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Jueces y redes sociales, el mecanismo para instalar tendencia

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La decisión del juez Claudio Bonadío de procesar y pedir el desafuero para poder encarcelar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como la detención de ex funcionarios, activó una estrategia de blindaje mediático para rescatar al Gobierno Nacional del pozo de críticas y cuestionamientos más duros desde su asunción, y colocar en agenda nuevos temas.

El magistrado consideró que tanto la ex mandataria, como sus antiguos colaboradores: el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; el ex canciller, Héctor Timermann, además de los dirigentes Luís D‘Elía y Fernando Esteche; y Jorge Khalil de la comunidad islámica, actuaron como encubridores en la investigación del atentado a la AMIA.

Fue en momentos en que la administración del presidente Mauricio Macri empezaba a quedar sin oxígeno ante una oleada de observaciones y cuestionamientos de la oposición, pero también desde adentro de la alianza oficialista, por una serie de iniciativas de fuerte impacto social.

RESPUESTA. Cristina Kirchner dio una conferencia de prensa y advirtió sobre el manejo orquestado de la información en las redes sociales.

La desaparición del submarino ARA-San Juan; el lanzamiento de una reforma previsional; el tratamiento de un acuerdo fiscal con las provincias que incluye la reformulación de la distribución de fondos, se habían transformado en los principales dolores de cabeza de la administración Macri, y concentraban, además, la tendencia entre los temas más tratados en las redes sociales.

A ello se sumó la proyectada reforma laboral que crispó los ánimos en las organizaciones sindicales que no tardaron en responder, aunque tibiamente, mientras desde el Gobierno preparaban el contraataque con la disolución de unos 200 gremios a los que considera innecesarios.

El cóctel descrito había dejado en un tercerísimo plano la pelea con los archienemigos kirchneristas y en forma peligrosa comenzaron a gestarse las primeras reacciones internas, como las de Lilita Carrió, una socia aún difícil de domar en las filas de Cambiemos.

Se imponía entonces la necesidad de una reacción rápida y efectiva, como las que acostumbra a poner en marcha el oficialismo mediante la explotación de su maquinaria comunicacional, “trolles” incluidos, a fin de revertir el cuadro de situación desfavorable de la opinión pública, cuyo humor interesa y mucho.

GIRO DE LA TENDENCIA. Así se dio el cambio de escenario en Twitter.

En ese contexto no resultaría aventurado encontrar vinculaciones entre el fallo del juez y las necesidades del gobierno, como se advirtió desde la oposición y no fueron negadas desde el oficialismo, aunque las conjeturas resultaron infinitas y seguirán, seguramente.

Hasta hubo versiones que echaron a rodar los mismos operadores del macrismo, que se esforzaron por encuadrar el fallo de Bonadío en una puja interna del peronismo, aludiendo a las simpatías políticas del juez por los ideales que alentó Juan Domingo Perón. Inverosímil, pero se dijo.

A las pocas horas de la puesta en marcha de los operativos policiales que derivaron en las detenciones de Zannini en el sur del país; de Timermann en su casa; de Esteche, D‘Elía y Khalil, variadas especulaciones ganaron los espacios en los medios nacionales, ninguna a favor de los aprehendidos.

Fue a cuentagotas: primero el ex secretario Legal y Técnico; después D ‘Elía, Esteche y Khalil; siguió Timermann, hasta que finalmente se supo que la ex presidenta Fernández de Kirchner también estaba incluida en la medida, pero antes correspondía su desafuero del Senado.

EL JUEZ. Claudio Bonadio, pidió el desafuero de Cristina Kirchner y comenzó el trámite para su jubilación.

La dosificación de los procedimientos abonó las sospechas sobre la existencia de aquélla convivencia, pero ante el temor de que se registraran desbordes de imprevisibles consecuencias, empezaron a llegar los bálsamos: Cristina no será desaforada como pretende Bonadío, porque ello no está en el ánimo de los senadores peronistas y sólo lo quiere el Gobierno.

Al final, se reflotó el interrogante acerca del proceso judicial debido en cuestiones reservadas a la política, por un lado, y estrechamente vinculadas con la revalorización de los derechos humanos, como la libertad de las personas, en un rango equivalente a la preservación de la vida. El sentido común debería imponerse.

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Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril

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bono fuerzas federales

El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.  

Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.

El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal. 

Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.

 

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La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.

Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.

De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.

En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial

Impacto en Misiones

Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.

Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.  

Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes

 

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Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral

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reforma laboral cautelar

La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.

La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.

Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.

La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.

Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.

Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26

El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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