Nacionales
Jaqueado por la Justicia, Brito dejó el grupo Macro pero puso a su cuñado y a dos hijos
BUENOS AIRES. El histórico presidente del Banco Macro, Jorge Horacio Brito, decidió alejarse de su cargo hace pocos días, jaqueado por la investigación judicial del llamado “caso Ciccone”, aunque antes nombró a su cuñado en su lugar y a dos de sus hijos como directores.
La salida de Brito se concretó horas después que la Oficina Anticorrupción pidiera su procesamiento, como también los del exAFIP, Ricardo Echegaray; la extitular de la Casa de la Moneda, la posadeña Katya Daura, además de otras cuatro personas que fueron involucradas por el arrepentido Alejandro Vandenbroele.
Los mencionados, con el expresidente de la Nación Amado Boudou, son investigados por el juez Ariel Lijo acerca de la ruta que siguió el dinero para la adquisición de “Calcográfica Ciccone”, una firma inactiva por una millonaria deuda con la AFIP pero que poseía los bienes necesarios para la impresión de billetes oficiales.
A raíz del avance del trámite judicial y del grado de involucramiento de Brito, se verificó un derrumbe del 14 por ciento en el valor de sus acciones del Banco Macro, lo que habría sido un hecho determinante para que éste diera un paso al costado, según fuentes cercanas a las operaciones bancarias del país.
La presidencia del grupo quedó en manos de Ezequiel Carballo, cuñado del saliente, que venía desempeñándose como vicepresidente, en tanto que Jorge Pablo Brito, hijo, pasará al lugar que dejó su tío. En el reacomodamiento, Guillermo Stanley retorna como director y se suma Constanza Brito.
El banquero estuvo 30 años al frente de la entidad, pero su salida se manejó dentro de las formalidades societarias, sin estridencias, ya que su mandato había llegado al final y decidió no postularse para un nuevo periodo como lo venía haciendo desde 1988.
No obstante, Brito instruyó a la asamblea de accionistas que para Carballo fuera su reemplazante y que su hijo Pablo pasara a la vicepresidencia, como también que Stanley, padre de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina, regresara al directorio. A ellos se sumó Constanza.
Varios medios nacionales, citando fuentes del grupo, señalaron que “hasta que se aclare la situación, no seguirá en el banco, pero cuando esto se termine (Brito) puede pedir una asamblea para volver a postularse” al frente del Macro, a dos años de haber dejado también ADEBA.
De acuerdo con los antecedentes del “caso Ciccone”, se supo que tras la muerte de Kirchner en 2010, Boudou acudió a Brito para lograr una de las últimas voluntades del expresidente: la compra de Ciccone Calcográfica, que adeudaba 200 millones de pesos a la AFIP.
El funcionario puso a cargo de las negociaciones a dos amigos de la infancia, Miguel Ángel Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, quien figuraba como presidente de The Old Fund, la compañía creada para concretar la compra. Por aquel entonces Brito prestó 567.000 pesos a Vandenbroele y 30.000 a The Old Fund para facilitar esa operatoria.
La investigación judicial de Ciccone que lleva adelante actualmente el juez Lijo conllevó a un pedido de indagatoria contra Brito, implicado por el arrepentido Vandenbroele, en un tramo de su vida empresaria en que se siente abandonado por los favores de la política que gozó desde que compró el Banco Macro, en 1985.
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
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