteneciente al Escuadrón 50-Posadas, deberá responder por el cargo de “abuso sexual gravemente ultrajante”, según una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones que avaló su procesamiento, según confirmaron fuentes de la Justicia Federal.
El caso salió a la luz por la denuncia de la damnificada que, en primera instancia, había sido encuadrada entre los delitos contra la integridad sexual y se determinó que el acusado fuera procesado, pero el tribunal no solamente dejó firme el inicio del juicio sino que también agravó el cargo.
De acuerdo con las mismas fuentes, la víctima, licenciada en Enfermería, y el acusado, un suboficial de la fuerza federal, se desempeñaban en el Escuadrón 50, donde se habrían registrado las primeras señales de acoso, cuyo detonante se produjo el 30 de noviembre de 2015, según la denuncia.
En dicha circunstancia, el gendarme obligó a la enfermera a que lo revisara en sus partes íntimas, con el argumento de que padecía “una supuesta dolencia o problema de salud en dicha área, sin que con esa revisión pueda realmente llegarse a un diagnóstico”, sostuvo la Cámara.
Al profundizar la observación, los jueces consideraron que la actitud del acusado se concretó “a sabiendas de que la víctima es Licenciada en Enfermería y no posee una carrera en Medicina que la habilite a hacer diagnóstico de enfermedades y el consecuente tratamiento”.
Además se consideró que “el imputado se aprovechó del cargo de superior que detentaba dentro de un organismo de la fuerza de seguridad, luego de reiterados acosos practicados en perjuicio de la víctima y que finalmente cumplimentó la conducta abusiva ejercida en su menoscabo”.
El gendarme arribó a esa circunstancia “en virtud de la convicción generada de su deber de dar cumplimiento a las requisitorias que le impartía, condicionándola como profesional e integrante de dicho organismo estatal, afectándola en su intimidad, en un rango mayor a los parámetros normales teniendo en cuenta la profunda convicción religiosa que profesa”, concluyeron los camaristas Mario Osvaldo Boldú y Ana Lía Cáceres de Mengoni.
Por ello, puntualizaron que “se encuentran acreditados los extremos invocados por la parte acusadora (querella y fiscal), en tanto y en cuanto se ha acreditado que la denunciante ha padecido un trato violatorio de su dignidad personal y que también fue víctima de violencia sexual con grave riesgo de contagio de la enfermedad que padece el imputado y, finalmente, todo ello en un entorno que no puede soslayarse dada la existencia de una relación jerárquica con el imputado”.
Los jueces arribaron a dicha conclusión “a poco de valorarse los detalles suministrados por la víctima, las circunstancias que rodearon al hecho de neto corte sexual, el empleo de mecanismos psicológicos orientados a lograr confianza de la víctima, la generación por parte del imputado de condiciones propicias para que ello se produzca”.
Añadieron consideraciones acerca del “sometimiento a la víctima a fin de que le revise su zona genital y diagnostique un cuadro de salud cuando el imputado tenía pleno conocimiento de que la denunciante no era una profesional médica, como así también haberla expuesto al serio peligro de contagio de la enfermedad”, explicaron.
Al final remarcaron que “el hecho desencadenante de la denuncia se presenta como una sucesión de eslabones previos que en modo alguno pueden ser valorados de manera aislada o descontextualizada de la perspectiva de género”, razón por la cual basaron su decisión en tratados internacionales como la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la leyes sobre violencia de género.
Provinciales
Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio
La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico.
Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.
También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio.
“Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita.
Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.
El caso
La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos.
Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.
La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha.
“La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.
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Provinciales
Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus
El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.
Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.
“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.
Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.
Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.
El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.
En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.
Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.
Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.
Provinciales
Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500
Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.
El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.
En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.
“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.
En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.
Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.
Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.
Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande
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