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San Cayetano: Corpus Christi anti-Macri con venia del Papa

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Una remake del Corpus Christi, pero con roles invertidos: el peronismo fuera del poder, atrincherado en una fecha católica, para generar un hecho político contra Mauricio Macri. La analogía, con alta dosis de ironía, la usó un hombre del PRO para hablar de la movilización que ayer enlazó Liniers con Plaza de Mayo, con la presencia de miles de personas y se tradujo en la mayor shock callejero de alerta a la Casa Rosada en ocho meses de gobierno, publicó el diario Ámbito Financieron.
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De 20 mil a más de 100 mil personas, según la Policía Metropolitana o la organización, la peregrinación política convocada bajo el escudo de San Cayetano sumó, en el spring final, un respaldo diverso: desde el ex cortesano Eugenio Zaffaroni al PJ que preside José Luis Gioja, del legislador papal Gustavo Vera a gremialistas como Sergio Pallazo de La Bancaria, los ceteístas Hugo Yasky y Pablo Micheli, o dirigentes como Jorge Taiana, Jorge “Huevo” Ceballos y Emilio Pérsico.

La referencia al Corpus Christi -aquella movilización regionaliza del 55 contra Juan Domingo Perón, semanas antes del golpe que lo derrocó- es exagerada pero sintomática: la peregrinación se planeó con eslóganes sobre el trabajo, el pan y la vivienda, y coronó un episodio callejero y político que busca imponerle la agenda a Macri. Tuvo, en esa linea, el indisimulable respaldo del papa Francisco que puso a varios de sus escuderos criollos a patrocinar y organizar la movilización: de Vera, un vocero oficioso, a Juan Grabois de la CTEP y Carlos Accaputto, de la Pastoral Social, sacerdote que tiene explicitas curiosidades y destrezas políticas, como pocos y acumula una larguísima estadía junto al Sumo Pontífice.

La venia papal fue, sobre el final, la puerta de entrada para múltiples adhesiones y una paradoja: la presencia de gremios a pesar de que la movilización fue armada por grupos piqueteros y que agrupan a cooperativistas. Las palabras de Mario Poli, sucesor de Bergoglio, y las que el propio papa mencionó en las horas previas, validaron la entidad de la demanda.

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En ese contexto, con una maratón callejera desde el oeste del conurbano a Casa Rosada, los oradores, con todos más o menos belicosos, definieron el menú: que el Gobierno declare “la emergencia social” y convoque a un “comité de crisis” para que disponga medidas. “Nosotros movimos ayer, el próximo movimiento lo tiene que hacer el gobierno” le dijo a este diario Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie (BdP) que junto a Amancay Arduna, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Esteban “Gringo” Castro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) se turnaron en el escenario para hablarle a la plaza.

Ese trío fue el factor visible que, de orígenes y formatos políticos diversos, estrenó un formato para desafiar a la Casa Rosada. En rigor, empezaron a proyectar la posibilidad de una “marcha federal” antes de fin de año, una megamovilización que se multiplique a nivel nacional. Otro guiño al pasado: la CTA de Víctor De Gennaro hizo en 1994. La CTA de Yasky empezará su marcha en unos días pero los concentrados ayer en Plaza de Mayo evalúan su propia movida con fecha todavía a definir y supeditada a que el gobierno no reaccione “ante la crisis social”, según Menéndez.

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Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril

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El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.  

Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.

El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal. 

Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.

 

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La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.

Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.

De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.

En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial

Impacto en Misiones

Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.

Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.  

Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes

 

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Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral

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La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.

La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.

Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.

La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.

Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.

Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26

El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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