Una nueva campaña binacional de monitoreo del yaguareté se puso en marcha en la región del Corredor Verde, que abarca más de 500 mil hectáreas de áreas protegidas y se extiende entre Misiones y el sur de Brasil.

La organización Proyecto Yaguareté, que lleva adelante este tipo de estudios desde hace más de dos decádas, informó que el operativo busca actualizar la información sobre la presencia de la especie en uno de los últimos grandes núcleos del Bosque Atlántico.

En esta oportunidad, el despliegue incluye una red de más de 250 cámaras trampa ubicadas en puntos estratégicos de la selva, con el fin de registrar el paso de los ejemplares y relevar su distribución.

“El monitoreo se realiza desde 2003 y es uno de los más largos del mundo”, señalaron desde  Proyecto Yaguareté al dar a conocer la iniciativa. En ese sentido, recordaron que en el último censo, realizado en 2024, se estimó que la población en todo el corredor se ubica entre 64 y 110 ejemplares.

El último relevamiento también dejó “una imagen clara”, afirmó la organización, y explicó que la población de yaguaretés en el Corredor Verde presentó un crecimiento consistente entre 2005 y 2008, manteniéndose estable en los últimos años. “El desafío de 2026 es garantizar que esa estabilidad continúe”, expusieron.

Además, indicaron que, por primera vez, el relevamiento se extenderá durante todo un año, lo que permitirá “entender mejor la dinámica de esta población”.

De acuerdo a lo que precisó la ONG, el trabajo se desarrolla de manera coordinada con el equipo brasileño del Proyecto Onças do Iguaçu, lo que permite abarcar un territorio continuo que trasciende las fronteras políticas y resulta clave para la supervivencia de la especie.

“Seguir monitoreando esta población es fundamental para asegurar que el yaguareté siga existiendo y resistiendo en el corazón del Bosque Atlántico”, remarcó la ONG a través de sus redes sociales.

En Argentina, el yaguareté cuenta con protección legal como Monumento Natural Nacional desde 2001. Sin embargo, continúa catalogado en peligro crítico de extinción, con amenazas vinculadas principalmente a la pérdida de selva, la caza ilegal y la reducción de presas, lo que mantiene en alerta a organizaciones y equipos técnicos que trabajan en su conservación.

 

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El Ministerio de Ecología informó el fallecimiento de Elecha, una hembra de yaguareté monitoreada en la zona de Puerto Esperanza, cuyo seguimiento formaba parte de las tareas de conservación de la especie en la selva misionera.

Según informaron desde la cartera, el alerta se activó a partir de la señal emitida por el collar satelital que el ejemplar portaba desde el año pasado, lo que permitió una rápida intervención conjunta de técnicos del Proyecto Yaguareté y guardaparques provinciales.

Tras el hallazgo, se realizaron pericias y una necropsia en Güirá Oga, donde se determinó que la causa de muerte fue una infección generalizada derivada de heridas compatibles con el ataque de otro felino, ante lo cual quedó descartada la intervención humana en el fallecimiento del animal.

Desde el equipo técnico precisaron que Elecha fue registrada por primera vez en 2014 y tenía al menos 16 años, una edad considerada avanzada para la especie, y que durante más de una década fue uno de los ejemplares monitoreados dentro del corredor verde misionero, aportando información clave para las estrategias de conservación del yaguareté en la provincia.

A lo largo de su vida Elecha tuvo varias camadas, entre ellas Ararokái, su descendencia más directa, quien continuará su legado en la selva misionera.

 

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El Juzgado Federal de Posadas hizo lugar a una medida cautelar de no innovar en el marco de una acción de amparo ambiental y ordenó suspender las obras de refulado de arena en la Isla del Medio, en el río Paraná.

La resolución se dictó en la causa iniciada por la Asociación Civil Orembaé, a través de su apoderado legal Martín Ferroni, que tenía como objetivo frenar las trabajos de relleno, movimientos de suelos y disposición de materiales no autorizados, como la utilización de neumáticos en desuso, que amenazan el ecosistema del Río Paraná.

En la demanda, la ONG planteó que las intervenciones se realizan sin contar con estudios de impacto en el ambiente ni la correspondiente  Declaración de Impacto Ambiental (DIA), requisitos exigidos por la legislación vigente.

En tanto, el fallo señala que existen elementos que acreditan, de manera preliminar, la ejecución de obras en la isla sin los procedimientos ambientales obligatorios, lo que “constituye” una situación de “ilegalidad manifiesta”.

Además, el juzgado evaluó la existencia de riesgo de daño ambiental y la posibilidad de que los efectos sean de difícil o imposible reversión, por lo que consideró cumplidos los requisitos para dictar la medida cautelar de No Innovar solicitada por Orembaé.

La resolución dispone mantener el estado actual de la Isla del Medio hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión y ordena a la Prefectura Naval Argentina (PNA) a realizar tareas de control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la medida.

Asimismo, la decisión alcanza a la Asociación de Protectores de la Isla del Medio (Apim) y a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a quienes son atribuidas las obras cuestionadas y que deberán ser notificadas formalmente.

La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas.

“Esta resolución representa un resguardo fundamental al derecho de participación ciudadana frente a la arbitrariedad de las vías de hecho”, sostuvo el abogado Martín Ferroni, en un comunicado de la ONG tras conocerse el fallo judicial.

Y añadió: “El juzgado ha sido categórico: no se puede excluir a la comunidad de la gestión de un ecosistema que nos pertenece a todos, como el Río Paraná, ni avanzar con obras que eluden las instancias obligatorias de audiencia pública y fiscalización social”.

Sobre la irreversibilidad de las trabajos que se realizan en la Isla del Medio, Ferroni apuntó: “Cada día de obra consolidaba un daño que sería técnica económicamente imposible de deshacer. El principio precautorio nos permite hoy actuar antes de que el perjuicio sea irreparable”.

También destacó quela resolución es un “acto de justicia ambiental que antepone la protección del patrimonio común a cualquier formalismo procesal”.

ONG acciona contra Ecología por posible daño ambiental en la Isla del Medio

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