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Wanda y un agrocamping para afrontar la problemática de las adicciones

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Wanda y un agrocamping para afrontar la problemática de las adicciones

Con un proyecto integral que combina tareas productivas y comunitarias, y un esquema organizativo basado en acuerdos, la Asociación Civil para el Desarrollo Misionero contiene y acompaña a jóvenes en proceso de recuperación por consumo problemático en un agrocamping de la localidad de Wanda.

“Hoy tenemos más de 25 personas en rehabilitación en el agrocamping, pero no contamos con habilitación”, comentó Samuel Doichele, coordinador de la asociación, en diálogo con La Voz de Misiones.

Doichele contó que, actualmente, en el predio ubicado sobre la ruta provincial 19 solo reciben “hombres mayores de 18 años”, y señaló que tras la difusión del proyecto integral en redes sociales, la demanda por la problemática creció: “Tenemos más de 700 solicitudes, entre ellas mujeres y menores de edad, que no podemos recibir porque no somos un centro de rehabilitación”.

Según explicó a LVM, el proyecto se enmarca en una iniciativa más amplia que busca abordar múltiples problemáticas que afectan a la zona norte de Misiones. “Para el funcionamiento del agrocamping participan fundaciones, empresas y cooperativas, que apuntan a dar respuesta a cuestiones como el éxodo rural, la producción de alimentos, el acceso al trabajo, la salud, la disciplina y, la que tomó mayor relevancia, sacar a los jóvenes de las adicciones”, precisó.

Sin embargo, el coordinador destacó que, dado que el 90% de las consultas están vinculadas a consumos problemáticos, “decidimos priorizar esa línea dentro del espacio”.

“Nada es gratis”

Consultado por LVM sobre la organización y el método de trabajo en el agrocamping frente a la problemática del consumo, Doichele sostuvo que se trata de una asociación sin fines de lucro: “Los chicos vienen, se integran y empiezan a trabajar, a construir un espacio recreativo, educativo y productivo con materiales reciclados”. Además, comentó que los jóvenes desarrollan actividades como carpintería; producción de alimentos; huertas; viveros y piscicultura.

Asimismo, el coordinador de la asociación precisó que es un sistema de internación que contempla reglas acordadas con las personas que ingresan en estado de vulnerabilidad. “Cada lunes nos reunimos, como lo hace una asociación, y hablamos de los temas importantes para la convivencia y el avance en sus recuperaciones”.

Entre los acuerdos, se incluyen prohibición de salida y consumo: “No pueden salir. Si salen, es por un beneficio. No le damos ordenes, no los castigamos. Cada lunes nos reunimos, como una asociación, y hablamos de los temas importantes, como que nadie puede salir sin permiso, nadie puede tomar alcohol, nadie tal cosa, y cuando cumplen los acuerdos, tienen beneficios”, relató Doichele a este medio.

También explicó que la organización lleva un registro del trabajo realizado por las personas que llegan al agrocamping en busca de contención por el consumo. “No cobramos la internación, pero hablamos de que nada es gratis: acá tienen que trabajar para pagar su estadía”, indicó el coordinador.

En ese sentido, detalló que ese registro permite que “el día que un profesional certifique que están rehabilitados, se hace un balance: trabajó tanto, tuvo tal rendimiento, generó tanto capital (…) y el remanente sería su capital. Ese es nuestro objetivo, que cuando se recuperen tengan un respaldo para poder emprender un negocio fuera del camping”.

Además, enfatizó que “la mayoría” de las personas que ingresan por el consumo “tienen hijos o padres mayores, entonces lo que se hace es transferir dinero del trabajo que realizan. En el reglamento está prohibido que reciban efectivo, porque es una razón para que se vayan, pero si deciden comprar ropa, se compra; si enviamos la cuota a los hijos, se registra. Es todo administrado por la asociación. Ellos hacen sus números, toman decisiones y planifican para producir y vender”.

Abordaje de la salud

En relación con el abordaje de la salud, el coordinador señaló que cuentan con acompañamiento profesional externo. “Tenemos psicólogo, psiquiatra, doctor, pero nos ayudan bajo sombra, de forma voluntaria”, afirmó, y agregó que las consultas se realizan de manera puntual o virtual.

Además, destacó que el hospital público de Wanda “es la única institución pública que colabora un montón, porque uno de los requisitos que tenemos es que los chicos antes de ingresar al agrocamping, se hagan chequeos médicos, para saber si tienen alergias, enfermedades de transmisión sexual, u otras patologías”.

Sobre el contexto local, Doichele describió un escenario que calificó como crítico. “Es un caso de emergencia”, afirmó en relación al consumo problemático en Wanda. En ese sentido, sostuvo que “hoy hay mucha gente en la calle” y que, según sus registros, “le están ofreciendo -drogas- a niños de 7 u 8 años”.

Ante ese panorama, el coordinador expuso que acudió a los Concejos Deliberantes de Wanda y Puerto Iguazú “para que empiecen a involucrarse” y “se declare la emergencia por consumo problemático” en ambos municipios.

El proyecto avanza en Wanda

Durante la sesión ordinaria del último martes, los ediles de la localidad de Wanda trataron el proyecto de Doichele, presentado por la concejal Silvia Lutz, ex radical que recientemente se pasó al partido La Libertad Avanza (LLA).

En términos generales, la iniciativa busca que el gobierno municipal y provincial apoyen a la asociación con “permisos” y “habilitaciones”, con el objetivo de continuar con el abordaje de la problemática con acompañamiento institucional.

El proyecto contó con el acompañamiento de la mayoría de los concejales, aunque aún no fue aprobado, ya que se solicitó que se “presente” una propuesta formal con los “requisitos técnicos y profesionales” para avanzar en la habilitación del agrocamping como un centro de rehabilitación.

“La declaración de emergencia en materia de consumos problemáticos permitirá: Reconocer formalmente la gravedad de la situación local; habilitar mecanismos administrativos ágiles para la asignación de recursos; disponer el acompañamiento de equipos interdisciplinarios dependientes del municipio o de la provincia; establecer convenios con instituciones especializadas; brindar asesoramiento y cobertura legal al dispositivo comunitario existente; y diseñar políticas públicas sostenidas de prevención, tratamiento e inclusión social”, sostiene el proyecto presentado por Lutz, que continuará su debate en la próxima sesión ordinaria.

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Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio

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La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico. 

Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.

También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio. 

Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita. 

Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.

El caso

La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos. 

Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha. 

La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.

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Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus

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El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.

Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.

“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.

Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.

Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.

El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.

En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.

Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.

Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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